Diputados del Congreso local adelantaron que van a revivir el análisis de la iniciativa “Para la Protección de los Periodistas del Estado de Quintana Roo” presentada al final de la XVI Legislatura, pero que incluye ciertos puntos por los que fue considerada como una “Ley Mordaza”.
Así lo confirmó la diputada Cristina Alcérreca Manzanero, quien detalló que en el segundo periodo ordinario de sesiones, que iniciará en febrero próximo, comenzará a abordarse esta iniciativa.
Y es que de acuerdo con el proyecto de ley, presentado en agosto del 2022, se establece en su artículo 50 que se puede obligar al periodista a revelar la identidad y secreto de las fuentes por mandato judicial, sin especificar mayores razones.
También en su artículo 60 se puntualiza que se les podrá negar el acceso a los periodistas a capturar imágenes y video en edificios públicos “por justificación de aforo, protección civil y seguridad”, sin posibilidad para el comunicador de solicitar que se verifique esta situación.
En otras palabras: bastará con mencionar que el edificio o espacio tiene un exceso de aforo, sin comprobarlo, para negar el acceso a la prensa.
Los periodistas pueden apelar esta imposición a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección Integral de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, pero este organismo está presidido por el propio Gobierno del Estado, en específico las personas titulares de la Secretaría de Gobierno, Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública.
Cabe destacar que el Senado de la República aprobó el año pasado un exhorto enviado al Congreso de Quintana Roo a expedir una nueva ley en la materia, pero considerando que el máximo órgano de este sistema sea presidido por representantes de la sociedad civil, comunicadores y la Comisión de Derechos Humanos, ya que el Caribe Mexicano “Es considerado uno de los Estados más violentos para ejercer el periodismo en México”, haciendo mención de los cuatro reporteros que fueron asesinados en los últimos dos años.
También detalla que la Fiscalía, las corporaciones policíacas y el propio gobierno estatal han sido los principales agresores de los encargados de la comunicación.
El exhorto, presentado por la senadora Verónica Delgadillo García, puntualiza que estos tres organismos han recibido 112 quejas por agresiones y violaciones a los derechos humanos de los comunicadores desde el 2019 a la fecha, por lo que no es recomendable que sean juez y parte en el sistema de protección para periodistas.
Fuente: SIPSE
