Narcotráfico en la política

0
95

Las masacres recientemente llevadas a cabo por cárteles del narcotráfico en Veracruz, Zacatecas, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, San Luis Potosí, Guanajuato, Sonora y Tamaulipas

Las masacres recientemente llevadas a cabo por cárteles del narcotráfico en Veracruz, Zacatecas, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, San Luis Potosí, Guanajuato, Sonora y Tamaulipas ya pueden ser definidas como actos de terrorismo. En México ya no estamos únicamente frente a acciones violentas entre cárteles que pelean sus territorios y control de rutas para la distribución de su producto. Tampoco estamos solos ante enfrentamientos entre cárteles y las fuerzas de seguridad del gobierno federal o fuerzas estatales y municipales.

Estamos ante lo que podría entenderse como una “fase superior” de dominio del narcotráfico en la sociedad mexicana. Hoy el crimen organizado en México está actuando como un Estado alterno en amplias zonas del país. Hoy, por primera vez, el narcotráfico actúa políticamente, consciente de su nuevo papel en la sociedad mexicana. En amplias zonas del país quienes controlan la impartición de justicia, las actividades económicas y el cobro de impuestos son los cárteles, no el Estado nacional constitucionalmente constituido.

¿Cómo llegamos a esta situación?

El fenómeno de la “politización” del narcotráfico se relaciona directamente con el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México y con su idea de una “nueva” manera de ejercer el poder. Es el primer Presidente que ha tenido arreglos públicos con el narcotráfico. Otros Presidentes sin duda han dialogado con líderes del narcotráfico, pero de manera indirecta, usualmente a través de sus jefes de gobernación e inteligencia y seguridad, como sucedió, por ejemplo, con el Presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Sucedió algo parecido en el sexenio de Salinas de Gortari.

La justificación de esos encuentros y diálogos era para que se asegurara mantener en las sombras y fuera del ojo público las actividades ilegales de las organizaciones del narcotráfico, pero reconociendo la imposibilidad (¿o indisposición?) de erradicar totalmente el negocio que enriquece también a funcionarios públicos. El propósito de esa negociación era también para que el narcotráfico modulara su violencia a fin de que no traspasara ciertos límites de aceptabilidad y tolerancia para la sociedad.

El actual Presidente de México ha dialogado públicamente con el narcotráfico y se ha reunido también con sus figuras. En el primer caso, del diálogo público, ha felicitado al narcotráfico por su comportamiento social, como lo hizo después de las elecciones del junio recién pasado, agradeciendo su presencia “respetuosa” en la jornada comicial. También ofreció mediar con Estados Unidos para que permitieran el regreso del Chapo Guzmán a territorio mexicano, para, así, estar cerca de su familia.

Y ha visitado varias veces, y sin dar explicación de ello, a Badiraguato, Sinaloa, sede del Cártel de Sinaloa para reunirse con los familiares del Chapo Guzmán, especialmente con la matriarca del cártel. Departieron comida y charlaron amigablemente, abogados de ambas partes incluidos. Y, obviamente, fue el Presidente quien ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo y nieto de la señora, cuando éste fue apresado por fuerzas federales que respondían a un requerimiento de extradición por parte de Estados Unidos.

Dentro del círculo gobernante hay quienes opinan que es necesario cuidar y defender “la economía narcótica” por su importancia económica y porque “es nuestra economía nacional”. Es decir, se expresa una visión soberanista y nacionalista cuando al narcotráfico orgullosamente se refieren.

Sin embargo, el punto de quiebre en la politización de los cárteles fue su inclusión como parte de la estrategia electoral de Morena-el partido del Presidente-para ganar las gubernaturas en disputa. A los cárteles les interesaba, desde el punto de vista de su estrategia comercial, ganar territorio de tránsito de su mercancía, y no le interesa tanto el asunto de las diputaciones.

De ahí la explicación del porqué Morena ganó tantas gubernaturas, pero retrocedió en los espacios que menos le importaba al narcotráfico. Morena perdió el control de la Cámara de Diputados al perder muchas diputaciones federales y también perdió las grandes urbes, como Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, Puebla y franjas urbanas de Veracruz y Michoacán.

Morena ganó los espacios territoriales desde donde el narcotráfico puede acrecentar su control para el movimiento de su mercancía. Pero el problema del acuerdo de López Obrador con el narcotráfico es principalmente con el Cártel de Sinaloa, y no con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que, hoy por hoy, es el más contundente militarmente en el país.

Este “error” táctico de López Obrador de pactar con un solo cártel, el de Sinaloa, suponiendo, como sucedió en los tiempos de Miguel de la Madrid, que pactar con el Cártel de Guadalajara era pactar con todos los grupos, es producto de errores de sus asesores que le recomendaron tomar esa ruta. Se equivocaron, pues aunque lo hicieron así antes, hoy el mapa del narcotráfico ha variado radicalmente.

Los “decentes” de Sinaloa controlan una parte importante del negocio, pero no todo. Las masacres que hoy presenciamos son producto, y efecto, de la negociación fallida del gobierno federal con unos, y no con todos, especialmente por la exclusión del CJNG. En sus nuevos territorios (Zacatecas, Sinaloa, Sonora, Colima, Nayarit, Baja California, Guerrero, San Luis Potosí) los gobernantes morenistas tendrán que aprender a servir a sus nuevos amos, que no el Presidente de la República, sino los narcotraficantes de sus localidades que se acomodan con estrenar sus nuevas rutas, pero a balazos.

En este 2022 vienen nuevas elecciones en seis estados. Una cosa es la ruta del Pacífico, y otra la del centro del país y el Golfo. Se augura el mismo efecto violento en la elección próxima en Quintana Roo, la entrada oficial de la cocaína de América del Sur a México, que en Oaxaca, que es el lugar de tránsito de narcóticos nacionales, o en Durango, puerto de llegada de la droga para acceder a la frontera norte. Igualmente sucede en Hidalgo, que es una ruta interior, parecida a la de Zacatecas, a un paso de la capital de la República.

Los candidatos postulados por Morena responderán, entre otras cosas, a la misma lógica de haber sido escogidos porque se sujetarán a la naturaleza del pacto presidencial con cárteles. Es una camisa de fuerza que obliga al partido en el poder a acuerdos que lo llevarán a su autodestrucción, especialmente en el juego democrático, aun ganando la elección. Especialmente en Quintana Roo, la joya de la corona, y aspirante seguro a un futuro de violencia y descomposición. Proceso que, por cierto, ya empezó.

La insistencia por incluir al narcotráfico como actor y aliado de Morena en las elecciones es la cama donde se engendra más y más violencia. El haber convertido al narcotráfico en un jugador político importante será, sin duda, la herencia más maldita que dejará López Obrador a México, al término de su gestión como Presidente de la República. Porque sacar al narcotráfico de la política, y regresar los militares a sus cuarteles, será la tarea y responsabilidad más difícil y sufriente que enfrentarán las futuras generaciones mexicanas que van a heredar este legado de violencia, muerte y terrorismo que dejará la 4T. 

Por Ricardo Pascoe

fuente: https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/1/9/narcotrafico-en-la-politica-368290.html

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here