El 5 de octubre, un grupo de personas tomó la plaza de cobro 184, Francisco Velasco Durán, también conocida como Alpuyeca, en el Estado de Morelos. La mayoría provenía de la sierra de Guerrero, aunque había individuos procedentes de Michoacán y de Ciudad de México. Aparentemente llegaron hasta la autopista del Sol en autobuses que sustrajeron y a cuyos conductores mantenían secuestrados. Cada uno de ellos cobraba hasta 1.500 pesos al día (unos 70 dólares) por mantener tomada la caseta. Les pagaba el crimen organizado. A cambio tenían que recaudar entre 50 y 100 pesos a todos los vehículos que querían cruzar el puesto. El martes por la tarde, un despliegue táctico del Grupo Fusión-UECS detuvo a 78 de ellos y liberó a los tres chóferes, dos de los cuales llevaban días raptados dentro de sus propios autobuses. Ese es el relato que ha establecido la Fiscalía General de Morelos para probar que detrás de la toma de caseta están “grupos delincuenciales” más grandes y coordinados y no “manifestantes”.
Las fotografías difundidas en las redes sociales de la Fiscalía muestran a 45 hombres y 12 mujeres. También fueron arrestaron 21 menores que han pasado a disposición de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. “Son chavos de los que se aprovecha esta gente, estos líderes. Tienen 15 o 16 años. Aprovechan la mala situación económica de estos jóvenes, que tienen que hacerlo para poder comer. Ojalá que no caigan en estos personajes que le siguen haciendo daño al país. Tenemos que investigarlo”, dijo el jueves el gobernador de Morelos, el exjugador de fútbol Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Al día siguiente del operativo fueron detenidas otras 69 personas que se manifestaron contra el arresto de sus compañeros. La Fiscalía de Morelos alega que agredieron a los cuerpos policiales. Las imágenes difundidas también muestran la violencia utilizada por las autoridades en la detención.
La toma de casetas de peaje es una imagen habitual en México. Al día se toman alrededor de 20 y en los dos últimos años han provocado la pérdida de más de 6.000 millones de pesos (casi 300 millones de dólares) en vías federales, según Marco Frías, director de la Asociación Mexicana de Concesionarias de Infraestructura Vial. Tradicionalmente esta toma estaba vinculada a protestas de movimientos sociales: maestros, estudiantes, jornaleros. Ahora, el Gobierno mexicano ha pasado a conocerlos como el “huachicol carretero” y a encontrar sus vínculos con el crimen organizado. Lo ocurrido esta semana en Morelos es una prueba más de quiénes son los nuevos dueños de la toma de casetas.
La fiscal Especializada contra el Secuestro y la Extorsión, Adriana Pineda Fernández, asegura que todavía no saben quién es el “grupo delincuencial” que está detrás del bloqueo en Morelos. Sí saben que de los 78 detenidos, 61 son originarios de Guerrero y muchos vienen de los mismos municipios —Ometepec y Chilpancigo—, de la misma colonia e incluso de la misma unidad habitacional. ¿Cómo los reclutan? ¿Quién hace la logística para traerlos de dónde vienen? ¿Y cuál es el modo de operar de esos grupos? Lo están todavía investigando. De momento, los detenidos van a ser acusados de secuestro, daños y lesiones.
El periódico Reforma informa que tras cruzar las imágenes y los vídeos difundidos por la Fiscalía de Morelos se ha identificado a uno de los líderes de los bloqueos: Eduardo Vidal, el Caña. Las autoridades lo asocian con el grupo criminal Guerreros Unidos, la banda vinculada a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El gobernador de Morelos ya anunció el jueves en una rueda de prensa, acompañado de fiscales y autoridades policiales, que se planta ante la toma de casetas: “No podemos permitir estos atropellos. Dicen que son manifestantes, pero agreden a los conductores. Todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse, pero no vamos a permitir las agresiones. Si vienen de otros Estados, nosotros estamos preparados. Contamos con la Guardia Nacional para que nos apoye”.
Fuente: elpaís
