Es necesario evaluar la eficacia de la reforma judicial

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No es suficiente elegir nuevos jueces. Es necesario comprobar que la justicia se imparte con mayor oportunidad y calidad jurídica.

Quienes acudimos cotidianamente a los tribunales comenzamos a preguntarnos si la justicia está funcionando mejor después de la reforma judicial. No se trata solamente de quiénes ocupan ahora los juzgados, sino de cuánto tardan en resolver y, sobre todo, de la calidad de sus decisiones.

 Desde mi experiencia profesional, percibo que algunos procedimientos están tardando más. Los acuerdos de trámite, las resoluciones interlocutorias y las sentencias parecen enfrentar mayores demoras. También observo resoluciones con deficiencias de fundamentación, omisiones en el estudio de pruebas y, en ocasiones, contradicciones dentro de una misma sentencia.

 Incluso encontramos sentencias que niegan la acción porque no se acreditó alguna circunstancia y, en la misma resolución, el juez la tiene por acreditada. Esto obliga a las partes a recurrir a una segunda instancia para corregir errores que debieron evitarse desde el primer momento, con la consecuente pérdida de tiempo y dinero para quienes buscan justicia. Parecería que los jueces, ante deficiencias técnicas o cargas de trabajo, están apostando por resolver a medias y pasar el problema a la apelación o al amparo.

 Estas observaciones son percepciones derivadas del ejercicio profesional, compartidas también por algunos colegas, no resultados de una investigación científica. Pero precisamente por eso es necesario preguntarnos si las instituciones están midiendo lo que realmente importa.

 El problema del rezago tampoco es imaginario. En agosto de 2026, el Órgano de Administración Judicial Federal reconoció 210,459 asuntos con retrasos en el dictado de resoluciones, equivalentes al 62.70 por ciento del universo examinado. Su diagnóstico distingue causas estructurales, como la carga de trabajo, y factores humanos relacionados con el desempeño del personal jurisdiccional.

Aunque esas cifras corresponden a tribunales federales, demuestran que ya existen herramientas para medir retrasos. También se han establecido mecanismos de evaluación del desempeño judicial. El reto es conocer, además de la productividad, la calidad de las sentencias y las consecuencias de sus deficiencias.

 El artículo 17 constitucional reconoce nuestro derecho a recibir justicia pronta, completa e imparcial. Esa obligación no se satisface simplemente dictando sentencias. También exige estudiar los argumentos, valorar las pruebas y explicar con claridad las razones de cada decisión. Una sentencia deficiente puede prolongar durante años un conflicto que debió resolverse oportunamente.

 Por ello, resulta indispensable publicar evaluaciones periódicas que permitan conocer cuánto tarda cada juzgado en acordar y resolver, cuántas sentencias se modifican o revocan por errores de fundamentación, contradicciones u omisiones, y cuánto tiempo adicional cuesta corregirlas. Comparar estos resultados antes y después de la reforma, por materia y carga de trabajo, permitiría valorar sus efectos con datos y no solamente con percepciones.

Cambiar por voto a quienes imparten justicia no significa necesariamente mejorarla. La reforma judicial no debe pedirnos confianza por haber cambiado a los jueces, sino ganársela mediante resoluciones oportunas, fundadas y motivadas. La verdadera transformación debe sentirse en los tribunales y, especialmente, en la vida de quienes esperan justicia. ¿Usted qué opina?

Fuente: Heraldo de México

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