El 14 de septiembre de 1813, en Chilpancingo, hoy capital del estado de Guerrero, ante los integrantes del primer Congreso Constituyente del México insurgente, el Siervo de la Nación, don José María Morelos y Pavón, cinceló en la historia del país “Los Sentimientos de la Nación”.
Entre sus enunciados advertía:
“Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto (…) Que las leyes generales comprendan a todos, sin excepción de cuerpos privilegiados (…) Que para dictar una ley se haga junta de sabios en el número posible, para que proceda con más acierto…”.
Aspiración enorme, que no siempre se ha cumplido en todas sus dimensiones y mucho menos en un país en donde las leyes se ajustan al gusto e interés de los poderosos circunstanciales y sus aliados, para crear los andamiajes jurídicos que justifiquen la depredación y la rapiña con el dinero y los bienes públicos, en beneficio de cofradías abusivas y privilegiadas.
Es verdad que México es un país roto, dividido y confrontado. Sin embargo, la enorme grieta que separa en dos polos a los mexicanos se fue ampliando por la desigualdad, los abusos, los excesos y las corruptelas de aquellos que desde el poder formal y en alianza con poderes fácticos, privilegiaron el bienestar y la felicidad de unos pocos, sobre la desventura y la desgracia de la mayoría.
Este México confrontado y dividido en el que ahora vivimos, no se edificó en tres o cuatro años, fue producto de la voracidad y el saqueo desmesurado de quienes desde el poder han considerado este país como patrimonio de las élites clasistas, racistas y discriminatorias, de confradías que proclaman el destino manifiesto de haber heredado, hasta por mandato casi divino, posiciones de poder y privilegios.
El martes 5 de febrero del 2019, dos meses después de la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador, se conmemoraron 102 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente desde el 5 de febrero del 1917.
Desde 1917 hasta el 2018 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos experimentó 707 reformas, algunas de ellas salvajes, que desfiguraron su originalmente armonioso cuerpo, que abrigó, al ser promulgada, 136 artículos y 16 transitorios, que hablaban con certeza de la más apasionada historia de México y de las luchas, pacíficas y armadas, de millones de mexicanos que soñaban con un país mejor, más generoso y más justo. Sueño que, después de un siglo, todavía está muy lejos de cumplirse.
Muchas de esas reformas se hicieron para facilitar el saqueo de las riquezas de la nación y para enajenar muchos de sus bienes, que fueron privatizados para enriquecer a los socios y cómplices de políticos voraces y traidores a la patria.
En su conferencia matutina del martes 29 de enero del 2019, López Obrador aseguró que el expresidente priista (1988-1994) Carlos Salinas de Gortari era el “padre de la desigualdad moderna” en nuestro país.
Hay otras voces y otros ecos que hablan de la etapa neoliberal a la que estuvo sometido México en las más recientes tres décadas.
“La presidencia de Carlos Salinas (1988-1994) entrañó para México una transformación radical en varios terrenos. En el económico y comercial, las reformas estructurales y constitucionales, la privatización general de las empresas públicas, la supresión de la reforma agraria heredada de la Revolución y la creación del TLCAN abundaron en una modernización de corte liberal, mudanzas que junto con otras reformas de calado en el sistema político coadyuvaron, paradójicamente, al final de la larga supremacía de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI)”, advierte un informe publicado por el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), actualizado el 13 de mayo del 2022.
FRENESÍ REFORMISTA
Desde el 5 de febrero de 1917 hasta diciembre del 2018, en 101 años de vigencia, según datos que se pueden consultar en la plataforma digital de la Cámara de Diputados de la Federación, la Constitución Política de México experimentó 707 reformas. Tan sólo entre 1982 y 2018, en 36 años, se le hicieron a la Constitución 494 reformas, el 69.87 por ciento del total realizadas desde su promulgación hasta diciembre del 2018.
El gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) promovió 66 reformas constitucionales; el de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) hizo 55; el de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) realizó 77 reformas; el de Vicente Fox Quesada sumó 31; Felipe de Jesús Calderón Hinojosa concretó 110 y Enrique Peña Nieto agregó otras 155 reformas constitucionales.
En este periodo hubo cambios muy profundos en el país con el desmantelamiento y la privatización de los bienes del Estado.
“Bajo la Administración de Salinas se ejecutaron las grandes transformaciones estructurales que el presidente consideraba ineludibles para conformar el México moderno del próximo siglo. De entrada, se aceleró la campaña de privatizaciones comenzada en 1982, viéndose afectadas ahora todas las grandes empresas del Estado”, agrega el referido informe del Barcelona Centre for International Affairs.
Agrega el documento: “Así, fueron entregados al capital privado la telefonía (Telmex, una compañía plagada de denuncias por negligencia en el servicio que en diciembre de 1990 fue adjudicada en pública subasta a un consorcio encabezado por el magnate Carlos Slim Helú), las comunicaciones viales y las aerolíneas, el sector químico, el siderúrgico (Altos Hornos de México), los seguros, las cadenas hoteleras, los medios de radiodifusión (Imevisión, que dio lugar a la TV Azteca) y, finalmente, la banca”.
“El segundo florón del ‘liberalismo social’ pregonado por Salinas fue la modificación, en diciembre de 1991, del régimen minifundista del ejido, perpetuado como la principal conquista social de la Revolución pero que, según el Gobierno, dificultaba la mecanización y la capitalización del agro mexicano por la reducida extensión de las parcelas comunitarias”, explica el estudio de CIDOB.
Concluye: “La enmienda del artículo 27 de la Constitución suprimió el marco jurídico de la reforma agraria realizada en el periodo cardenista, poniendo fin al reparto de terrenos, convirtiendo a los tres millones de ejidatarios en propietarios formales y autorizando a las sociedades con capital privado la adquisición, reventa o arriendo de los ejidales con determinados límites de superficie. En círculos izquierdistas no hubo ambages en hablar de verdadera contrarreforma agraria”.
DESIGUALDAD
El 30 de mayo del 2017 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó el estudio denominado “Panorama Social de América Latina 2016”, en el que advertía que los niveles de desigualdad en Latinoamérica se habían estancado desde el 2012.
La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena Ibarra, explicó que México es uno de los países en los que la riqueza está muy mal distribuida, pues de todos los activos financieros del país, el 80 por ciento son propiedad de sólo el 10 por ciento de la población, en tanto que el uno por ciento de la población acapara más de un tercio de esa riqueza, según publicó en esa fecha nuestro diario digital SinEmbargo.
Al referirse al Coeficiente de Gini, que mide el grado de desigualdad en un país, en el cual cero representa ausencia de desigualdad y uno es equivalente a la desigualdad máxima, advertía la entonces secretaria ejecutiva de la CEPAL: “Puede ser que en desigualdad de ingreso México presente un Gini superior al 0.45 pero cuando nos vamos a la riqueza estamos en 0.79 y eso nos parece muy relevante”.
Ninguno de los gobiernos que estuvieron en el poder entre 1982 y 2018 llevó a los mexicanos al paraíso. Sólo profundizaron la grieta de las desigualdades, pero eso sí, apoyados en reformas constitucionales diseñadas para hacer prevalecer un estado de derecho que facilitó el saqueo, los privilegios y llevó a niveles de escándalo la corrupción.
Fuente: sinembargo
