Fue un mal o pésimo antecedente político y evidenció que se podía mentir con impunidad legal. Al menos, como hemos avanzado en la conquista de derechos
Es muy temerario aspirar a la verdad, sobre todo en las cuestiones de orden público, cuando desde el poder político se ha mentido a veces con demasiado descaro. Recuerdo aquellas pomposas reuniones de la República, entre ellas la 5ª. en Guadalajara, cuando el entonces presidente López Portillo habló de “nuestro peso” refiriéndose a nuestra unidad monetaria y dijo “defenderé como un perro el peso”, sin medir sus palabras en la enjundia retórica y porque entonces no estaban tan exaltados los protectores caninos, si no, quién sabe cómo le hubiera ido. Pero lo cierto es que los números le advertían una simulada valoración del peso y la devaluación era inminente y además la consecuente crisis devaluatoria; pero mintió y al mes el dólar se fue al doble.
Fue un mal o pésimo antecedente político y evidenció que se podía mentir con impunidad legal. Al menos, como hemos avanzado en la conquista de derechos, fuimos logrando mayor calidad de información pública en diversas materias, sobre todo la que más interesa: la económica. Como ya las últimas generaciones crecieron sin sobresaltos devaluatorios parece que fuera intrascendente el tema pero la discusión y los comentarios de lo público en lo cotidiano, en reuniones familiares y en centros de convivencia, se habla del poder y sus efectos convencionales, o sea, de lo que nos conviene del poder, por ser como somos los mexicanos.
Pero algo es de considerar: ahora la información fluye veloz y ampliamente por la magnitud de los sistemas de comunicación, desde las redes sociales hasta la comunicación en programas de televisión y radio y, por supuesto, muy desplazados los periódicos. Así llega la información o la propaganda, pero no siempre es objetiva, o sea, verdadera y es deber del Estado, a través de las leyes e instituciones, garantizar ese derecho, el tan discutido derecho a la información.
En qué escenario nacional se da la posibilidad de regular con mayor eficacia el derecho a la información: en un ambiente en que el debate entre actores y partidos políticos se ha polarizado a tal grado que la geometría ideológica reciente ya no existe. Ahora son los que van contra la 4ª. T. y los que estamos en favor de la 4ª. T., se desdibujaron por completo el PRI, el PAN y el ambiguo rol ideológico de MC, ahora son todos contra la 4ª.T.
Hoy la materia cuestionada son los lineamientos del derecho de las audiencias y se advierte a panistas y priistas que cuestionan sin siquiera leer ninguno de los dos lineamientos publicados, uno el 5 de febrero del presente año por acatamiento a una sentencia de amparo, que obliga al gobierno a ensanchar con más proteccionismo a las audiencias, una Ley que fue publicada por Peña Nieto.
La nueva propuesta de lineamientos sometida a consulta del 24 de julio pasado al 11 de agosto próximo, es casi la misma, una normatividad que garantiza el derecho a una información conforme a las disposiciones del artículo 6 constitucional y, por supuesto, el derecho de réplica para lo que se debe institucionalizar un Código de Ética por concesionarios de radio o televisión abierta o restringida, un defensor de los derechos de las audiencias que conocerá las quejas de la audiencia que argumente información falsa o imprecisa, la evaluación en su caso por la Comisión Federal de Telecomunicaciones de la violación del derecho si así fuera, aunque el análisis jurídico será materia de otro artículo.
Con esta aproximación podemos concluir que los contenidos normativos del lineamiento son para garantizar un derecho que otorga la Constitución y del que el Poder Ejecutivo es el principal obligado y además su garante. Entonces no le advierto dónde está lo que la oposición prianista sostiene que es una Ley que no lo es por su rango, como las de Maduro dicen, cuando a ellos es a quienes principalmente los beneficia. Pero bueno, así es el complejo de búfalo de la oposición, todo lo atacan.
Fuente: Heraldo de México
