De acuerdo con el informe Percepciones de Impunidad 2025, elaborado por la organización independiente Impunidad Cero, más del 90 por ciento de los delitos cometidos entre 2012 y 2024 permanecen sin denuncia o sin investigación, lo que refleja un problema estructural que atraviesa todo el aparato judicial del país.
Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- Desde 2012 hasta 2024, en los más recientes 13 años, el porcentaje de delitos que no son denunciados o que no son investigados, y que, por lo tanto, quedan impunes, se ha mantenido en México por encima del 90 por ciento. La impunidad sigue siendo un problema estructural de la justicia en nuestro país, concluye el informe Percepciones de Impunidad 2025, elaborado por la organización Impunidad Cero, una organización independiente que analiza la actuación de las instituciones de justicia en México.
Advierte el informe de Impunidad Cero que desde 2021 hasta 2024, de manera consistente son más las personas que consideran que la impunidad se ha mantenido o aumentado, que quienes perciben una disminución. En 2024, el 43 por ciento de las personas afirmó que el nivel de impunidad se ha mantenido, el 40 por ciento respondió que va en aumento y sólo el 14 por ciento opinó que ha disminuido. Aunque existen ligeras variaciones temporales, la percepción de la impunidad como un problema persistente o creciente sigue siendo la visión predominante entre la ciudadanía mexicana.
“En Impunidad Cero creemos que la Policía y los ministerios públicos constituyen el principal punto de contacto entre la ciudadanía y el sistema de justicia, de ahí que los esfuerzos deban focalizarse en estas instituciones”, señala el informe divulgado en días recientes, en el que se aclara que se apoya en la encuesta Ómnibus Nacional Académico, realizada por la consultora Data Opinión Pública y Mercados. Se llevaron a cabo mil 424 entrevistas a personas de 18 años y más, entre el 8 de noviembre y el 8 de diciembre de 2024, en hogares, cara a cara. El margen de error de ±2.7 y nivel de confianza estadística del 95 por ciento.
Todo con cárcel
La postura punitivista -de castigo obligado- sigue dominando la opinión pública. La gran mayoría de las personas entrevistadas para el informe de Impunidad Cero está parcial o totalmente de acuerdo con que todos los delitos deben ser sancionados con cárcel, pues la cifra se mantiene cerca del 80 por ciento.
Tan sólo en 2024 el 52 por ciento de las personas encuestadas consideró que estaba de acuerdo con esta idea, en tanto que el 25 por ciento expresó estar totalmente de acuerdo. Sin embargo, esta posición de la sociedad se ha ido moderando pues en 2022 el 61 por ciento de la gente encuestada señaló que estaba totalmente de acuerdo con que todos los delitos deberían ser sancionados con cárcel.
Reflexiona la organización Impunidad Cero en que, a pesar de que la mayoría de las personas encuestadas está de acuerdo con que la prisión es sinónimo de justicia, centrar las respuestas en el encarcelamiento, sin fortalecer las capacidades de investigación, el debido proceso ni la reparación a las víctimas, puede derivar en castigos desproporcionados y en la perpetuación de problemas estructurales, como profundizar las desigualdades sociales, sobresaturar el sistema penitenciario y aumentar las violaciones a derechos humanos.
De manera similar, la mayoría de las personas entrevistadas está total o parcialmente de acuerdo con que “todas las personas acusadas de cometer un delito deben de permanecer en prisión en lo que se averigua si cometieron el delito por el que se les acusa”. En promedio, más del 70 por ciento de las personas comulgan con la idea de que deba aplicarse la prisión preventiva.
El 58 por ciento de las personas consideró que estaba totalmente en desacuerdo con la idea de que “es mejor tener a un inocente en prisión que a un culpable en la calle”. Sin embargo, hubo un 44 por ciento que se mostró de acuerdo en que hubiese en la cárcel personas sin sentencia.
El estudio de Impunidad Cero muestra un resultado alentador, pues en 2024 más de la mitad de las personas encuestadas respondió estar “de acuerdo” y 22 por ciento “totalmente de acuerdo” en otorgar medidas de reparación del daño a las víctimas. Estos datos refuerzan la relevancia que tiene para la sociedad el apostar por los mecanismos de reparación del daño en nuestro sistema de justicia penal.
Sin embargo, no se han podido desterrar por completo los estigmas y estereotipos. A pesar de la aprobación de las medidas de reparación del daño, la mayoría de las personas encuestadas expresaron estar de acuerdo con la idea de que quienes salen de prisión no pueden cambiar.
Advierte Impunidad Cero que estos resultados reflejan una desconfianza hacia la posibilidad de reinserción social de quienes han pasado por el sistema penitenciario, evidenciando una vez más una visión punitivista -de castigo- profundamente arraigada, en la que la reinserción social es poco aceptada por la ciudadanía. Esta percepción cobra particular relevancia en el contexto mexicano, donde la sobrepoblación penitenciaria, las condiciones precarias de reclusión y la limitada oferta de programas de capacitación laboral y educativa dificultan los procesos efectivos de reincorporación a la sociedad.
Otra expresión clara del punitivismo se refleja en la percepción que tienen las personas sobre las decisiones de los tribunales locales. En 2024, el 66 por ciento de las personas encuestadas consideraron que las sentencias dictadas a los delincuentes son “demasiado ligeras”, mientras que sólo 17 por ciento afirmó que son “suficientemente severas”.
Proceso de denuncia
En el informe Percepción de Impunidad 2025, elaborado por la organización Impunidad Cero, más de la mitad de las personas encuestadas reconoce que son las mismas autoridades las que disuaden al ciudadano de no presentar denuncia cuando es víctima de algún delito. En tanto que el 40 por ciento de las personas estima que el proceso para presentar una denuncia es complicado.
También es generalizada la percepción de los ciudadanos de que es muy alta la corrupción de los agentes del Ministerio Público y de las policías, que con frecuencia extorsionan a las personas. Las estadísticas muestran que la gente percibe una continuidad de abusos que inicia desde el primer contacto con las autoridades y se mantiene durante la fase de investigación del delito. Esta experiencia acumulada de corrupción institucional debilita no sólo la confianza en las autoridades, sino también el propio incentivo para denunciar delitos, pues el sistema es visto no como un medio de acceso a la justicia, sino como una fuente de victimización adicional.
Por último, la aprobación ciudadana para la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles como estrategia de seguridad se mantiene consistentemente alta a lo largo del periodo 2022-2024. Sólo en 2024, casi 8 de cada 10 personas manifestaron algún grado de acuerdo con la presencia de las fuerzas armadas en apoyo de tareas de seguridad pública.
Fuente: sinembargo
