El polémico programa conocido como “Quédate en México” puede volver a ver la luz. Un juez del Estado de Texas ha emitido una orden para que la Casa Blanca restaure el Protocolo de Protección de Migrantes (MPP), una iniciativa lanzada durante el Gobierno de Donald Trump que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar al sur de la frontera hasta que se resuelvan sus casos en las cortes estadounidenses. La Administración del demócrata Joe Biden, que comenzó a desmantelarlo a principios de año, tiene un plazo de siete días para apelar el fallo.
El juez federal Matthew Kacsmaryk, nominado por Trump, ha respaldado su decisión en que el Gobierno de Biden no consideró “los beneficios del programa”, sobre todo para disuadir la llegada de migrantes indocumentados a la frontera con México. El fallo, dado a conocer a última hora del viernes, se lee como una victoria para los fiscales de Texas y Misuri, que habían apelado en abril la instrucción de Washington de dar marcha atrás con el programa, en un acto que Kacsmaryk calificó de “arbitrario y caprichoso”, de acuerdo con Reuters.
La Casa Blanca emitió en junio pasado un boletín que anunciaba el fin “formal” del MPP, que ha provocado reclamos entre organizaciones civiles y círculos académicos por exponer a los solicitantes a condiciones precarias e inseguras en la franja fronteriza de México, que lleva más de una década azotado por la violencia de la guerra contra el narcotráfico. Desde que Trump anunció la puesta en marcha, se calcula que unas 60.000 personas han tramitado sus solicitudes fuera de territorio estadounidense. Biden prometió que acabaría con el programa apenas llegara al poder y actualmente los solicitantes de asilo ya no pueden inscribirse.
Los defensores del MPP, un símbolo de las políticas migratorias de la era Trump, argumentan que el requisito de impedir la entrada a solicitantes de asilo sin papeles es una válvula de escape al saturado sistema migratorio de EE UU. El programa, sin embargo, convirtió el trámite en un inmenso cuello de botella, a menudo señalado como deliberadamente lento. Las personas, en su mayoría en éxodo desde Centroamérica, huían de condiciones de violencia y pobreza para encontrarse atrapados a unos metros de suelo estadounidense y eran presa de intermediarios que les ofrecían un trámite expedito. Los procesos, incluso, se hicieron más lentos con el estallido de la pandemia, que redujo aún más las capacidades institucionales del Gobierno estadounidense.
Kacsmaryk aseguró que Estados como Texas y Misuri se veían vulnerados porque los solicitantes que lleven su proceso en el país harían uso de los servicios sanitarios y educativos. También refirió que el desmantelamiento del MPP no se hizo con apego a la ley y ordenó al Gobierno de Biden restablecerlo hasta que encontrara una alternativa “legal”. De recurrirse el fallo, se prevé un proceso largo y que desembocará previsiblemente en la Suprema Corte.
En julio, los cruces fronterizos rompieron un nuevo récord, con más de 212.000 encuentros informados por las autoridades estadounidenses. Es la cifra más alta en 20 años. Esta misma semana, la Administración de Biden anunció que expandirá un sistema electrónico de registro para que los solicitantes de asilo inicien el trámite de forma remota. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, habló de un fenómeno de llegadas “sin precedentes” y dijo que dar una alternativa a los solicitantes, ya sea con sus teléfonos o por Internet, puede ser una forma de bajar los flujos migratorios.
Mayorkas, que visitó México el pasado martes, puso de nuevo el tema migratorio en el centro de la agenda bilateral, uno de los puntos más cuestionados en el arranque del mandato de Biden. Tras una reunión con el secretario de Exteriores, Marcelo Ebrard, ambos países se comprometieron a controlar el tránsito irregular de migrantes. Estados Unidos ha registrado 1,2 millones de arrestos de inmigrantes irregulares desde el pasado octubre, mientras que el Gobierno mexicano reveló la semana pasada que en los primeros siete meses del año recibió una cifra récord de 64.378 solicitudes de asilo. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, y la vicepresidenta, Kamala Harris, también sostuvieron una llamada telefónica en la que la crisis migratoria estuvo entre los asuntos principales. Mayorkas añadió que lo más probable es que la frontera entre ambos países siga cerrada de forma parcial al tráfico no esencial por un par de meses más.
Fuente: elpaís
