“Gasolinazo” es una palabra tabú para el Gobierno mexicano. Con el barril de petróleo por las nubes debido a la invasión rusa de Ucrania, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que la gasolina no subirá por encima de la inflación, uno de sus mantras favoritos. Para aferrarse a la promesa, el Gobierno ha echado mano de estímulos fiscales que han sido eficaces, hasta ahora, para contener los precios y espera que el aumento de los ingresos petroleros de Pemex cubra su costo. Sin embargo, los analistas cuestionan la sostenibilidad de esta estrategia y alertan sobre el impacto en las finanzas públicas.
El barril de petróleo ha alcanzado niveles no vistos desde 2008. El Brent y el West Texas Intermediate, las dos principales referencias internacionales, se han disparado por encima de los 130 dólares. El veto anunciado el martes por parte de Estados Unidos a las importaciones de petróleo de Rusia, segundo productor mundial, amenaza con agravar un panorama ya de por sí complicado. Antes de la guerra, la reapertura económica tras la pandemia ya había provocado un alza en los precios de los energéticos y alimentado la inflación -en México alcanzó el 7,28% en febrero, un repunte después de varios descensos-.
Desde la liberalización del precio de la gasolina en 2017, como consecuencia de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, el costo de llenar el tanque en una estación de servicio se mueve según el mercado, aunque el Gobierno tiene instrumentos fiscales para influir en él. En lo que va de año, los precios internacionales para la gasolina regular y la Premium mexicanas han subido un 40% y para el diésel, un 56%. Este repunte es el mayor en los últimos tres años, afirma la Secretaría de Hacienda.
La presión es fuerte y resuena lo ocurrido a principios de 2017, cuando, tras la liberalización, la subida de la gasolina provocó bloqueos de carreteras, cierres de estaciones de servicio y más de 1.500 arrestos. El episodio golpeó la popularidad de Peña Nieto y fue utilizado por el entonces candidato López Obrador durante su campaña. El mandatario no quiere que le pase lo que a su predecesor. “La buena noticia es que no van a aumentar los precios de los combustibles ni las gasolinas, ni el diésel”, ha declarado este jueves, la tercera vez en una semana que se ha pronunciado sobre el tema.
Para cumplir la promesa, el Gobierno ha recurrido a estímulos fiscales. Desde mediados de febrero, los vendedores e importadores de gasolina se han beneficiado de fuertes descuentos en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). El pago de este tributo está subsidiado esta semana en un 100% en el caso de la gasolina regular y el diésel, y en un 97% para la Premium. Como para los dos primeros ya se ha llegado al tope, Hacienda anunció la semana pasada subsidios adicionales que los distribuidores podrán descontar de su Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Las estaciones de servicio no tienen la obligación legal de trasladar el estímulo al bolsillo del conductor. Sin embargo, la necesidad de mantenerse competitivos y la presión del Gobierno les puede llevar a hacerlo. Cada lunes, el procurador federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, se planta en la mañanera del presidente para el “quién es quién en los combustibles”, donde se alaba a las gasolineras más baratas y se da un tirón de oreja a las más caras. “Se está supervisando que no incrementen el precio, porque hay quienes abusan con ganancias hasta de 4 o 5 pesos por litro”, ha reiterado este jueves López Obrador.
El investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) Óscar Ocampo afirma que ese señalamiento público “es una lógica más política que técnica”. “El name and shame [nombrar y humillar] es efectivo pero no es de un país moderno. Si está cara, el consumidor se puede ir a otra”. El experto Paul Alejandro Sánchez opina que en ciertos casos las presiones pueden no surtir efecto. “Quizás le importa más a BP o a Chevron por la reputación de la marca, pero a Gas del Noroeste que tiene la única gasolinera en 100 kilómetros ¿qué le puedes interesar? Tiene el control del mercado”, apunta.
Sea como sea, la política de estímulos ha sido eficaz para contener la subida de precios. Desde el anuncio de la invasión de Ucrania el 24 de febrero, la gasolina se ha encarecido apenas unos centavos en México. “Ante un choque externo de esta magnitud, cualquier economía tiene que hacer algo para controlar el impacto”, opina Sánchez, quien lanza una advertencia. “En el corto plazo, es un estímulo responsable y eficiente. El problema es que estos estímulos se suelen volver permanentes e ineficientes”.
Pese a su efectividad, los estímulos amenazan con abrir un boquete en las cuentas públicas de un país que recauda en impuestos apenas un 16% del PIB, frente a la media de 34% de la OCDE. Ya en 2021, cuando los precios del petróleo subieron por la reactivación económica, los subsidios a la gasolina le costaron 104.000 millones de pesos al Gobierno, frente a los 3.466 del año anterior. Es una cantidad enorme que equivale a lo presupuestado para “seguridad nacional” en 2022.
Con los recientes ajustes al IEPS, subsidiado al 100% para la gasolina regular y el diésel, el Ejecutivo se queda sin una fuente de recaudación importante justo cuando el estancamiento económico amenaza con deprimir los ingresos tributarios. En 2016, antes de la liberalización, este impuesto llegó a representar el 8% de los ingresos fiscales totales, según un informe de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) publicado en 2019. Aunque el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, afirmó la semana pasada desconocer el costo del estímulo al IEPS, el funcionario dijo que se tenía un “colchón”. “No esperamos mucha presión sobre la recaudación”, declaró.
El Gobierno espera compensar la pérdida de ingresos por los estímulos al IEPS con los excedentes que el aumento del precio del barril le dejará a Pemex gracias a la exportación. En sus estimaciones para diseñar el presupuesto de 2022, Hacienda calculó un promedio de 55 dólares por barril. Del total de ingresos públicos previstos, un 17% procedía del sector petrolero. La crisis ha trastocado las proyecciones. En línea con las referencias internacionales, la mezcla mexicana rozó esta semana los 120 dólares, su mayor nivel desde 2008.
Por otro lado, el potencial incremento de ingresos se ve atenuado por la política del Gobierno de aliviar la carga fiscal sobre la petrolera estatal y su decisión de reducir el Derecho de utilidad compartida, el impuesto sobre el valor de los recursos extraídos, de una tasa de 54% a una de 40% para 2022.
En cualquier caso, Fluvio Ruiz, exconsejero independiente de Pemex, considera que es un error utilizar la renta petrolera para tapar la pérdida de ingresos fiscales por los subsidios a la gasolina. “Es regresivo, la renta petrolera es de todos, no solo de los automovilistas”, señala. Además, el economista considera que los estímulos al IEPS pueden ir en contra del interés del Gobierno por sanear las finanzas de la petrolera, una de las más endeudadas del mundo. “Si se prolonga y los precios siguen subiendo, el Gobierno no solamente sacrificaría ingresos fiscales, sino que estaría dañando su política en materia de refinación. Está haciendo un esfuerzo presupuestal para construir la refinería de Dos Bocas, comprar Deer Park, dar mantenimiento a seis refinerías, y por otro lado, subsidia el precio de las gasolinas. No cuadra”, apunta.
La duración del incremento en los precios del barril es incierto. Estados Unidos ha prometido liberar 30 millones de barriles, que se suman a otros 30 por parte de una treintena de países, para intentar contener el aumento. Sin embargo, la OPEP, el club de los mayores países exportadores de petróleo, se ha resistido por ahora a incrementar la producción más allá de lo planeado.
Aun así, la posibilidad de que el Gobierno entierre la promesa de mantener estable el precio de la gasolina es remota. Fluvio Ruiz, uno de los que lo reclama, considera que no se deberían aumentar más los subsidios. “Nadie sabía que iba a haber una guerra. Ya es momento de que tengamos un debate serio sobre cuál es el nivel óptimo, en términos de eficiencia energética, económica y ambiental, de la fiscalidad de los combustibles”, señala. “El sacrificio fiscal es enorme”.
Fuente: elpaís
