En 2020, el año de la pandemia, México registró 36.579 asesinatos, cifra parecida a la registrada el año anterior. Divulgados este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, los nuevos datos confirman una realidad pesarosa para el país, estancado en unos niveles de violencia altísimos, sobre todo en algunos estados del centro y el norte como Guanajuato, Baja California o Chihuahua. México se mantiene así en una tasa de 29 homicidios por cada 100.000 habitantes, parecida a la de Brasil, uno de los países que más asesinatos registra en el mundo.
La estadística sorprende porque recoge datos de los meses duros de la pandemia, momento en que las calles del país se vaciaron. México nunca impuso un confinamiento como los que se vieron en Europa, pero el conjunto de las administraciones insistió en la necesidad de quedarse en casa, consejo seguido, al menos durante los primeros meses del año. De hecho, las cifras preliminares de asesinatos de 2020 señalaban un descenso de enero a junio. Esa tendencia a la baja finalmente se ha revertido.
Cruce entre datos de los servicios forenses, el registro civil y las fiscalías, las cifras del Inegi presentan un panorama difícil de obviar para el Gobierno y su presidente, Andrés Manuel López Obrador. A su toma de posesión, en diciembre de 2018, los altos niveles de violencia aparecían ya como uno de los problemas más graves del país. Dos años más tarde, la situación no ha mejorado. En este tiempo, el gabinete de seguridad de López Obrador ha señalado que al menos el Gobierno ha logrado detener la tendencia al alza. Con más de 35.000 asesinatos registrados en 2019 y 2020, cifras récord desde que empezó la cuenta en 1990, la pregunta es si estabilizarse en niveles tan altos de violencia puede considerarse un logro.
Los estados que destacan en el índice son Guanajuato, Chihuahua, Baja California, el Estado de México, Michoacán y Jalisco, todos por encima de los 2.000 asesinatos. Mención especial para Guanajuato, con 5.373. En solo un año, de 2019 a 2020, el número de homicidios dolosos en una de las regiones industriales más importantes del centro del país aumentó en más de 1.300. Así, en 2020 Guanajuato contó 87 asesinatos por cada 100.000 habitantes, tasa más alta que las registradas en los últimos años en países como Honduras o El Salvador. En Chihuahua, la tasa es de 92 y en Baja California, de 78.
El caso de Guanajuato es especialmente interesante porque hace poco menos de un año, el 2 de agosto de 2020, las autoridades detuvieron allí a José Antonio Yepez, El Marro, líder de una banda de ladrones de combustible, presentado ante la sociedad como uno de los mayores generadores de violencia en la zona. Durante años, El Marro y su grupo, autonombrado Cartel de Santa Rosa de Lima, habían disputado parte del territorio estatal a uno de los grupos asociados al Cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG.
Apresado El Marro, perseguida su familia y colaboradores cercanos, la violencia en el Estado debía bajar, cosa que no ocurrió. En junio, Guanajuato registró 448 asesinatos, en julio, 420, igual que en agosto, mes en que apresaron a El Marro. En septiembre, las autoridades recuperaron los cadáveres 428 personas asesinadas en el Estado. En octubre fueron 539, en noviembre 601 y en diciembre 538.
Una de las características del plan de seguridad del Gobierno de López Obrador es su falta de interés por apresar líderes criminales, punta de lanza de la estrategia de las administraciones anteriores, al menos sobre el papel. El caso de El Marro supuso una excepción y contradice la actuación de las autoridades en casos similares, como la detención fallida de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, en octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa. Entonces, el Ejército evitó apresar al presunto narcotraficante para evitar un baño de sangre, según explicó el Gobierno.
El problema es que no se adivina una estrategia que ocupe el puesto de planes anteriores. López Obrador ha reconocido que la violencia es un problema que les está costando atajar, pero lo plantea como una situación que acabará resolviéndose por las bondades de los programas sociales del Gobierno, o sus constantes llamados a la bonhomía de la población. Su primer secretario de seguridad, Alfonso Durazo, renunció hace unos meses para competir por la gubernatura de Sonora. Su sustituta, Rosa Icela Rodríguez, que hasta hace un año aún trabajaba para el Gobierno de Ciudad de México, ha adoptado un perfil discreto, aparentemente subordinado al empuje de las Fuerzas Armadas.
López Obrador ha fiado cualquier mejoría al quehacer del Ejército, la Marina y la corporación que impulsó desde su victoria en las elecciones de 2018, la Guardia Nacional. Creada como parte de la secretaría de seguridad, la Guardia Nacional está compuesta mayoritariamente por militares. El Ejército se encarga además del adiestramiento de los reclutas y la parte operativa. La semana pasada, el presidente anunció financiamiento adicional para la corporación, mostrando de nuevo sus cartas: la estrategia de seguridad es el fortalecimiento de la Guardia Nacional.
Fuente: elpaís
