Ciudad de México.- El año pasado, 15 activistas ambientales fueron asesinados en México, de acuerdo con un reporte del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
En total, la organización identificó 39 ataques de diferentes tipos contra personas que defienden los derechos de la tierra, el territorio y el medio ambiente, por lo que el 2019 fue el año con el menor número de agresiones en los últimos seis años.
Sin embargo, casi un tercio de los casos fueron homicidios, como el de Samir Flores Soberanes, quien se oponía al Proyecto Integral Morelos (PIM) y fue silenciado el 27 de febrero de 2019 en vísperas de una consulta ciudadana propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
«Al igual que el 2018, este año el homicidio fue la principal agresión cometida contra las personas defensoras del medio ambiente, cuestión que resulta altamente preocupante», apunta el documento.
Las agresiones en Morelos se elevaron el año pasado en el marco del impulso al PIM, con cuatro ataques registrados, indica el «Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales 2019».
En Quintana Roo se identificó una agresión en el contexto de la planeación del Tren Maya.
La mayoría de los ataques contra defensores del medio ambiente están relacionados con proyectos de energía eléctrica: uno de cada cuatro casos está vinculado con este sector.
Al igual que en el 2018, el Gobierno fue identificado como el principal agresor. Las fiscalías locales, policías estatales y la Guardia Nacional fueron las instituciones señaladas en las agresiones.
Oaxaca es la entidad que registró el mayor número de ataques, con seis; seguida por Puebla, Morelos, Chiapas y el Estado de México, cada una con cuatro.
Registran casi 500 ataques
En los últimos ocho años, el Cemda ha registrado 499 ataques contra los defensores del medio ambiente en México.
Los años con mayor número de casos fueron 2015 y 2016, con 107 y 85, respectivamente.
Además, del 2012 al 2019 ocurrieron 83 casos de homicidios: 68 del sexenio anterior más 15 del primer año de la actual Administración.
El Cemda advirtió que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no ha logrado reducir las agresiones contra activistas ambientales.
Ante este panorama, la organización exhortó al Gobierno mexicano a ratificar el Acuerdo de Escazú, el primer tratado en el mundo que plantea la obligación por parte de los Estados de proteger a las personas defensoras del medio ambiente.
México lo firmó el 27 de septiembre de 2018, pero todavía no lo ha ratificado.
«Dicha ratificación sería un paso fundamental hacia el reconocimiento del papel de las personas defensoras de derechos humanos relacionadas con el medio ambiente», se lee en el informe.
Fuente: SIPSE
