Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), ha aceptado convertirse en testigo colaboradora de la Fiscalía, según aseguraron el lunes a este periódico fuentes próximas a la defensa y ella misma ha confirmado esta tarde. La política mexicana, en prisión preventiva desde hace más de un año, se ha acogido al llamado criterio de oportunidad, por el que el Ministerio Público puede ofrecerle beneficios a cambio de información. Según uno de sus abogados, Robles prevé acusar al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray del desvío de recursos públicos a varias campañas electorales del PRI. La cooperación de Robles abre otro boquete en el círculo de Peña Nieto, ya muy golpeado por las continuas acusaciones de corrupción, y amenaza con estrechar aún más el cerco sobre el expresidente.
La funcionaria, encarcelada por su presunta vinculación a la trama corrupta conocida como La Estafa Maestra, mantiene su inocencia. El abogado Sergio Arturo Ramírez ha asegurado que señalará a Videgaray, mano derecha de Peña Nieto, como responsable del desvío de recursos millonarios a las campañas electorales, incluida la que devolvió al PRI al poder en 2012. El dinero también habría sido utilizado, de acuerdo a esta versión, en las elecciones intermedias de 2015, así como en los comicios del Estado de México de 2017 y la elección presidencial de 2018, con José Antonio Meade como candidato priista. “Fue Luis Videgaray quien dio instrucciones expresas para que se utilizaran recursos”, ha dicho el abogado a la salida del penal en el que se encuentra su representada.
Sin embargo, algunas horas después, Robles ha tomado cierta distancia de las aseveraciones de su defensa. “Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo. He instruido a mis abogados atenerse al procedimiento judicial. Lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad”, ha afirmado este martes en su cuenta de Twitter. Por su parte, Videgaray, actualmente profesor del MIT en Estados Unidos, ha tachado las acusaciones del abogado de “completamente falsas” y “carecer de sustento alguno”, en un comunicado publicado este martes. “Yo nunca fui jefe de la Maestra Rosario Robles. Ni ella, ni sus colaboradores recibían instrucciones de mi parte”, ha respondido, además de negar cualquier participación en el entramado de corrupción por el que la exfuncionaria está en prisión preventiva.
Titular de la Secretaría de Desarrollo Social entre 2012 y 2015 y de la de Desarrollo Territorial hasta el final del sexenio pasado, Robles ingresó a prisión en agosto de 2019 tras ser acusada por la Fiscalía de un delito de omisión en el marco de La Estafa Maestra. Este entramado supuestamente desvió 15.000 millones de pesos (673 millones de dólares) a través de las oficinas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Banco Nacional de Obras.
La decisión de colaborar supone un giro en la estrategia judicial de Robles. Hasta ahora, la exsecretaria había rechazado las ofertas de la Fiscalía y afirmaba que la investigación abierta contra ella era producto de una venganza política del actual Gobierno. Para explicar el cambio de rumbo, fuentes cercanas a la defensa dicen que está “cansada y enferma” y aseguran que “en los próximos días” se dará a conocer una “declaración ministerial” de la ex alto cargo.
Robles sigue los pasos de otro compañero de Gabinete, Emilio Lozoya, ex director general de Pemex. El funcionario se acogió en julio al criterio de oportunidad tras ser arrestado en España acusado de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. En su declaración ante el Ministerio Público mexicano, Lozoya señaló que Peña Nieto y Luis Videgaray tenían pleno conocimiento de sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht a una retahíla de políticos mexicanos de diversos partidos para, entre otras cosas, facilitar la aprobación de la reforma energética y obtener contratos de obra pública.
La cooperación de Robles representa otra victoria de la Fiscalía en su intento por investigar la corrupción rampante de la anterior Administración. Hace un par de semanas se divulgó la intención del organismo de acusar a Peña Nieto de traición a la patria, cohecho y fraude electoral. Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha apoyado una consulta de cuestionada legalidad para decidir si se juzga a los últimos mandatarios. Está prevista que se celebre en verano del año próximo.
El criterio de oportunidad, una de las claves del éxito de la Fiscalía, está contemplado en el artículo 21 de la Constitución mexicana y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bajo este esquema de quid pro quo, el acusado debe aportar información sobre personajes de mayor rango que desemboque en la persecución de un delito más grave, así como comprometerse a testificar en un juicio contra ellos.
Fuente: elpaís
