Al cierre de 2018, la deuda ampliada del sector público era de 10.5 billones de pesos: todo lo acumulado en más de dos siglos de vida independiente
Pasamos días en San Lázaro discutiendo la Ley de Ingresos, la reforma al ISR y la Ley de Derechos, y terminamos de madrugada votando en contra. No fue por reflejo opositor. Detrás de cada cifra hay una pregunta que el gobierno sigue sin responder: ¿en qué se gasta lo que se cobra y lo que se pide prestado? Los datos hablan.
Al cierre de 2018, la deuda ampliada del sector público era de 10.5 billones de pesos: todo lo acumulado en más de dos siglos de vida independiente. Hoy, según Hacienda, supera los 21 billones. Quienes prometieron no endeudar al país hoy lo hacen con una naturalidad que ya no se explica por emergencias.
Endeudarse no es pecado. Un país, como una familia, puede pedir prestado para construir un hospital, una escuela o una red de agua: obras que dan empleo, generan recaudación y se pagan solas con el tiempo. Lo grave es endeudarse sin producir. Es pagar una tarjeta de crédito con otra: la cuenta no desaparece, sólo se encarece. ¿Y a dónde fue el dinero?
Buena parte, a obras que no dieron lo prometido y que la presidenta mantiene en operación: el Tren Maya, que pasó de 197 mil a 544 mil millones de pesos; la refinería de Dos Bocas; Mexicana de Aviación y el AIFA. Esas facturas no las paga López Obrador. Las pagan las familias con impuestos, derechos y recortes.
Mientras tanto, se nos dice que no hay dinero. Pero no se ve la misma energía contra el huachicol fiscal, con una evasión estimada en hasta 600 mil millones de pesos, ni se esclarecen los señalamientos públicos sobre el llamado clan de Andy. A quien sí se persigue es al contador, al médico, al restaurantero, a quien factura y paga.
Y se cobra donde más duele: la licencia sanitaria de los servicios de transfusión pasa de 1,482 a 17,349 pesos, más de mil por ciento, cuando sólo 8.5% de las donaciones de sangre son voluntarias y el resto depende de familias que buscan donadores en la peor hora de su vida. Eso no es modernizar el Estado, es hacerlo más inhumano.
Hablo también como veracruzana. Veracruz le da luz a México: Laguna Verde aport energía que la CFE inyectó a la red nacional, y seguimos esperando una tarifa eléctrica justa. A eso se suman medidores en cada punto de extracción de agua, que golpearían a cañeros, cafetaleros, citricultores y ganaderos, y una ley catastral que podría derivar en un “predialazo”, impuesto que corresponde a los municipios según el artículo 115 constitucional. Eso es golpear al federalismo: la Federación se queda con el dinero y los municipios con la responsabilidad.
El PRI no se opone a que el Estado cobre lo justo por un servicio real. Nos oponemos a que se cobre para tapar el derroche, a que la deuda sustituya a la inversión y a que la oficina que recauda decida sola en qué se gasta. Un país no se construye con tarjeta de crédito ni con cheques en blanco, sino con obras que sirvan, cuentas claras y respeto a quienes lo sostienen. Veracruz y México merecen eso.
Quiero cerrar con quienes sostienen la salud de millones de mexicanos. La crisis del IMSS no es culpa de sus médicos, enfermeras, laboratoristas y trabajadores, que cada día atienden con entrega y compromiso en condiciones imposibles.
Es consecuencia de un gobierno que no les da los materiales para trabajar: los derechohabientes padecen y muchos comprometen su propia vida. Y el proyecto de Presupuesto de Egresos recorta 5.9% la partida de medicinas y material médico del instituto.
Por eso, con el liderazgo de Alejandro Moreno, el PRI respalda la lucha de los trabajadores del IMSS y se compromete a exigir más recursos en el Presupuesto de Egresos. Defenderlos es defender a quienes cuidan nuestra vida.
Fuente: Heraldo de México
