El banderazo de salida para el proceso electoral 2026-2027 está programado para el 10 de septiembre. En este escenario, los partidos políticos debían asumir como ineludible la responsabilidad de aplicar filtros rigurosos en la selección de los candidatos que competirán en los comicios de junio próximo, donde se renovarán la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y miles de cargos locales.
Blindarse contra la infiltración del crimen organizado ya no debía ser una opción, sino una obligación democrática prioritaria. Las fuerzas políticas deben garantizar que cada perfil en la boleta electoral cuente con una trayectoria limpia. “Vacunarse” contra la delincuencia debe ser un eje central en la designación de candidaturas, porque el acceso que criminales pudieran tener a cargos de elección popular representa una grave amenaza para la seguridad pública y para la seguridad nacional.
Este fenómeno no sólo pone en riesgo al Estado, sino que también fomenta el enquistamiento y la expansión de células delictivas en diversas regiones del país. El costo de la omisión es severo: la evidencia en muchas entidades demuestra que la infiltración del crimen organizado en las administraciones locales provoca un debilitamiento estructural con impacto directo en la seguridad nacional.
Al permitir que perfiles ligados a la delincuencia accedan a cargos de elección popular, también los partidos políticos han facilitado el arraigo y la expansión territorial de organizaciones criminales. Por ello, la fiscalización interna y el blindaje riguroso en la designación de candidaturas constituyen el filtro más urgente de la agenda política ante el proceso electoral en puerta.
La postulación de perfiles bajo sospecha, representa un peligro inmediato para la seguridad, además de corromper y pervertir los procesos democráticos. Y es que, históricamente personajes vinculados a grupos criminales y cobijados por diversas banderas partidistas han alcanzado gubernaturas a lo largo y ancho del país, alcaldías y puestos en el legislativo, una dinámica que aún representa un problema.
La capacidad de interferencia de la delincuencia para incrustar operadores en la función pública queda en evidencia con los hallazgos de estrategias como la Operación Enjambre, un despliegue coordinado por el Gobierno federal, mediante el Gabinete de Seguridad, a inicios del presente sexenio. Mediante este operativo, las autoridades federales han logrado detener y procesar a casi un centenar de funcionarios locales vinculados con grupos criminales, incluidos 20 alcaldes en funciones y exalcaldes.
Los alcaldes detenidos y procesados por sus nexos con la delincuencia organizada accedieron al poder cobijados por las diversas fuerzas partidistas del país, en entidades como Jalisco, el Estado de México, Puebla, Michoacán, Morelos, Chiapas, entre otras entidades, y eso también evidencia de la capacidad de las estructuras criminales para infiltrar las boletas electorales. Al amparo de diferentes siglas políticas, esos perfiles lograron registrarse y ser electos para encabezar sus respectivos municipios, en algunos casos incluso aún y cuando arrastraban un extenso historial delictivo.
En este sentido, los hallazgos de la Operación Enjambre también resultan una confirmación de que la cooptación de las instituciones gubernamentales y el servicio público –sobre todo a nivel local– es un fenómeno transversal que no distingue colores ni filiaciones ideológicas.
Ante este panorama, resulta patente la necesidad urgente de implementar filtros más estrictos en la selección de candidatos, y para ello los partidos políticos tendrían que consolidar una coordinación permanente entre los distintos niveles de Gobierno, sobre todo a partir de la reciente reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).
Y es que el primer filtro debe nacer dentro de los propios partidos, mediante una verificación efectiva de la integridad de sus planillas. Esto incluye cotejar la información de los aspirantes en coordinación con las autoridades de seguridad, inteligencia financiera y procuración de justicia.
Esta posibilidad cobró formalidad con la reciente reforma, aprobada a finales de mayo. Dicha modificación legislativa estableció un mecanismo mediante el cual los partidos políticos pueden enviar al INE sus listas de forma preventiva y confidencial, antes del registro de las candidaturas. El INE actuaría entonces como enlace de consulta ante instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y la Fiscalía General de la República (FGR), para analizar detalladamente los perfiles y determinar si existe riesgo de nexos ilícitos o antecedentes de corrupción.
Aunque esta revisión mantiene un carácter voluntario supeditado a la decisión de cada partido, el contexto y los antecedentes de criminales que han logrado colarse a las boletas electorales, vuelven imperioso que los partidos adopten ese filtro inicial de manera obligada y de forma permanente.
Al grave riesgo de que perfiles criminales se infiltren en las boletas electorales, se suma una amenaza complementaria, pero igualmente destructiva: el uso cada vez más recurrente de la tecnología, la inteligencia artificial y las granjas de bots para distorsionar la voluntad popular a través de las redes sociales, una tendencia también cada vez más creciente a nivel global.
Desde aquel escándalo de Cambridge Analytica en 2015 hasta las campañas recientes en países de la región, el Honduras gate o el caso Cerimedo en Bolivia, queda evidenciado que la manipulación de información digital ha crecido exponencialmente en procesos electorales, con el fin de influir mediante campañas sucias. Ya no se trata de casos aislados, sino de estrategias articuladas a nivel internacional.
Son estrategias que emplean ejércitos artificiales para propagar noticias falsas, inflar artificialmente la popularidad de ciertos políticos, atacar reiteradamente a opositores y diseminar discursos de odio.
El andamiaje e intereses de quienes operan ese tipo de redes, así como su alcance y nivel de corrupción, ha quedado expuesto a través de casos como el Honduras gate, o lo que se ha ventilado a raíz de la detención del consultor argentino Fernando Cerimedo –el socio de Javier Negre en La Derecha Diario– acusado Cerimedo del intento de feminicidio de su expareja e imputado ya por cargos de enriquecimiento ilícito y otros delitos.
Asesor de Rodrigo Paz en Bolivia, de Milei en Argentina y otros políticos de ultraderecha, Cerimedo operaban granjas de bots para intervenir de forma sistemática en procesos electorales en países de la región, contra gobiernos progresistas.
Así, lo mismo que se ha vuelto imperioso que los partidos políticos apliquen filtros a la selección de sus perfiles para evitar la infiltración criminal, es también urgente que las autoridades electorales fiscalicen y sancionen el uso de granjas de bots e inteligencia artificial orientadas a la guerra sucia, para que se garantice la equidad en la contienda, porque es un hecho que el estilo Cerimedo se reproduce en nuestro país de manera cada vez más abierta e impune, ante una falta de regulación y la insuficiente fiscalización de la autoridad electoral.
Fuente:sinembargo
