Por qué ella; por qué no la dejaron viva; por qué se la llevaron. Jade García Andrade se hizo esas preguntas a los ocho años cuando le contaron que a su mamá la habían violado y asfixiado cuando ella todavía era una bebé. El feminicidio de Lilia Alejandra en 2001, a los 17 años, los dejó a Jade y a su hermano huérfanos y a cargo de la abuela materna, que los crió como a sus hijos con una ayuda estatal de 900 pesos quincenales, unos 40 dólares que tuvo que pelear, y sin asesoramiento jurídico ni psicológico. La violencia, cuenta ahora la joven, que tiene 21 años, no terminó con el asesinato de su madre: “Me sentí olvidada, como si mi mamá no hubiera sido nada y yo y mi hermano, simplemente otros más del montón”.
Su abuela, la activista Norma Andrade, les explicó cuando pudieron entender algo que “Dios necesitaba un angelito en el cielo”. Pero “de grande”, dice Jade como si a los ocho años se hubiera convertido en adulta, le contaron la verdad y empezó a tener alucinaciones, depresión y un miedo a la oscuridad que todavía le impide bajar sola y de noche la escalera de la casa donde vive. “Siento que algo va a salir y también me va a llevar a mí. Simplemente por ser mujer un día puedo no volver, porque aquí no se hace nada y nuestros Gobiernos son negligentes”, dice detrás de un flequillo que le cubre la frente y unas gafas anchas de pasta negra.
Entre enero y junio de 2020, 489 mujeres han sido asesinadas en México por violencia de género, de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública difundidos este viernes. La cifra es un 9% más alta que durante el mismo periodo del año anterior y ha crecido más del doble respecto de los seis primeros meses de 2015. A eso se suman 1.443 homicidios de mujeres en lo que va del año, que no figuran en las listas de feminicidios porque en muchos Estados ni siquiera se ha tipificado el delito y no se investiga como tal. Y, también, una impunidad que deja 97 de cada 100 asesinatos de mujeres sin condenas. México no cuenta conuna política federal para la atención de las niñas, niños y adolescentes que quedan huérfanos por estos crímenes machistas.
Aunque hay leyes que contemplan garantizarles servicios jurídicos, médicos y psicológicos a los menores como víctimas indirectas, “el problema en México no son las leyes”, señala la abogada Sandra Soto, sino que “las acciones del Estado no son efectivas” para vigilar que las normas se cumplan. Cuando una mujer es asesinada por violencia machista, los menores a su cargo pasan al cuidado de abuelas, tías, hermanas o, incluso, del mismo agresor. En la práctica, la atención que reciben las víctimas es deficiente y varía según los Estados: “La gente no sabe. Se murió la mamá, que lo lleven al pariente más cercano, dicen. No hay un seguimiento”. Tampoco existe un registro público nacional: no se conoce exactamente cuántos niños están en esa situación ni quién los cuida o cómo están.
En los próximos meses las autoridades pretenden ofrecer algo más de claridad y atención. El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia avanzan en un protocolo para garantizar “ayuda inmediata” y “acceso a la justicia” a estos menores, según informaron el pasado lunes en un comunicado. Ese día, compartieron por primera vez una versión preliminar del proyecto, que aún no es público, con representantes de Estados y municipios. Ellos serán los encargados de aplicar la estrategia cuando esté lista, previsiblemente en agosto, según fuentes de Inmujeres. Quedan aún dudas que el Instituto no ha respondido a este periódico porque el protocolo no es definitivo, según han justificado: ¿cómo se implementará? ¿afectarán los recortes en el presupuesto de Igualdad? ¿habrá consecuencias si no se aplica? ¿todas las entidades federativas ofrecerán datos?
Hasta ahora, solo 26 de los 32 Estados han dado cifras al Instituto, que ha registrado 796 huérfanos por feminicidios entre enero y diciembre de 2019. Las cuatro organizaciones de expertos y familias consultadas para este reportaje —que lamentan no haber participado hasta ahora en la elaboración de la estrategia— coinciden en que la cifra se queda corta. “Si no se tiene una contabilidad de los casos de feminicidios, mucho menos de los huérfanos”, señala Yndira Sandoval, del colectivo Nosotras tenemos otros datos. El subregistro de estos crímenes, según Mexicanos contra la corrupción, es del 46%. Los asesinatos por violencia de género en México a veces son tipificados como homicidios dolosos o incluso suicidios, y los feminicidios de indígenas raramente se cuentan bajo ese tipo penal.
En los casos que las autoridades sí investigan los asesinatos de mujeres como feminicidios, los niños quedan “invisibilizados”, critica Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). “No aparecen en las carpetas de investigación salvo que hayan sido testigos”, explica. María Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, reclama para ellos “una atención integral”. “Muchos vieron cómo mataban a sus mamás y los que tienen edad pueden meterse en Internet a verlo”, avisa.
Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, precisa que la situación se agrava cuando las niñas y los niños son entregados a los mismos hombres que mataron a sus madres. Si además los menores tienen hermanos más pequeños y asumen que deben protegerlos, la carga emocional se vuelve más pesada, explica la psicóloga. Esa “sobreexigencia de cuidado”, como la define, se entiende si se considera que el 63% de niñas y niños de uno a 14 años han sufrido violencia en sus hogares, de acuerdo con el último informe de Unicef, presentado el pasado lunes. Este cúmulo los impacta antes de cumplir los 18. “Aunque sean menores de edad, piensan y reflexionan, y también a ellos les trastoca la impunidad y la falta de justicia”, alerta Figueroa.
Jade lo entendió así desde pequeña. “Por culpa del Estado yo estoy huérfana. Si hubieran buscado a mi mamá en ese preciso momento tal vez la hubieran encontrado. O tal vez me hubieran podido decir que hicieron algo para encontrarla”, dice por videoconferencia desde un lugar que no revela porque se siente intranquila. Desde el asesinato de su madre en Ciudad Juárez, ella y su familia se han tenido que mudar tres veces por seguridad después de que su abuela recibiera cinco balazos, en diciembre de 2011, y una puñalada en la cara, dos meses después. Es lo que le pasa a muchos familiares de víctimas que deben desplazarse por las amenazas que reciben del crimen organizado o del entorno de los agresores. Jade ya no se mueve sola.
Hace dos años, detuvieron por el feminicidio de su madre a una persona. La detención de ese hombre es una excepción dentro de las estadísticas de México, donde la mayoría de crímenes contra mujeres quedan impunes. “En tres meses hicieron lo que no habían hecho en 17 años”, lamenta Jade, que está convencida de que la persona señalada no es el agresor de su madre. “Fue 12 días después de que tuvimos audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, señala porque desconfía de la coincidencia. Casi dos décadas después del asesinato de Lilia Alejandra, Jade aún no encuentra las respuestas que busca: por qué ella; por qué no la dejaron viva; por qué se la llevaron.
Fuente: elpaís
