Joaquín Sabina ha recibido un último varapalo en su pugna con Hacienda. La Audiencia Nacional ha desestimado su recurso contra una liquidación de 2,5 millones por no declarar correctamente sus derechos de autor hace más de una década. En 2019, ya perdió una serie de pleitos contra la Agencia Tributaria. Su agente afirmó que no quería comentar la sentencia.
El 27 de enero de 2017, el Tribunal Económico Administrativo de Madrid desestimó la reclamación de Sabina contra la Inspección de Hacienda, que le sancionó por sus declaraciones de la renta en 2008, 2009 y 2010, algo que ratificó el Tribunal Económico Administrativo Central dos años después. Entonces, el cantante recurrió a la Audiencia Nacional, que el pasado 13 de abril volvió a rechazar sus pretensiones.
La Audiencia revisa las relaciones de Sabina con tres sociedades en las que también participa su familia: Ultramarinos Finos, Relatores y El Pan de mis Niñas. En ellas gestiona un velero, libros antiguos, dos inmuebles en Madrid y uno en Rota y, sobre todo, sus derechos de autor.
Según la sentencia, “el demandante había cedido a las empresas Relatores y El Pan de mis Niñas derechos de autor de su obra y de la que compusiera en un futuro y por esta cesión no percibía cantidad alguna según sus declaraciones tributarias”.
Persecución fiscal a artistas
En los últimos años, Hacienda ha perseguido a periodistas, cantantes, presentadores de televisión, abogados y médicos que usaban sociedades sin apenas medios para pagar menos a Hacienda. Simplificando, las empresas pagan alrededor de un 25% de impuesto de sociedades, y en IRPF las rentas altas, un 45%. Pero la Agencia Tributaria, en un criterio que han avalado los tribunales, acepta estas sociedades siempre que tengan medios y que realicen las operaciones a precio de mercado. Es decir, que Sabina puede traspasar a su empresa sus derechos de autor pero a un precio de mercado, no gratuitamente.
En 2008, 2009 y 2010, las tres sociedades declararon ingresos de 2,25 millones, 2,74 millones y 7,58 millones. La sentencia destaca que todos los ingresos procedían de las actividades de Sabina, “realización de galas, royalties ventas nacionales de discos, colaboraciones en prensa…”, y de la cesión gratuita de los derechos de autor. Pero que en realidad ofrecían un “servicio personalísimo” del cantante. Ese es el término que usa la justicia a menudo cuando da la razón a Hacienda. Considera que las empresas no aportan nada a la gestión y que son solo un instrumento para escamotear dinero al fisco.
No es la primera vez que Sabina tropieza con la Agencia Tributaria. La propia sentencia relata que está resolviendo una cuestión “prácticamente idéntica a la que ha sido formulada y resuelta por la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ de Madrid”, que entre finales de 2018 y principios de 2019 tumbó las pretensiones del artista. Los jueces concluyen: “En virtud de los principios de unidad de doctrina y seguridad jurídica, procede llegar a la misma conclusión desestimatoria”.
Sabina intentó desligarse de una de las sociedades con el argumento de que en realidad había transmitido las participaciones hace 20 años. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró “que los hechos alegados aparecen como inverosímiles”. “No es verosímil que alguien que participa minoritariamente (menos del 25%) en el capital de una sociedad (Ultramarinos Finos) reciba de esta, en concepto de sueldo, 65.000 euros por prestar un trabajo que a la sociedad le ha generado unos ingresos de 7.091.940,68 euros en 2010″.
La defensa de Sabina intenta al menos anular la sanción que le impuso Hacienda. Alega que “regularizó en una interpretación razonable de la legalidad”. Hace una década era muy habitual el uso de estas sociedades, y Sabina estuvo asesorado por el bufete Nummaria, que ha llevado a Ana Duato y a Imanol Arias a tener un proceso penal en la Audiencia Nacional.
Sabina anunció en 2014 que Hacienda le había requerido el pago de cuatro millones de euros. En 2019, la SGAE llegó a denunciar a Sabina y a otros autores ante la Fiscalía de Delitos Económicos por gestiones con sus derechos de autor, pero el ministerio público no vio delito y envió el caso a Hacienda. El cantante ha anunciado una gira de despedida de los escenarios el año que viene.
Fuente: elpaís
