La entrevista que Roberta Jacobson, la exembajadora estadounidense, concedió a la revista Proceso nos permite explorar tres argumentos de las relaciones entre el crimen organizado y el sistema político:
El crimen organizado en un país como el nuestro donde data prácticamente de 1914 ha logrado una carta de naturalización y es un actor híbrido que se ha nutrido y se nutre de energías de distintas fuentes de manera que en muchos sentidos lo vuelve inasible y ubicuo;
Dos, dado ese don de la ubicuidad, los políticos en funciones de gobierno de cualquier partido han optado entre tolerar o caer en complicidades con los agentes del crimen organizado, sea desatendiéndose o dejando el asunto en manos del sistema federal de seguridad pública y,
Tres, en el caso del gobierno federal, no tiene excusa constitucional, porque en un sistema presidencialista como el nuestro, es inexcusable, la responsabilidad del Ejecutivo por acción u omisión.
Ergo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, deberían ser investigados para dirimir si toleraron o cayeron abiertamente en complicidad con el Cártel de Sinaloa lo que en cualquiera de las dos hipótesis cae en responsabilidades judiciales.
Hay una investigación académica muy acuciosa realizada por el sociólogo sinaloense Luis Astorga en los archivos nacionales del College Park de Maryland que lleva por titulo Drogas sin Fronteras (2015, Penguin Random House). Arroja que mientras los mexicanos estábamos haciendo nuestra revolución, los estadounidenses quitaban el estatus de legal a las drogas duras por lo que estarían proscritas y se perseguiría a los comerciantes y consumidores de los opiáceos que llegaba desde México.
Con esta medida, ¿se acabó el negocio con la prohibición de esta droga? No. La goma de opio siguió saliendo de los campos de amapola y fluyendo hacia la Unión Americana donde ya tenía un mercado establecido.
Sin embargo, nos dice Astorga, que el tránsito legal hacia la frontera norte tuvo un socio estratégico en los gobernadores de los estados del norte. En lo sucesivo la droga debía pagar un “arancel” que se quedaba en manos del gobernante en turno. Así, sucedió en buena parte del siglo XX y con ello se crearon grandes fortunas producto del tráfico de heroína. Esta dinámica sentó las bases de lo que hoy conocemos como narcopolítica. Hasta aquí la historia.
La detención reciente de algunos ex gobernadores de estados norteños explica por qué algunos otros no puedan pisar el territorio estadounidense por sus vínculos con el crimen organizado.
Esto significa que en la mezcla narcopolítica hay ingredientes poderosos del mundo de la política y la economía. Y explica que el sistema de seguridad pública estuviera permanentemente filtrado y que cualquier acción contra el “crimen organizado” se volviera un asunto delicado por los intereses que alcanzaba. Y es que hubo el cártel favorito del sexenio lo que muchas veces ocasionó que las capturas de droga fueron pactadas o correspondieran a grupos o cárteles no cercanos al poder. Entonces, se optó en el mejor de los casos por la tolerancia y en el peor por las complicidades en este entramado de poder.
¿Cómo es que llega Genaro García Luna primero al CISEN, luego a la Agencia Federal de Investigación y más tarde a la titularidad de la Secretaria de Seguridad Pública durante los gobiernos panistas? ¿Quién influye para qué estas posiciones estratégicas quedaran en manos del hoy preso? Debió ser una persona o un grupo muy poderoso considerando que en México no existe Servicio Civil de Carrera en el sistema judicial.
Anabel Hernández, especialista en estos temas, en una entrevista reciente que concedió a Alejandro Páez y a Álvaro Delgado en el programa “Los Periodistas” sugiere la respuesta con base a un hecho rutinario: Las visitas de García Luna a la residencia del expresidente Carlos Salinas de Gortari. No abunda en sus pesquisas y solo nos lleva a recordar como a su hermano Raúl se le apresó entre otros delitos por lavado de dinero y su presunto vínculo con Juan García Abrego, fundador del Cártel del Golfo y por esas cosas inexplicables se le absolvió el 14 de junio de 2005 durante el gobierno de Vicente Fox y hasta se le liberaron las cuentas que tenía en Suiza.
La FGR debería dejar de ser invitado de piedra e indagar a Vicente Fox y a Felipe Calderón, saber si García Luna fue una recomendación de Salinas de Gortari o en su caso, cual fue el papel de este personaje en los dos gobiernos presidenciales panistas.
Independientemente de las respuestas que podamos tener lo cierto es que durante el gobierno de Felipe Calderón está la llamada “guerra contra el narco” donde el Cártel de Sinaloa, fue el que salió más fortalecido gracias a la maduración de una nueva generación de narco políticos. Y varios de ellos podrían estar en la mira de las autoridades estadounidenses. Incluso llama la atención de AMLO que durante muchos años señaló a Carlos Salinas como el jefe de la llamada Mafia del Poder sea hoy muy cauteloso cómo que espera pacientemente cachar lo que le envíen de los tribunales de NY.
Finalmente, estos grandes trazos quizá nos ayuden a explicar un poco la tolerancia y las complicidades que hemos visto hasta ahora cómo también la necesidad de acabar con esa relación perversa en la política mexicana, y también la cautela del actual gobierno, que prefiere mirar lo que está sucediendo en el sistema de justicia norteamericano y escuchar las palabras de la exembajadora Jacobson que aun con toda la diplomacia puso el foco de atención en Calderón.
El gobierno estadounidense al detener y acusar a García Luna por complicidad con el Cártel de Sinaloa pone indirectamente en el banquillo a Felipe Calderón, que ante la entrevista a Jacobson no ha tenido de otra que tuitear que el no tenía información sobre los nexos criminales de su entonces Secretario. Una respuesta nada digna de la persona que en su momento fue la persona mejor informada y si así fuera así, peor para él porque está reconociendo que entregó toda su confianza a García Luna.
En definitiva, Felipe Calderón con su “haiga sido como haiga sido” que le sirvió para llegar a la Presidencia, podría haber pactado con los factores reales de poder, es decir, con esa mezcla de intereses formalmente legales y los también ilegales, y una vez en la Presidencia tuvo que tolerar o servir.
Ya sabremos hasta donde quiere llegar la justicia estadounidense, en tanto el gobierno de López Obrador, juega con la posibilidad de llamar a una consulta para llevarlo a la justicia, cómo antes asustó a Peña Nieto, que no es la vía o mejor en la conjetura Jorge Patterson: “Cómo en esto nadie es inocente…rómpase en caso de incendio”.
Fuente: SinEmbargo
