Quizá a muchas personas resulte exagerado poner el nombre de partido al crimen organizado y, en rigor, no le pertenece esta categoría politológica porque sus actividades son al margen de la ley y no las que corresponden a una “entidad de interés público”.
Sin embargo, el crimen organizado siempre ha estado interesado, con mayor o menor efectividad, en influir en la designación de candidatos y, eventualmente, que los “suyos” se conviertan en representantes políticos, y para que eso suceda, hay que “limpiar” el camino de candidatos ajenos a sus intereses.
Y, ahí, empieza una historia de horror que se ha vuelto larga y sinuosa, sea a través de amenazas, cooptación, imposición, financiamiento o asesinatos a quienes no encuadran con sus intereses e intentan alcanzar una candidatura en las regiones bajo control del crimen organizado, que es cualquier lugar por su gran don de ubicuidad.
Y no importa el partido o coalición que postule a los suyos, simplemente este poder fáctico busca imponer su voluntad, y es que los beneficios están a la vista: control plazas, contratos, gasto público, permisos para obras que sirven para el lavado de dinero, incluso, ubicación de sus miembros en posiciones de poder, especialmente, en lo que se refiere a la seguridad pública y de ello hay mil historias ya contadas.
Jenaro Villamil, en mayo de 2018, a sólo dos meses de las elecciones presidenciales, publicaba en la revista Proceso un resumen de lo registrado en un informe de la consultora Etellekt y transcribimos lo sustantivo con fines comparados:
Escribió en aquel momento: “Comparado con las elecciones federales de 2015, el número de asesinatos de candidatos y precandidatos entre septiembre de 2017 y mayo de 2018 representa un 385 por ciento más: 112 asesinatos en este periodo contra 21 de 2015. De los 112 asesinatos cometidos contra políticos y aspirantes a cargos de elección popular, 83 por ciento han sido ejecuciones “con el sello característico del crimen organizado”, advirtió la consultoría.
“A esta cifra hay que sumar 44 atentados contra familiares de políticos. Del total de asesinados, 17 corresponden a precandidatos, 17 a exalcaldes, 13 a regidores, 13 a militantes, 12 a presidentes municipales en funciones, nueve a dirigentes partidistas, seis a candidatos y seis a excandidatos.
“La entidad que encabeza el mayor número de ejecuciones y agresiones a políticos es Guerrero (22), que junto con Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit suman el 50 por ciento de los casos. El 85 por ciento de los casos pertenecen al ámbito municipal. La segunda zona de mayor riesgo es la del centro del país, donde Puebla, Hidalgo, Estado de México y Guanajuato suman 25 asesinatos contra políticos. En el norte, Chihuahua registra cinco asesinatos.
“Además de las ejecuciones, la consultora hizo una suma de agresiones globales registradas en 2018, las cuales ascienden a 357, y de ellas el 72 por ciento se han dirigido a políticos opositores. Puebla es la entidad que encabeza esta lista con 47 agresiones, seguida de Guerrero, con 44; Veracruz, 33; Oaxaca, 32; Estado de México, 31, y Michoacán, con 21 agresiones.
“El mismo reporte advierte que entre el 8 y el 26 de mayo de 2018 se produjeron un total de 52 agresiones contra políticos y candidatos, 20 de las cuales se dirigieron del partido Morena en 12 entidades del país: Zacatecas, Ciudad de México, Chihuahua, Puebla y Nuevo León, principalmente.
“Por alianzas electorales, los asesinatos se distribuyeron de la siguiente manera: la coalición PAN-PRD-MC registró 37 homicidios, mientras que la coalición oficialista del PRI-PVEM-Panal sumó 36 asesinatos de sus políticos y la coalición Morena-PT-PES registró 16” (Proceso, 29 de mayo de 2018).
Esta semana Rosa Icela Rodríguez, la titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, asistió a la conferencia mañanera del Presidente López Obrador para informar que en este proceso electoral, donde estarán en juego más de 21 mil cargos de elección popular, ya se han cometido 73 delitos relacionados con asuntos políticos, de los que 64 han terminado en homicidio.
O sea, si el punto de referencia es de finales de mayo del 2018 y para entonces se habían cometido 112 homicidios con motivaciones políticas, al tener a principios de marzo 64 homicidios podríamos concluir que va el 57 por ciento de ese total escandaloso, que esperamos no se equipare y menos que se supere en este proceso, aunque los indicios es que va en esa escala.
Quizá, por eso la urgencia de tomar medidas preventivas a la parte más candente del proceso electoral que es cuando se registran las candidaturas e inician las campañas electorales, es más, podríamos decir que en marzo estarán muy activos los miembros del crimen organizado por una razón: es a principios de la segunda semana de abril cuando se sabe quiénes competirán por los cargos de elección popular.
Las medidas preventivas que la SecretarÏa de Seguridad Pública ha puesto en marcha son:
Primero, hacer un llamado respetuoso a partidos políticos y autoridades electorales para que los candidatos cumplan con los requisitos de ley.
Segundo, establecer mesas de trabajo entre la Secretaría de Gobernación, la de Seguridad, los partidos políticos, fiscalías y autoridades locales para compartir alertas que permitan prevenir y atender casos de registro de candidatos vinculados a la delincuencia organizada.
El tercer aspecto es consultar a los gobernadores la aplicación de la estrategia, con énfasis en las medidas de protección a personas candidatas amenazadas.
En cuarto lugar, está el reforzamiento de la estrategia de seguridad en las entidades federativas y municipios de alto riesgo.
El quinto aspecto es la atención a los aspirantes y candidatos amenazados por el crimen organizado, previa apertura de carpetas de investigación y determinación de niveles de riesgo y protección.
Y algo más, que resulta del trabajo que se ha hecho en esa Secretaría: “El diagnóstico arroja que actualmente más de la mitad de los eventos de violencia política con asesinados y heridos se presenta en 7 entidades: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco.
Por otra parte, en Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco existe mayor riesgo de que los aspirantes y candidatos sean cooptados por grupos delincuenciales”, según detalló Rosa Icela Rodríguez.
En definitiva, el llamado “Partido del Crimen” está actuando y actuará durante todo el proceso electoral a favor de sus intereses sin importar las siglas partidarias o coaliciones. Está ampliamente demostrada su extraordinaria capacidad para ajustarse a cualquier anagrama político e imponer su voluntad sin importar estas medidas preventivas, las cuales aparecen cuando ya han costado 64 vidas y, seguramente, están muchas más amenazadas o ya han sido cooptadas, y las veremos en la propaganda partidaria y las papeletas electorales.
Ernesto Hernández Norzagaray
Fuente: sinembargo
