Chetumal.-Al conmemorarse mañana viernes 8 de octubre el 47 aniversario de la creación como Estado Libre y Soberano, Quintana Roo recibe un regalo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al permitirle “recuperar” parte de su territorio en conflicto, esto al negarle al Estado de Campeche el intento de evitar entrará en vigor el decreto número trescientos tres, expedido por el Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo por el que se reformaron diversos artículos de la Constitución con fecha dieciocho de febrero del año dos mil diecinueve y publicado por el Poder Ejecutivo en el Periódico Oficial del Estado en fecha veintidós de marzo del año dos mil diecinueve, entrando en vigor el mismo día de su publicación.
El ministro de la SCJN,Jorge Mario Pardo Rebolledo, tiene a cargo el expediente relativo a la controversia constitucional 226/2019, promovida por el Estado de Yucatán derivada por el decreto número trescientos tres, expedido por el Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo por el que reformaron diversos artículos de la Constitución, avalados por el mapa geográfico oficial de referencia de lo que es el territorio quintanarroense.
Las autoridades de campeche reaccionaron luego de que los Poderes Legislativo y Ejecutivo realizaron la promulgación y publicación del artículo séptimo transitorio del Decreto setenta y ocho, por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2021 y poder dar cumplimiento a las sentencias dictadas por los juzgados de distrito en las que ordena a las autoridades quintanarroenses dotar de servicio de agua potable a las poblaciones de Felipe Ángeles, Caña Brava y Guillermo Prieto, enclavadas en los límites con el vecino estado campechano.
Al realizar la publicación el gobierno de Quintana Roo y poder autorizar 100 millones de pesos para poder dar cumplimiento a la sentencia dictada por el juez de Distrito, para el suministro de agua a las tres poblaciones que interpusieron demanda por violación a sus derechos humanos por no recibir beneficios de las autoridades de Quintana Roo, el gobierno de Campeche se inconformó y apeló a la resolución emitida en la controversia que promovió el Estado de Yucatán, por lo que el caso fue turnado a la Suprema Corte y la respuesta fue la siguiente.
“No coinciden con el objeto material o ámbito territorial sobre el cual tiene efectos la suspensión otorgada por el Ministro instructor en dicho juicio constitucional y en ese sentido es infundada la violación a la suspensión que acusa el recurrente”, esto debido a que el Estado de Campeche no interpuso la apelación en el terminó constitucional como lo realizó el Estado de Yucatán, por la que el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo emitió la siguiente medida cautelar, para los estados de Yucatán y Quintana Roo.
“Los Estados de Yucatán y Quintana Roo, incluidos los Municipios de Chemax, Valladolid, Chichimilá, Tixcacalcupul, Chikindzonot, Peto, Tzucacab y Tekax, todos del Estado de Yucatán, deberán abstenerse de realizar cualquier acto que formal o materialmente amplíe o modifique los límites territoriales o la jurisdicción que actualmente se conserva en los Municipios antes señalados”.
Al referirse de manera específica a la solicitud del Estado de Campeche de que la suspensión en este asunto tenga por efecto impedir cualquier acto de ejecución, positivo o negativo, derivado de los poderes públicos de Quintana Roo que materialicen los supuestos del decreto controvertido; la Corte, le señaló que la suspensión dictada el veinte de agosto de dos mil veinte, solo abarca lo señalado por la promovente, reiterando que el efecto para el cual se concedió la medida cautelar fue precisamente para evitar que los poderes tanto estatales como municipales, no solo de Quintana Roo, sino también de Yucatán, se abstuvieran de realizar actos que implicarán ampliar la jurisdicción únicamente dentro de los Municipios mencionados.
Con dicha respuesta, ha quedado señalado que la segunda solicitud fue negada tácitamente, pues sólo respecto de la primera parte se determinó que la medida cautelar abarcaba impedir que los Poderes públicos del Estado de Quintana Roo pudieran ejercer actos que materializarán el contenido del Decreto impugnado en el juicio constitucional, pues precisamente se concedió la suspensión para el efecto de que las autoridades de Quintana Roo y Yucatán, se abstuvieran de realizar cualquier acto que formal o materialmente ampliará o modificará los límites territoriales o la jurisdicción que actualmente conservan, pero únicamente sobre los Municipios de Chemax, Valladolid, Chichimilá, Tixcacalcupul, Chikindzonot, Peto, Tzucacab y Tekax, todos del Estado de Yucatán, sin que la medida cautelar se refiera al municipio de Othón Blanco, Estado de Quintana Roo, ni al municipio de Calakmul, Estado de Campeche.
Pero además la Suprema Corte en su resolutivo le responde al a las autoridades del Estado de Campeche, “ÚNICO.- Es procedente pero infundado el presente recurso de queja 1/2021-CC, derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional 226/2019”.
Con estos resolutivos del máximo Tribunal, deja en claro que el decreto emitido por el Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo por que reformaron diversos artículos de la Constitución, avalados por el mapa geográfico oficial de referencia de lo que es el territorio quintanarroense queda firme y podrán las autoridades quintanarroenses realizar inversión para atender las necesidades de las 33 localidades que se localizan en los límites con el Estado de Campeche, tal como ya ha destinado más de 150 millones de pesos para dotar de agua potable a San Antonio Soda, donde invirtió 50 millones, más 100 millones que está destinado para los poblados Guillermo Prieto, Caña Brava y Felipe Ángeles.
Este triunfo de los habitantes de las cuatro localidades que iniciaron las gestiones y que por medio de amparo lograron se les dote se servicio de agua potable, es un triunfo para el Estado de Quintana Roo, mas no así para sus gobernantes, ya que ahora se verán obligados a brindarles la atención que por más de 10 años habían desatendido y que hoy tendrán que llevarles los servicios, agua, energía eléctrica, calles, carreteras, así como servio educativos y de salud.
