Se cumplió un mes desde que el Congreso del Estado anunció la adquisición de un software para encriptar su correspondencia y sus documentos digitales y la administración del diputado Eric Gustavo Miranda García continúa ocultando el contrato que firmó, el cual se presume es por una millonaria cantidad onerosa para el erario.
Hasta la fecha el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) de la XVI Legislatura ha ignorado por completo las normas de la transparencia que está obligado a observar el Poder Legislativo, así como los llamados que le han hecho el Observatorio Legislativo y la diputada Reyna Durán Ovando a que publique el documento.
Fue el pasado 2 de marzo cuando Gustavo Miranda García anunció la adquisición de ese software, cuyo oneroso y turbio contrato firmó por asignación directa y por disposición discrecional.
Información extraoficial indica que el contrato por este negocio es de casi 5 millones de pesos mensuales para la adquisición de los derechos de uso del software para el llamado “Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivo”, pero dichos derechos no se contrataron directamente con los desarrolladores del software, sino con un intermediario, lo cual encarece aún más la operación.
El software de tecnología blockchain o cadena de bloques de datos que se utilizará para encriptar los documentos digitales del Poder Legislativo, llamado Avalanche, fue desarrollado por la empresa del mismo nombre, cuyo representante en Latinoamérica, Ricardo Vázquez Gutiérrez, que estuvo en la presentación que el presidente del Congreso hizo en Cancún, también fue asesor del gobierno de Roberto Borge Angulo en temas de ecología.
Dicho personaje entre 2012 y 2015 prestado servicios como consultor independiente a Amigos de Sian Ka’an para la elaboración del Plan Financiero de la Reserva Estatal de la Reserva Natural de la Laguna Chichankanab, fondeado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo; y a la dirección de Turismo del Municipio de Tulum para la gestión de la incorporación del destino al programa Pueblos Mágicos.
Y desde 2012 a la fecha maneja del despacho de consultoría Riviera Maya Sostenible, organismo creado por el Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya, y también fue consultor del gobierno de Roberto Borge Angulo en apoyo al Eje de Gobierno Quintana Roo Verde de su plan de desarrollo, realizando talleres, conferencias, congresos, seminarios y encuentros culturales y científicos en la Riviera Maya, tema que asumió como su parte en el gobierno el PVEM de Jorge Emilio González Martínez, entonces aliado del PRI en Quintana Roo.
No obstante, para encarecer más el trato, la Jugocopo no firmó directamente con Avalanche Latinoamérica el contrato, sino con un intermediario que lo mismo se contrata para obras de ingeniería que para prestar “servicios administrativos”, la cual se llama MTZ Especialistas y Soluciones Integrales S. C., representada por Raúl Martínez Trujillo y con sede en Oaxaca, Oaxaca.
Es a esta empresa a la que Gustavo Miranda se comprometió a pagar la onerosa cantidad de 4 millones 964 mil 800 pesos, en una periodicidad mensual según la información extraoficial del interior del Congreso del Estado, que hacen la cantidad total de 59 millones 577 mil 600 pesos, es decir, casi 60 millones al año.
La firma de este oneroso contrato ha generado inconformidad en el interior del Congreso del Estado, en donde ni siquiera se ha mostrado el mismo a los integrantes de la Jugocopo, sino que de manera unilateral y discrecional lo dispuso Gustavo Miranda García junto con el secretario general del Congreso, Renán Sánchez Tajonar, quien ya se aseguró un puesto en la planilla de la alianza del PVEM con Morena al ayuntamiento de Benito Juárez.
Ellos mantienen oculto el contrato firmado con el intermediario por el uso del software de Avalanche, contrato que además fue entregado por asignación directa, es decir, sin licitación, a pesar del monto global que representa, y confirmando la falsedad de las promesas que hizo Gustavo Miranda al inicio de su gestión al frente del Poder Legislativo, cuando prometió que se licitarían los contratos.
Pero más inconformidad ha generado porque hasta la fecha el diputado verde tampoco ha dado a conocer ni siquiera a los diputados y muchos menos a la sociedad, la asignación de las partidas del presupuesto del Poder Legislativo, que tiene un techo financiero de 485 millones de pesos.
Esta turbiedad la denunció de manera reiterada la diputada Reyna Durán Ovando, quien denunció que Gustavo Miranda García ha negado en reiteradas ocasiones la información respecto al contrato de software.
La legisladora señaló que durante más de 3 semanas ha solicitado la información respecto del contrato de software del que tanto se ha polemizado, inclusive lo ha pedido a través de oficios de manera económica pero aún no le han dado respuesta.
También el Observatorio Legislativo de Quintana Roo ha exigido que se dé a conocer públicamente el contenido del contrato, advirtiendo de que la publicación del contrato es una obligación de transparencia que tiene el Poder Legislativo.
La organización civil le solicitó a Gustavo Miranda García que haga público lo siguiente:
1.- Diagnostico de Necesidad de esta tecnología, pues consideró que es necesario saber los estudios y evaluaciones para considerar la necesidad de incorporar esta tecnología y cómo va a funcionar en los diferentes procesos legislativos de trabajo en comisiones.
2.- Dictamen de la Junta de Gobierno y Coordinación Política para aprobar esta contratación y las observaciones de los diferentes integrantes de este cuerpo colegiado sobre esta decisión.
3.- Proceso de Contratación del sistema. Evaluación de propuestas de empresas que pueden ofrecer esta tecnología; consideraciones sobre los costos y plazos de implementación; análisis de costo por proceso legislativo y las condiciones contractuales establecidas.
Pero ninguna de esta información se ha hecho pública, dejando oculto el negocio que los servidores públicos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) realizaron con el uso discrecional del presupuesto del Congreso del Estado.
Fuente: cambio22
