¿A quién beneficia un “programa estatal” que pide aportaciones voluntarias a cambio de un trato preferencial sin garantías de conocer el destino de ese dinero?
Desde el primer día de su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una cruzada frontal contra la extorsión, uno de los delitos que más lastima a las familias, a los comerciantes y a las empresas de nuestro país.
No se quedó en el discurso. La nueva Ley General contra la Extorsión, enviada por la Presidenta, estableció un tipo penal uniforme en toda la República, endureció las sanciones y garantiza que este delito sea investigado y perseguido de oficio. La ley castiga severamente cuando la extorsión proviene de quienes tienen una responsabilidad pública.
En Nuevo León, sin embargo, el contraste no podría ser mayor.
Mientras desde la Federación se combate la extorsión, aquí pareciera que el gobierno estatal busca normalizarla e, incluso, institucionalizarla.
El gobernador Samuel García reconoció ante representantes de las 109 empresas que realizaron aportaciones al proyecto Ponte Mundial que, si continúan aportando, recibirán un “trato preferencial” dentro del programa Cero Clausuras.
El mensaje, hasta ahí, ya es preocupante.
Pero se pone peor.
Según las propias palabras del Gobernador, las empresas pueden reportar si alguna autoridad las clausura, embarga, multa o les pide dinero y, en ese momento, “el funcionario se despide”.
Pero entonces, ¿qué ocurre con las empresas que no aportan? ¿Recibirán el mismo trato? ¿Tendrán las mismas garantías frente a una clausura o una inspección? ¿O tendrán que pagar para que el gobierno deje de molestarlas?
¿A quién beneficia un “programa estatal” que pide aportaciones voluntarias a cambio de un trato preferencial sin garantías de conocer el destino de ese dinero?
El gobernador no puede actuar como si el Estado, sus recursos y sus instituciones le pertenecieran. Las autoridades existen para hacer cumplir la ley, no para cobrar por dejar de estorbar. Su responsabilidad es, en todo caso, crear políticas públicas que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones.
Pero la ley no puede depender de si una compañía aporta dinero a un proyecto impulsado por el gobierno.
¿No es eso, de manera plana y llana, una extorsión institucionalizada?
Ante la posibilidad de que se haya cometido un delito, corresponde a la Fiscalía y a las autoridades competentes investigar.
La lucha contra la extorsión exige congruencia.
La casa, como bien se dice, se barre de arriba hacia abajo.
POR WALDO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ / HERALDO DE México
