La pena de muerte o pena capital es la ejecución de un delincuente que ha sido condenado en juicio. Esta pena se aplica como sanción penal ante los denominados “delitos capitales”, es decir, aquellos de mayor gravedad.
Hablamos de una pena que ha generado numerosos conflictos internos y externos en los países que la practican o la han practicado. De hecho, la comunidad internacional ha ido adoptando diversos instrumentos que prohíben el empleo de este tipo de sanción.
A lo largo del siguiente artículo estudiaremos las principales normas internacionales que rigen la aplicación de la pena de muerte. Además, analizaremos su utilización.
Normativa relativa a la abolición de la pena de muerte
A lo largo de la historia, la pena de muerte ha ido evolucionando, tanto en su aplicación como en los supuestos en los que se imponía. Así, desde tiempos inmemorables, esta pena se ha aplicado ante determinados delitos o como solución a conflictos entre sujetos de una misma comunidad.
La pena capital era el eje sobre el que se sustentaban las sociedades tribales. Era el instrumento para mantener la paz gracias a su efecto disuasorio. Sin embargo, hoy en día ha sido abolida en casi todos los países democráticos.
En España, la pena de muerte existió desde la Edad Media hasta la aprobación de la Constitución Española de 1978. El artículo 15 de nuestra Constitución dispone: “Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”.
Posteriormente, la Ley Orgánica 11/1995 de 27 de noviembre aboliría la única vía que posibilitaba la aplicación de esta pena, declarándola abolida también en el Código Penal Militar.
Además, la comunidad internacional ha adoptado diversos instrumentos que prohíben su empleo:
- El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena capital.
- El Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte.
- El protocolo número 6 y el protocolo número 13 al Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre la abolición de la pena de muerte y sobre la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias.
- El Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte.
De este modo, el derecho internacional dispone que se ha de restringir el uso de la pena de muerte para el homicidio internacional. Aunque diferente organizaciones, como Amnistía Internacional, consideran que la pena de muerte no es una solución, alegando que es síntoma de una cultura de violencia y no su solución.
Situación actual sobre la vigencia de la pena de muerte
Hoy en día, más de dos tercios de los países la han abolido de iure o de facto. Hay una tendencia a la baja en el número de ejecuciones: en 20 años más de 50 países la han prohibido en su legislación. 108 Estados han eliminado la pena de muerte, 7 la han abolido para los delitos del derecho común y 29 mantienen una moratoria sobre las ejecuciones. Sin embargo, se sigue aplicando en 55 Estados.
Aunque es difícil determinar la cifra total de ejecuciones dada la ausencia de datos oficiales en algunos países, en 2018 Amnistía Internacional registró 690 ejecuciones en 2018, repartidas en 20 países. Un descenso del 31% respecto al año anterior y la cifra más baja registrada. La mayoría de las ejecuciones tuvieron lugar en China, Irán, Arabia Saudí, Vietnam e Irak (en ese orden).
Ejecución de personas que eran menores de edad en el momento del delito
Además, algunos países siguen condenando a muerte a personas que eran menores de 18 años a la hora de cometer el delito. Esto sucede a pesar de que el derecho internacional relativo a los derechos humanos prohíbe la aplicación de la pena en estos casos.
Desde 1990, Amnistía Internacional ha documentado 145 ejecuciones en 10 países de menores de edad: Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irán, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo, Sudán, Sudán del Sur y Yemen.
A pesar de que el número de ejecuciones de niños y niñas es reducido en comparación con la cifra global, su importancia va más allá de los datos, ya que esta práctica pone en cuestión el compromiso de los ejecutores en respetar el derecho internacional. En cualquier caso, hablamos de un tema controvertido que ha tenido un peso muy grande en campañas políticas de países tan importantes como Estados Unidos.
Fuente: lamenteesmaravillosa
