El término policía tiene el mismo origen etimológico que la palabra política. Ambos provienen del concepto griego politeia, que más que ciudad significa régimen político basado en el orden público.
Sin embargo, como muchas cosas, las primeras acciones policíacas se remontan muy probablemente a China, donde los así llamados prefectos tenían el mandato de proteger el orden en las comunidades, mediante la coerción física.
En Occidente, fueron el filósofo inglés, Thomas Hobbes, y el académico alemán, Max Weber, quienes establecieron las bases teóricas para la acción policiaca moderna. Hobbes propuso que el imperativo de una sociedad civilizada era establecer condiciones de seguridad pública mínima. Por su parte, Weber señaló que la soberanía pertenecía a quien tuviera el monopolio legítimo de la violencia. El Estado debería tener este monopolio, que jamás habría que compartir con otra instancia, pues, si ese fuera el caso, lo que vendría sería el caos.
A su vez, la idea liberal de la separación de esferas de acción entre el orden civil y el orden militar agregó un nuevo elemento para la acción policíaca, que sólo debe desplegarse – en una sociedad bien ordenada – dentro de la esfera civil.
En México, estos tres aspectos: el hobbesiano, el weberiano y el que proclama la distinción entre lo militar y lo civil, han sido tergiversados. Esto es, quizás, la razón primordial de nuestros predicamentos.
La solución es regresar a las bases hobbesianas, weberianas y civilistas. Eso se puede hacer mediante la implementación de algunas medidas, al tiempo necesarias y urgentes.
En primer lugar, se deben regresar las labores policiacas a la estructura civil de gobierno. Si se quiere que el ejército auxilie en labores de seguridad pública, su radio de acción debería circunscribirse, de manera transitoria, a localidades donde hay altos índices delictivos. En segundo lugar, es necesario fortalecer el federalismo, mediante la transferencia de ayuda financiera significativa a los cuerpos policíacos en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Hay muchas razones para pensar que el centralismo en esta materia no es recomendable en nuestro país. En tercer lugar, se debe dotar de recursos suficientes a nuestros cuerpos de seguridad civil. Por obvias razones, hay una conexión entre policías bien pagados y recompensados por su labor y el aumento de la seguridad ciudadana. De manera conexa, habría que pensar en la fundación de una escuela o academia de formación policíaca al nivel de las que existen en los países más desarrollados en la materia. En cuarto lugar, los ministerios públicos tienen que ser convertidos en verdaderos centros de investigación de hechos delictuosos. Esta reconstrucción de los ministerios públicos pasa no sólo por aumentar su presupuesto, sino por reorganizar su estructura administrativa, de tal forma que se cumpla con el objetivo principal de investigar y, en su caso, detener a posibles criminales y delincuentes.
Estas acciones, como mínimo, deben ser el fundamento de un nuevo paradigma de seguridad ciudadana.
Fuente: sinembargo
