La libertad de expresión también se pierde por omisión

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La libertad de expresión debe tener límites: la vida privada, siempre y en cualquier circunstancia, debe ser respetada; y todo señalamiento o acusación debe presentarse como tal.

Terminó de verificar si los hechos son ciertos para ser noticia; cuenta con los documentos necesarios, conversó con los involucrados, incluso, tiene ya la versión de la autoridad… Antes de publicar, recuerda la amenaza que recibió por mensaje y por un tercero: en ese momento, la libertad de expresión deja ser un debate de sobremesa, abogados y activistas; y se convierte en la decisión más importante, ya que debe considerar si podrá volver a casa con los suyos.  

Este lunes, en Acapulco, compañeros de Eduardo Flores Salado se manifestaron por su cruel asesinato. La autoridad inicio una carpeta por homicidio calificado, el móvil sigue por esclarecerse; pero la pregunta seguirá siendo la mayor preocupación y ocupación de nuestra sociedad: ¿El homicidio está relacionado con su trabajo como periodista?

Las primeras decisiones en una investigación son la base para toda diligencia que se deba practicar posteriormente; de ahí la importancia de que quien encabeza la investigación y de quienes intervienen en la misma sean personal altamente especializado. ¿Quién tiene interés de que un periodista deje de preguntar? ¿Alguien lo amenazó? ¿Qué fue lo último que publico?, interrogantes que hay que buscar la respuesta adecuada, cuidando las fuentes y considerando que la vida de un periodista vale lo mismo que la vida de cualquier ciudadano. El oficio y las circunstancias de cualquier víctima pueden dar claridad y explicación al crimen, para esto, hay que investigar con profesionalismo, seriedad y recursos para poder concluir con pruebas.

Un periodista busca información, la verifica y la hace pública. En cualquier municipio, hablar con comerciantes obligados a pagar un “derecho de piso”, cuestionar a las autoridades sobre las medidas que están adoptando y publicar únicamente aquello que ha podido comprobar, implica asumir riesgos. Después de difundir estos hechos, el periodista sigue viviendo en el mismo lugar; sus hijos continúan asistiendo a las escuelas locales y quienes se sienten expuestos pueden conocer su domicilio y sus rutinas; es ahí donde se comprende el costo de ejercer la libertad de expresión.

La libertad de expresión debe tener límites: la vida privada, siempre y en cualquier circunstancia, debe ser respetada; y todo señalamiento o acusación debe presentarse como tal. Cuando un periodista publica información sobre la intimidad de una persona, debe señalar y explicar que dicha información contribuye a un asunto de interés público. Sin embargo, cuando una publicación causa incomodidad, por severa que esta sea, la respuesta debe plantearse mediante rectificaciones, aclaraciones o las acciones previstas en la ley; jamás mediante amenazas, pues estas no pueden decidir qué hechos deben o no ser del conocimiento de la comunidad.

Aquí reside, a mi juicio, la gran responsabilidad de la autoridad y del propio Estado: cuando se conoce una amenaza y se deja pasar el tiempo sin valorar los riesgos, cuando se abandona la diligencia debida y se archiva la carpeta de investigación, el crimen organizado gana espacio y oportunidades para decidir qué se dice y qué se calla. Le basta con que el siguiente periodista conozca la suerte de quienes se atreven a publicar, expresar o informar. Y si la amenaza cuenta, además, con la tolerancia o el respaldo de la propia autoridad, ¿ante quién podríamos sentirnos seguros para ejercer esta supuesta libertad?

En el caso de Guerrero, habrá que saber si hubo advertencias, quien las conoció y que se hizo al respecto; saber si su trabajo tenía relación con el crimen organizado. Su familia, la sociedad y el gremio necesitan y merecen respuestas concretas; y los periodistas necesitan saber que, si hoy denuncian alguna amenaza, habrá alguien que la tome en cuenta mientras haya tiempo de protegerlos.

Pensemos en el comerciante que mañana debe pagar la extorsión; en el reportero que investiga, confirma y puede contar su historia, pero decide guardar silencio y archivar su expediente porque tiene familia y ya ha comprendido lo que le puede pasar. Al día siguiente, el comerciante abre su negocio, el periódico sale a la calle y la autoridad puede declarar, con soberbia, que nadie denunció… Así se instala el silencio y todavía tenemos el descaro y el cinismo de preguntar a la sociedad por qué no habla. Así lo pienso ¿y tú?

Fuente: Heraldo de México

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