Lo que realizará la ASF es una una investigación de oficio respecto a las contrataciones públicas de todos los organismos electorales locales, así como del INE y el entonces IFE.
Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).- La amplia revisión que realizará la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a todas las compras del Instituto Nacional Electoral (INE) y los órganos estatales entre 2000 y 2026, motivada por “múltiples irregularidades históricas” que ha identificado, involucra directamente a los exconsejeros presidentes José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés, Lorenzo Córdova y Guadalupe Taddei, pero también a los exsecretarios ejecutivos María del Carmen Alanís Figueroa y Edmundo Jacobo Molina, casi todos jerarcas del partido político Somos que patrocinan los magnates Claudio X. González Guajardo y Ricardo Salinas Pliego.
A excepción de Woldenberg, Ugalde y Taddei, todos los citados exfuncionarios del INE y del Instituto Federal Electoral (IFE), el órgano antecesor, militan formalmente en el partido Somos o forman parte de su Consejo Consultivo, incluyendo a Alanís Figueroa y Jacobo Molina, quienes como secretarios ejecutivos durante 17 años diseñaron y ejecutaron los multimillonarios presupuestos para adquisiciones, compras y concesiones: Ella con Ugalde, entre 2004 y 2005, y él con Valdés Zurita y Córdova durante 15 años, de 2008 y 2023.
Otros numerosos funcionarios del IFE-INE —que provienen del grupo de Woldenberg, a quien Ugalde sucedió en 2003— ocupan también cargos prominentes en Somos, el partido que formalmente preside el experredista Guadalupe Acosta Naranjo y cuya secretaria general es Cecilia Soto, candidata presidencial del Partido del Trabajo en 1994, en cuya estructura partidaria el magnate Salinas Pliego tiene enquistados a dos de sus empleados: Jacqueline L’hoist, directora de la Unidad de Género de México y América Latina de Grupo Salinas, y Jorge Díaz Cuervo, rector de la Universidad de la Libertad.
Las revisiones que hará la ASF abarcarán también el trabajo de los contralores internos del IFE-INE: Mario Espínola Pinelo, quien lo fue con Woldenberg y Ugalde, entre 2000 y 2008, y Gregorio Guerrero Pozas, con Valdés Zurita y Córdova, entre 2008 y 2014, cuando la Cámara de Diputados lo designó como titular del Órgano Interno de Control (OIC) del naciente INE, con un periodo hasta 2019.
Ese año llegó como sustituto de Guerrero Pozas, también designado por la Cámara de Diputados, Jesús George Zamora, quien ostentó el cargo de 2019 a 2023, con Lorenzo Córdova, y luego renunció para irse como director jurídico del gobierno de la morenista Delfina Gómez en el Estado de México. En su lugar, ya con Taddei, lo sustituyó Víctor Hugo Corvente Contreras, cuyo trabajo como vigilante de la correcta ejecución del presupuesto del INE está puesto en entredicho.
Córdova aludió a George Zamora cuando reaccionó a la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum para que la ASF audite al INE desde que él era presidente: “Hoy esa persona es el consejero jurídico del gobierno del Edomex y por más que intentó, no encontró irregularidades relevantes y las pocas y menores que detectó las sancionó”, destacó.
Y agregó: “Sí, a pesar de todo lo anterior, quieren volver a auditar lo auditado, adelante. Quienes hemos tenido gestiones transparentes y apegadas a la ley no tenemos nada que temer”.
Lo cierto es que altos funcionarios del IFE-INE que estarán bajo escrutinio en las revisiones de la ASF en el periodo de un cuarto de siglo, entre 2000 y 2026, ahora forman parte abiertamente de la oposición a Morena y al gobierno de Sheinbaum en el partido Somos, como militantes, dirigentes y consejeros, al lado de prominentes funcionarios de los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como ministros y magistrados del Poder Judicial, como ha acreditado SinEmbargo.
Desde el 2000, el IFE-INE ha tenido cuatro secretarios ejecutivos, quienes son los responsables de toda la estructura administrativa: Fernando Zertuche, con Woldenberg; Alanís Figueroa, con Ugalde; Manuel López Bernal, con Valdés Zurita, y Jacobo Molina. Zertuche y López Bernal ya fallecieron, y ahora Alanís, expresidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por impulso de Felipe Calderón, y Jacobo Molina son miembros de Somos.
El periodo más largo en el que la ASF revisará todas las compras es el de Jacobo Molina como secretario ejecutivo en el IFE-INE, entre 2008 y 2023, quien encabezó una estructura de políticos que ahora son activistas en Somos y que son todos discípulos de Woldenberg y del grupo de Héctor Aguilar Camín, director de la revista Nexos.
Por ejemplo, Ana Laura Martínez de Lara, secretaria de Administración y Finanzas de Somos, fue directora ejecutiva de Administración del INE durante la presidencia de Córdova; Roberto Heycher Cardiel, encargado de las alianzas de este partido, fue director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del órgano electoral.
René Miranda Jaimes, director del Registro Federal de Electores del IFE-INE, es el representante de Somos ante la Comisión de Vigilancia de ese organismo, y Carlos Ferrer Silva, representante legal de Somos, fue director de la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE, también con Córdova.
Hasta los secretarios particulares en el IFE-INE están en Somos: Francisco Javier Naranjo Silva, quien lo fue de Córdova Vianello en el INE y ahora es secretario técnico del Consejo Nacional, y Carlos Mauricio Montes Silva, que lo fue de Valdés Zurita, es integrante de la Comisión Electoral Nacional.
Lo que realizará la ASF, según informó el miércoles 4, es una investigación de oficio respecto a las contrataciones públicas de todos los organismos electorales locales, así como del INE y el entonces IFE; un estudio histórico de sus adquisiciones durante 25 años, y una auditoría integral al organismo nacional, además de la totalidad del gasto federalizado ejercido en los OPLES.
Se trata, precisó, de un análisis histórico que permitirá identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales en el ejercicio de los recursos públicos por parte de grupos empresariales y servidores públicos.
“Lo anterior, en virtud de que tanto los trabajos de inteligencia que hemos realizado, como el análisis de la información requerida a las Entidades Federativas, advierten la comisión de múltiples irregularidades históricas en el ejercicio del gasto público vinculado con los OPLEs, el INE y el IFE”, subrayó la ASF en un comunicado.
Fuente: sinembargo
