Cada vez que el poder obtiene una herramienta de vigilancia, termina usándola más allá de su propósito original. Así ocurrió con las intervenciones telefónicas y con la geolocalización.
A lo largo de cincuenta años de litigio he visto pasar decretos de todo tipo: algunos útiles, otros francamente absurdos. La reforma que impone una CURP con fotografía y huellas obligatorias pertenece a esas absurdas. Nos dicen que con este plástico prevendrán fraudes, que localizarán a los desaparecidos y que frenarán el delito. En la realidad, lo único seguro es que el gobierno tendrá acceso inmediato, sin juez de por medio, a cuentas bancarias, historiales telefónicos, datos fiscales y patrimoniales. Si eso no es el asesinato al artículo 16 constitucional, no sé qué lo sea.
El argumento oficial es simple: “el que nada debe, nada teme”. Quien repite esa frase ignora la manera en que opera el poder cuando no encuentra límites, como sucede con Morena. Hoy basta la apertura de una carpeta de investigación por delitos fiscales para encerrar a alguien con prisión preventiva oficiosa; mañana bastará revisar su registro biométrico para bloquearle o asegurarle las cuentas y negarle el pasaporte. A eso lo llaman modernidad.
Los lamebotas del gobierno insisten en que habrá candados técnicos. ¿En serio? Padrones electorales, bases médicas y expedientes judiciales han sido exhibidos en la red como mercancía barata. Si ni los hospitales están a salvo de los ataques informáticos, ¿qué garantiza que la nueva base con nuestros rostros y huellas permanezca intacta?
Luego, dicen que la medida servirá para “agilizar trámites”. En México el problema nunca ha sido la falta de identidad, sino la falta de Estado de derecho. Millones tienen INE, acta, constancia de domicilio y aun así chocan con ventanillas cerradas. Lo que estamos viendo es nada más y nada menos que el control total en manos de una sola administración.
No es casual que esta imposición llegue después de la reforma que sometió al Poder Judicial. Cuando el contrapeso se debilita, el gobierno extiende sus alcances. Quienes aún confían en la Suprema Corte de Justicia de la Nación olvidan que ahora la mayoría de los ministros deben su nombramiento al partido que impulsa la CURP biométrica. Esperar que vuelvan a declarar inconstitucional un padrón, como hicieron con el telefónico en 2022, es un acto de fe, no de derecho.
Se escucha por ahí que “la presión de los gringos” detendrá la locura. No contemos con el vecino del norte. Washington defiende sus intereses, no nuestras garantías. Si un día a ellos les conviene, apretarán, como ya lo han hecho; si no, guardarán silencio. Mientras, la maquinaria de datos seguirá creciendo.
El daño también será político. Con la base en operación se podrán fabricar expedientes a gusto del gobernante: un depósito “sospechoso” por aquí, un cruce de llamadas por allá, y la oposición queda fuera. Quien crea que exagero debe recordar todos los casos recientes en los que el gobierno morenista utilizó aquella estrategia: “Di una mentira mil veces y se convertirá en verdad”. Con la CURP biométrica todo será más fácil, más rápido y, sobre todo, más discrecional.
No me opongo a la tecnología; me opongo a las pseudoinnovaciones que destruyen los derechos humanos. Si el Estado exige nuestros datos más sensibles, debe ofrecer controles equivalentes: autorización judicial previa, auditorías externas, responsabilidades penales para quien abuse, reparación para las víctimas de filtraciones. Nada de eso aparece en la ley, y mucho menos en la realidad.
Concluyo con una advertencia: cada vez que el poder obtiene una herramienta de vigilancia, termina usándola más allá de su propósito original. Así ocurrió con las intervenciones telefónicas y con la geolocalización. Ahora pretenden dar el paso definitivo: unificar identidad física, financiera y digital bajo un solo número. El que no lo vea, peor para él. Cuando el control se vuelva del diario, la protesta llegará tarde.
Fuente: El Financiero
