La diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, está señalada en documentos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por presuntos vínculos con la fracción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.
El caso de la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, quien está señalada en documentos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en particular de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), por presuntos vínculos con la fracción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa. Se trata de otro caso más que ratifica la aseveración de que el crimen organizado ha permeado en las estructuras del poder político de nuestro país.
La también exalcaldesa de Playas de Rosarito, BC, formaba parte de la “red de Rosarito”, que de acuerdo a la OFAC, se trata de un entramado político y empresarial que servía como brazo de protección y financiamiento para la organización criminal.
Las autoridades estadounidenses señalan que Brown facilitó la penetración del cártel en estructuras políticas locales. Esta red, vinculada a negocios de bares, restaurantes y bienes raíces en Rosarito, presuntamente era utilizada para lavar dinero y proteger cargamentos de droga hacia Estados Unidos.
La sanción impuesta por la OFAC a la legisladora federal de Morena implica que todos sus activos bajo jurisdicción estadounidense quedan congelados y que ciudadanos y compañías de Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones con ella. Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias de Hilda Araceli Brown Figueredo.
La infiltración de los delincuentes a la nómina del ayuntamiento de Rosarito permitía extorsionar a los empresarios y, en general, a la población que estaba sometida bajo dos fuegos: la de los criminales y la represión gubernamental municipal, para exprimirlos en sus recursos económicos.
El retiro del visado norteamericano a la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a su esposo, Carlos Torres, hace cuatro meses, marca esa tendencia inercial de la connivencia de las autoridades estatales y municipales con los malosos; además, ratificó la idea que tiene el gobierno de Estados Unidos de que en México gobiernan los cárteles de la droga, tal como lo ha aseverado el mismo presidente Donald Trump.
El escándalo del huachicoleo fiscal y el caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública en tiempos de Adán Augusto López, son parte de todo el entramado criminal nacional que se enquistó en parte de los tres niveles de gobierno en el sexenio de López Obrador y que prendió las alertas en la Casa Blanca por tratarse de una amenaza a su seguridad interior.
Como se aprecia, estamos ante un monstruo de mil cabezas que se ha ido destapando conforme el gobierno norteamericano abre la caja de Pandora sobre los narcoterroristas y políticos mexicanos y su impacto en la Unión Americana.
Desde luego, hay que darle cierto mérito al gobierno de la presidenta Sheinbaum en esta cruzada contra la delincuencia; sin embargo, si no presionara en el nivel que lo está haciendo su contraparte gringa, pues las cosas seguirían como estaban en la anterior administración.
Es necesario que la jefa del Poder Ejecutivo mande al Congreso de la Unión diversas iniciativas de reforma para generar todo un esquema jurídico para evitar que los servidores públicos se inmiscuyan en actividades criminales. No bastan las sanciones que se contemplan en los códigos penales, ni las declaraciones patrimoniales y menos las instituciones que los vigilan como la propia FGR o la UIF. Se requieren nuevos esquemas punitivos que blinden a todo el aparato político para impedir que sean infiltrados por los cárteles de la droga.
El caso de la diputada federal morenista Hilda Brown no es el único y pronto sabremos de otros diputados y senadores del oficialismo que están en franca connivencia con los criminales. Vamos, en este momento ya resulta emblemático el caso del líder de los senadores de Morena, Adán Augusto López, por su estrecha relación con el exlíder del cártel de La Barredora, Hernán Bermúdez, y con el tema del huachicol fiscal.
Ante tantos casos de corrupción del sexenio pasado que han salido a la luz, es inconcebible que Andrés Manuel López Obrador no conociera las trapacerías de algunos de sus colaboradores, como el almirante secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, y sus sobrinos. Además, las correrías de sus vástagos aparecen en el expediente que obra en poder de la Fiscalía General de la República (FGR) en torno al huachicoleo.
En las mañaneras se aprecia que diario la presidenta Claudia Sheinbaum intenta encubrir y cambiar la narrativa de que hay varios pájaros de cuenta en las filas de los servidores públicos involucrados en actividades criminales; sin embargo, no es posible tapar el sol con un dedo.
Fuente: EF
