La presidenta de la Cámara de representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció este lunes un nuevo proyecto de ley para revocar el veto migratorio del presidente Donald Trump hacia refugiados y ciudadanos de países de mayoría musulmana y para dificultar la imposición nuevas restricciones.
La iniciativa, adelantada en abril por la legisladora progresista Judy Chu, propone acabar con el veto actual e impedir que la Administración introduzca nuevas restricciones sin presentar ninguna justificación y sin consultarlo con el Congreso, además de plantear prohibir la discriminación religiosa.
Precisamente ayer se cumplieron tres años de la aprobación del primer veto migratorio de Trump a algunos países de mayoría musulmana y llega después de que el presidente anunciara que iba a haber nuevas restricciones sin especificar quiénes serían los afectados.
Algunos medios locales afirmaron que esos países serían Bielorrusia, Birmania, Eritrea, Kirguistán, Nigeria, Sudán y Tanzania.
El presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, Jerrold Nadler, explicó hoy en una rueda de prensa que este organismo se hará cargo del proyecto legislativo en dos semanas.
En junio de 2018, el Tribunal Supremo de Estados Unidos respaldó con una fuerte división el veto migratorio de Trump, pese a las alegaciones de que apuntaba especialmente a países de mayoría musulmana.
La corte falló así a favor de la tercera prohibición de viaje promulgada por el mandatario desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017 y que afecta a Libia, Irán, Somalia, Siria y el Yemen e impone restricciones a los venezolanos y los norcoreanos.
La Corte Suprema de Estados Unidos respaldó el lunes una de las políticas de inmigración más duras del presidente Donald Trump, lo que le permitirá a su gobierno implementar una norma que niega la residencia legal permanente a ciertos inmigrantes que probablemente requieran asistencia del gobierno en el futuro.
Una orden de una corte inferior que había bloqueado la llamada política de carga pública, criticada por defensores de derechos de los inmigrantes como una “test de riqueza” que podría afectar desproporcionadamente a inmigrantes no blancos.
