La Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica (SFP) inform\u00f3 este lunes a trav\u00e9s de un comunicado que fue confirmada la inhabilitaci\u00f3n por 10 a\u00f1os y una multa de 158 millones 662 mil pesos impuesta a Francisco Javier B\u00e1ez \u00c1lvarez, exdirector General de Programaci\u00f3n y Presupuestaci\u00f3n de la Secretar\u00eda de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el sexenio pasado bajo las \u00f3rdenes de la entonces titular Rosario Robles, y presunto involucrado en el caso de la llamada \u201cEstafa Maestra\u201d.<\/p>\n\n\n\n
A continuaci\u00f3n, el comunicado:<\/p>\n\n\n\n
La Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica (SFP) informa que fue confirmada la sanci\u00f3n de inhabilitaci\u00f3n por 10 a\u00f1os y multa de 158 millones 662 mil pesos impuesta a una persona ex servidora p\u00fablica de la Secretar\u00eda de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que, al incurrir en irregularidades administrativas, ocasion\u00f3 un da\u00f1o patrimonial por esa cantidad.<\/p>\n\n\n\n
A partir de los trabajos del \u00d3rgano Interno de Control (OIC) en la Sedatu para defender la legalidad de la resoluci\u00f3n, la sanci\u00f3n fue confirmada cuando un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa emiti\u00f3 una ejecutoria y sobresey\u00f3 el juicio de amparo que la persona ex servidora p\u00fablica hab\u00eda interpuesto. Previamente, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) tambi\u00e9n resolvi\u00f3 confirmar la inhabilitaci\u00f3n y la multa, al resolver la demanda de nulidad solicitada.<\/p>\n\n\n\n
El OIC en la Sedatu inici\u00f3 la investigaci\u00f3n como resultado de una observaci\u00f3n del \u00f3rgano auditor superior; sin embargo, durante las indagatorias se hallaron diversas irregularidades, por las cuales determin\u00f3 imponer la sanci\u00f3n en 2018, tras acreditar que la persona omiti\u00f3 en 2015 cumplir con sus responsabilidades como encargada de la entonces Direcci\u00f3n General de Programaci\u00f3n y Presupuestaci\u00f3n de esa dependencia, al no dar de baja su usuario en un sistema de adecuaciones presupuestales, originando el uso indebido del mismo.<\/p>\n\n\n\n
La omisi\u00f3n de la persona servidora p\u00fablica permiti\u00f3 que indebidamente se solicitara una ampliaci\u00f3n de recursos por m\u00e1s de 158 millones de pesos (mdp) supuestamente para otorgar subsidios adicionales y atender de manera inmediata a los beneficiarios del Programa de Vivienda Rural que maneja el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo); no obstante, dicha ampliaci\u00f3n fue ilegal y se omiti\u00f3 acreditar su uso y destino.<\/p>\n\n\n\n
Tales conductas constituyen faltas administrativas seg\u00fan lo establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores P\u00fablicos y el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.<\/p>\n\n\n\n
Conforme a sus atribuciones, la SFP vigila y fiscaliza el funcionamiento y desempe\u00f1o de las entidades y dependencias de la Administraci\u00f3n P\u00fablica Federal (APF) y el personal que la conforman, e impulsa los valores que orientan la actuaci\u00f3n en el servicio p\u00fablico y constituyen los pilares de la \u00e9tica p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n
Con este tipo de acciones de defensa de la legalidad, la SFP busca inhibir las conductas que pudieran representar riesgos de corrupci\u00f3n, combatir la impunidad, resarcir el da\u00f1o patrimonial ocasionado al erario y prevenir un mal ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n
En este caso, el OIC en Sedatu ya notific\u00f3 de la resoluci\u00f3n al Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT), para la ejecuci\u00f3n del cr\u00e9dito fiscal. La SFP, en cumplimiento al debido proceso, es respetuosa de los mecanismos de defensa a que tienen derecho todas las personas.<\/p>\n\n\n\n