Los aspirantes son evaluados mediante la Escala de Detección de Riesgos.
El programa social “Jóvenes Unen al Barrio” activó sus reglas de operación 2026, con un presupuesto superior a 325 millones de pesos para la prevención social de las violencias.
La estrategia federal proyecta la entrega de hasta 54 mil 853 apoyos económicos anuales mediante transferencias bancarias directas sin intermediarios, orientadas a personas de entre 12 y 35 años que residen en polígonos catalogados como Zonas de Atención Prioritaria.
En el estado de Quintana Roo, la focalización territorial abarca comunidades rurales de alta marginación en Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas y Bacalar, desplegando brigadas casa por casa bajo la estrategia Territorios de Paz.
Así mismo, comprende colonias urbanas con elevados índices de rezago social y riesgo delictivo en Chetumal, Cancún, Playa del Carmen y Cozumel. La estructura operativa distribuye los recursos según la figura de participación, exigiendo una declaración bajo protesta de decir verdad de no estudiar ni trabajar al momento de incorporarse.
Los apoyos económicos mensuales se desglosan en cuatro mil pesos para beneficiarios generales con 90 horas de servicio, ocho mil pesos para impulsores con 100 horas y 15 mil pesos para responsables municipales con 192 horas de carga operativa. Para ingresar, los aspirantes son evaluados mediante la Escala Detección de Riesgos.
Una vez aprobados, se otorgan siete días hábiles para integrar el expediente y 21 días hábiles para la validación definitiva por parte de la Dirección General, aclarando que la falta temporal de cotejo no interrumpe la participación en actividades comunitarias.
Cada participante seleccionado deberá cursar capacitaciones obligatorias en cultura de paz, resolución pacífica de conflictos, derechos humanos y prevención de conductas de riesgo. Las actividades priorizan la recuperación física del espacio público y el fortalecimiento de la cohesión social en barrios vulnerables.
Con esta intervención se busca mitigar la exposición de las juventudes al reclutamiento delictivo, alineando las acciones a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. El programa contempla causales de baja por tres inasistencias consecutivas, consumo de sustancias psicoactivas, falsedad documental, actos de proselitismo o duplicidad de apoyos federales.
Fuente: SIPSE
