El pasado 8 de abril, un comando armado robó un importante cargamento de lingotes de doré (oro y plata) de la mina Mulatos, en el municipio de Sahuaripa, Sonora (norte de México). Los hombres llegaron por tierra y aire al yacimiento de la compañía canadiense Álamos Gold y sometieron al personal en pocos minutos. Como si de una película se tratase, después de cargar el botín, los ladrones huyeron hacia la sierra en una avioneta que les estaba esperando en la propia pista de aterrizaje de la mina. Ese fue el segundo robo en pocas semanas que se producía en un yacimiento de la región. Preocupados por la situación de creciente inseguridad, las mineras presionaron al Gobierno y su mensaje de auxilio fue escuchado por Andrés Manuel López Obrador.
Seis meses después, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Economía (SE) y la Cámara Minera de México (Camimex) anunciarán este domingo la creación de una nueva policía encargada de proteger los yacimientos del país. Esta policía formará parte del Servicio de Protección Federal (SPF), un área policial dentro de la SSPC que brinda protección similar a la de los agentes de seguridad privada, vigilancia de inmuebles y escolta. Desde la Secretaría que dirige Alfonso Durazo esperan que el Servicio de Protección Federal llegue a reclutar a 50.000 policías este sexenio para proteger no solo las minas, sino otros sectores estratégicos como puertos y aeropuertos, según información compartida con este diario.
De momento, la policía minera solo cuenta con 118 agentes, recién graduados el mes pasado, según la prensa local. Serán las empresas las que costeen la nueva corporación y contraten sus servicios. “Se trata de una estrategia más amplia de seguridad en la que habrá una coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública federal y estatal, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y con las zonas militares para buscar la manera más amplia de prevenir la inseguridad y disuadirla”, señala Francisco José Quiroga, subsecretario de Minería hasta el pasado agosto, cuando se disolvió la dependencia.
El nuevo cuerpo policial es recibido con agrado y se considera una mano tendida de López Obrador a los empresarios mineros en contra de la inseguridad. El propio Quiroga reconoce que estuvo amenazado por el narco cuando era subsecretario de Minería. “La autoridad está secuestrada por la corrupción, la falta de recursos y la intimidación. Efectivamente tuve varias instancias de intimidación, desde recordatorios amables hasta amenazas abiertas”, afirma. “Actualmente, las mineras en México destinan entre un 2% y un 4% de su gasto operativo a labores de seguridad, lo que es muchísimo y resta competitividad a México”, apunta el exsubsecretario Quiroga. Según la clasificación internacional de seguridad de los principales destinos para la minería en América, México se sitúa en el número 71 de 76, por detrás de Argentina y Chile, según el último informe de la Camimex, que decidió por ahora no dar entrevistas sobre este tema.
Los nuevos agentes desempeñarán, por el momento, labores de vigilancia en algunas instalaciones de Sonora así como la protección de cargamentos durante los traslados para evitar robos. México tiene 274 minas operativas distribuidas por todo el país y otros 1.000 yacimientos más en exploración y construcción, por lo que el anuncio de la nueva policía representa más un gesto hacia la iniciativa privada que una estrategia de seguridad integral que acabe con los ataques del crimen organizado a la minería. “Las capacidades son muy limitadas con solo 118 policías”, opina Alan Zamayoa, analista de riesgo en la consultora Control Risks. “No creo que vaya a ser un cambio sustancial, todavía no se conocen sus capacidades de armamento pero dudo que tengan mucha fuerza”, agrega.
Actualmente la SSPC ya ha recibido la petición de varias mineras interesadas en la protección de estos nuevos policías. Mientras Zamayoa cree que el capital privado significará tener más recursos para equipamiento y armamento, varias organizaciones dedicadas a defender el medio ambiente y los derechos humanos frente a las mineras han encendido las alarmas. Las recientes imágenes de la represión de una protesta en Chihuahua que enfrentó a la Guardia Nacional contra agricultores en defensa del agua y que dejó dos muertos siembra dudas sobre si esta policía podría ser destinada también a controlar la protesta social. “El mensaje que está lanzando el Estado es que hay cierta prioridad para proteger antes los intereses privados que los intereses de los trabajadores o de las comunidades”, dice Francisco Reynoso, investigador del Programa de Territorio, Derechos y Desarrollo en FUNDAR.
“Existe una demanda potencial de unos 1.056 elementos del SPF para las empresas que han mostrado interés en nuestro servicio”, refiere la dependencia a través de un comunicado. La Secretaría asegura que los nombres de las mineras y las instalaciones donde estarán desplegados los nuevos policías “se omiten por razones de confidencialidad de los contratos”.
El coronavirus despierta el interés del narco en las minas
Si bien es cierto que la amenaza del crimen organizado a la minería no es nueva, la pandemia ha trastocado algunos de los negocios que los cárteles tenían en estas regiones. “Hemos notado un cambio en las actividades de estos grupos. A las amenazas, los sobornos y el cobro de piso se suma un aumento en los robos de minas por ser lugares aislados con materiales valiosos”, explica Alan Zamayoa. La industria minera nacional se encuentra principalmente en zonas rurales, aisladas y extensas del territorio mexicano, donde hay escasa población, poca presencia de la autoridad y vías de comunicación agrestes. En estos espacios muchas veces opera la delincuencia organizada, realizando acciones como trasiego de droga, personas, armas y dinero. “Hemos observado que durante estos meses algunos grupos han tratado de llegar a lugares donde no tenían influencia. Por ejemplo, el Cartel Jalisco Nueva Generación en Zacatecas y una facción del Cártel de Sinaloa en Caborca (Sonora). Estos grupos aprovechan que la situación está tranquila y tratan de hacer la avanzada en los municipios”, señala Zamayoa.
Con la frontera de Estados Unidos cerrada y más vigilada por la pandemia, la caída en el precio de las drogas tradicionales como la cocaína y la marihuana y la llegada de las drogas sintéticas, los cárteles se han abierto camino buscando otros recursos en territorios donde lo más sustancioso son los yacimientos mineros. “El sector minero está en riesgo ya que sus operaciones comparten el territorio con las de los grupos delictivos y gran parte de las empresas no están totalmente preparadas con medidas de seguridad adecuadas para este tipo de amenazas”, dicen desde la Secretaría de Seguridad.
A pesar de la escasa incidencia de la minería en las arcas del Estado con menos del 1% del PIB, se trata de un sector con una influencia política considerable. Pese a que el Gobierno declaró que no dará más concesiones mineras, tampoco tocará las existentes. Durante la pandemia, por ejemplo, la Camimex, que reúne a la mayoría de las mineras privadas que operan en el país, presionó a las autoridades para no paralizar su producción durante la emergencia sanitaria. Camimex llegó a pedir la ayuda del embajador de Estados Unidos para que la minería fuera reconocida como una actividad esencial y poder retomar pronto sus operaciones. A principios de mayo, el Consejo de Salubridad decidió sumarla a la lista de actividades esenciales junto con la construcción y la fabricación de equipo de transporte. Según la SSPC, las zonas prioritarias para el despliegue de la policía minera son Guerrero, Jalisco, Chihuahua, Sonora, Durango, San Luis Potosí y Coahuila.
Fuente: elpaís
