López Obrador anuncia una reforma al Poder Judicial centrada en el combate contra la corrupción

El Ejecutivo mexicano pone freno a su plan para trasformar el sistema de justicia y opta por respaldar una propuesta acotada del presidente de la Suprema Corte

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El ambicioso plan del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para reformar de golpe el sistema de justicia en México tendrá que esperar. El Ejecutivo ha decidido fragmentar el paquete de iniciativas que adelantó en enero y ha anunciado este miércoles su respaldo a la propuesta del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, para reorganizar el Poder Judicial. La propuesta se centra en el combate contra la corrupción y el nepotismo, un impulso a la paridad de género y el fortalecimiento de los defensores públicos para el auxilio legal de los sectores más vulnerables y con menor acceso a la justicia. «Estoy seguro que de aprobarse esta reforma, avanzaremos hacia el logro de una justicia plena y completa, hacia la consolidación de un Estado de derecho», ha dicho Zaldívar.

A mediados de enero, la Administración de López Obrador adelantó que enviaría al Senado y a la Cámara de Diputados, ambos con mayoría del partido gobernante, Morena, un paquete de nueve reformas para cambiar la impartición de justicia y la investigación de delitos. Los borradores de los proyectos de ley, elaborados por la Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica de la Presidencia (el brazo legal del presidente), se filtraron horas antes de su presentación formal y fueron criticados por académicos y organizaciones civiles por lo que se interpretó como un endurecimiento del sistema legal, que ponía en entredicho los derechos humanos y la presunción de inocencia.

Se proponía un Código Penal único que pretendía homologar las penas y criterios para los delitos del fuero común, pero que dejaba en manos de cada Estado puntos álgidos como los feminicidios, el aborto y los delitos sexuales. Otros puntos criticados fueron que se quitaban restricciones a la intervención telefónica, la presentación de pruebas obtenidas ilícitamente por los fiscales y a la figura del arraigo, que permite detener a un sospechoso sin que se tengan realmente elementos de prueba suficiente para ello. El Ejecutivo defendió que los ajustes eran necesarios para acabar con el lastre de la corrupción y la impunidad, mientras que la oposición lo calificaba como un intento de crear un sistema de justicia a modo y de extender su control sobre el Poder Judicial. Durante su Gobierno, que empezó en diciembre de 2018, López Obrador ha designado a tres de los 11 ministros de la Corte, tras la precipitada renuncia de Eduardo Medina Mora, el año pasado.

La falta de consenso en el propio Gabinete y en la coalición de gobierno derivaron en que la presentación de las iniciativas fuera un fiasco y a que se aplazara su discusión. Semanas después se anunció que ya no se iba a presentar un solo paquete de reformas, sino que se dividiría en dos: uno para la procuración de justicia (lo que toca a la investigación de los delitos) y otro para la administración de justicia (lo que corresponde a jueces y magistrados).

Como el Poder Judicial no tiene la facultad para presentar iniciativas ante el Legislativo, López Obrador ha auspiciado y firmado la iniciativa de Zaldívar. «Este gesto político, que valoro mucho, corrobora su respeto a la independencia judicial», ha señalado el presidente de la Corte en la conferencia matutina del mandatario mexicano. Entre las fricciones que provocó el paquete anterior de reformas fue que no se tomara en cuenta a los ministros del máximo tribunal en la reestructuración del Poder Judicial.

Entre los ejes presentados por Zaldívar está apuntalar al Consejo de la Judicatura Federal, el órgano que vigila las acciones de jueces y magistrados, mientras que en la reforma anterior se proponía que el Senado asumiera un papel protagónico en la fiscalización y designación de jueces. Se busca acabar con los cotos discrecionales en el ámbito judicial, donde se han concentrado denuncias de acoso sexual, corrupción, venta de plazas y tráfico de influencias durante décadas.

También se busca mejorar la capacitación para los miembros del Poder Judicial, crear una escuela que siente las bases de la instrucción para los profesionales de carrera y ampliar la presencia de juezas con la promesa de paridad en todos los niveles. En los últimos meses, las decisiones de jueces en casos de feminicidio han causado indignación porque sus fallos han carecido de perspectiva de género y han fallado en proteger a mujeres en riesgo frente a la violencia machista.

Otro de los ejes es ampliar el acceso a la justicia, sobre todo en poblaciones que han estado históricamente marginadas, ya sea porque no tienen dinero suficiente para pagar una buena defensa o porque su pertenencia a comunidades indígenas los deja sin conocer en su propia lengua los delitos que se les imputan. «Me place mucho que se vaya a fortalecer a los defensores del pueblo, que haya abogados para defender a los débiles», ha comentado López Obrador.

La nueva iniciativa se presentó después en la Suprema Corte frente a un grupo de senadores de Morena y la oposición antes de que empiece el proceso legislativo, así como con Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la presidencia que representó al Ejecutivo. «El reclamo de justicia de la sociedad mexicana y la situación de países ha tocado las fibras más sensibles de los poderes de la federación», ha dicho Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, que alabó los esfuerzos de Zaldívar , pero insistió que en el Legislativo hay un plan de iniciativas que ya está en curso para dar un giro al sistema judicial.

La reforma, que se ha anunciado como la reorganización de mayor calado en el Poder Judicial de los últimos 25 años, deberá aprobarse por una mayoría calificada de dos tercios en ambas Cámaras y ratificada por al menos 17 de los 32 Congresos estatales. Monreal ha dicho que espera que la propuesta se apruebe antes de que termine el periodo de sesiones, en abril próximo.

Fuente: elpaís

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