El Congreso de Campeche avaló una reforma a la Ley Estatal de Expropiación, que permite ocupar predios por “utilidad pública” .
El Congreso de Campeche, dominado por una mayoría morenista, avaló la llamada “Ley Alito”, que modifica la Ley Estatal de Expropiación y Limitaciones al Derecho de Propiedad.
La iniciativa fue discutida y aprobada en fast track, sin un debate amplio ni consulta con sectores sociales.
La normativa otorga a las autoridades la capacidad de ocupar de inmediato terrenos privados cuando sean declarados de utilidad pública.
Reducción drástica de plazos legales
Uno de los cambios más cuestionados es la reducción de los tiempos de defensa.
Los ciudadanos ahora solo cuentan con cinco días hábiles para impugnar una expropiación, cuando la ley federal establece al menos 15 días.
Organizaciones civiles y abogados alertan que este acortamiento debilita la seguridad jurídica, ya que limita la capacidad de los propietarios para defender su patrimonio ante tribunales.
Alcances y usos de la ley
Con la nueva legislación, el gobierno estatal podrá utilizar los terrenos expropiados para polos de desarrollo, centros turísticos o proyectos estratégicos.
Aunque el discurso oficial señala que el objetivo es fomentar inversión y empleo, críticos aseguran que el alcance de la ley es demasiado amplio y puede dar pie a abusos de poder.
Reacciones y confrontación política
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, acusó que la medida tiene un trasfondo de represalia política y que el verdadero propósito es intimidar a opositores.
Legisladores locales de la oposición coincidieron en que la reforma no solo pone en riesgo el derecho de propiedad, sino que también abre la puerta a un uso discrecional del suelo en beneficio de intereses políticos o empresariales.
La delgada línea entre desarrollo y abuso
- La ley otorga al Estado un poder mayor para definir qué es utilidad pública, sin mecanismos de contrapeso claros.
- Los ciudadanos quedan en una posición vulnerable frente a decisiones unilaterales de la autoridad.
- Expertos en derecho advierten que, más allá de la infraestructura o turismo, la norma puede convertirse en un instrumento para concentrar poder territorial.
Fuente: SIPSE
