La violencia es un padecimiento arraigado en la sociedad mexicana que permea todos los aspectos de la vida cotidiana, incluyendo el sistema educativo. En diversas localidades del país, los eventos de violencia extrema, producto de confrontaciones entre grupos delictivos, ponen de manifiesto la vulnerabilidad de las comunidades escolares. Tanto al interior como en el exterior de las escuelas, la presencia cotidiana de la violencia actúa como barrera para una garantía plena del derecho a la educación. Pensar alternativas para mitigar sus consecuencias es fundamental para una mayor justicia educativa.
Dentro de las escuelas, la resolución violenta de conflictos suele ser una preocupación constante. Además, prácticas nocivas tales como el bullying se manifiestan tanto en la realidad física como en el espacio digital. Según datos de la prueba PISA 2022, realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), alrededor del 19% de las niñas y el 17% de los niños en México reportaron haber sido víctimas de actos de acoso al menos unas cuantas veces al mes. Sea física o psicológica, la presencia de conductas de agresión al interior de la escuela es una realidad que hasta el momento ha permanecido desatendida en la agenda de política educativa federal.
En tanto, afuera de las escuelas, las amenazas son diversas. Por una parte, está la frecuente violencia armada generada por los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. Pero esa no es la única fuente de inseguridad para estudiantes, familias y docentes. Limitaciones de la infraestructura pública que arriesgan a los peatones a tomar cruces irregulares en vialidades; deficiencias en el alumbrado público; ausencia de transporte público de calidad y la actividad delictiva en zonas cercanas a escuelas son muchas de las causas de la sensación de inseguridad en el trayecto hacia la escuela que, según los datos PISA 2022, un 22% de los estudiantes declara sentir. Esto es casi tres veces superior al porcentaje promedio en países miembros de la OCDE.
La presencia constante de esta violencia erosiona el derecho básico de los estudiantes a recibir educación de múltiples maneras. Al no contar con un ambiente seguro y propicio para su desarrollo integral??, se producen afectaciones en el bienestar socioemocional. Episodios como balaceras y asesinatos de maestras y maestros en las inmediaciones de los planteles escolares son eventos que dejan una huella física y emocional indeleble. Por supuesto, el deterioro de la experiencia educativa de las personas que estos eventos generan disminuye la probabilidad de estar en la escuela y aprender en ella.
En respuesta a esta preocupación, la autoridad educativa suele referir a la existencia de protocolos y la opinión pública tiende a limitarse a debatir en torno a la conveniencia de implementar medidas como revisión de mochilas. Evidentemente, se trata de un problema que requiere de un horizonte de acción más amplio y de un sentido de responsabilidad más grande por parte de tomadores de decisión en el poder Ejecutivo y Legislativo.
Un primer paso puede ser revitalizar el olvidado Plan Nacional de Convivencia Escolar. Esto permitiría brindar mayores apoyos a docentes y directivos en la tarea de generar ambientes escolares óptimos en los que el acoso y la violencia sean la excepción y no la norma. Fortalecer este plan implica volver a dotarlo de financiamiento para atender sus acciones de formación docente y de elaboración de material de trabajo. Y también, mejorar la disponibilidad de servicios de atención psicológica para las escuelas. Pero es necesario ir más allá. En este sentido, garantizar las condiciones necesarias para el adecuado funcionamiento del sistema educativo es una cuestión de seguridad nacional que requiere trabajo conjunto y armónico entre escuelas, familias y fuerzas de seguridad pública.
El escenario electoral del 2024 seguramente hará del tema de la inseguridad y la violencia un tema prioritario. La oportunidad está en amarrar compromisos políticos que luego sustenten técnica y financieramente una estrategia real y sólida de sanación del tejido social que permita a niñas, niños y jóvenes educarse en un entorno libre de violencia y crimen??, para que así, puedan ejercer sin miedo su derecho a aprender en cada escuela.
POR GUSTAVO ROJAS AYALA
DIRECTOR DE MEXICANOS PRIMERO SINALOA
