Hay muchas maneras a través de las cuales un gobierno autoritario procura frenar a sus opositores y a las instituciones que le hacen contrapeso, una sin duda es el uso de los recursos de comunicación, otra es minarlos para volverlos inoperantes.
Lo que hemos visto a lo largo de estos últimos cinco años es la confirmación de lo anterior. El tono y el contenido de la narrativa del Ejecutivo federal contra todo aquello que considera que se le opone se ha ido incrementando y no tiene reparos al recurrir a falacias, acusar a personas de los problemas nacionales para reducir a la voluntad de individuos el transcurrir de la historia y así construirse la imagen del gran líder. Todo parece sacado de un manual para el efecto.
Ahora bien, el discurso no es suficiente, se trata de cooptar a las instituciones y si esto no se logra, hacerlas inoperantes. Se puede intentar desaparecerlas o reducir sus atribuciones para lo cual se requieren reformas constitucionales y/o legales, lo que implica el control del Congreso y si eso no es así, reducir los recursos con los que cuentan e incidir en el nombramiento de quienes las dirigen.
El actual presidente de la República ha puesto todo lo anterior en juego. Ya nos hemos referido en otras ocasiones a su narrativa, ahora hay que poner atención en las otras medidas sobre las que está actuando.
En la semana que acaba de concluir aplicó a las autoridades electorales dos medidas que inciden en su operación, la presupuestal y el vacío en la integración de sus dirigencias.
Por lo que hace al presupuesto, la Comisión correspondiente en la Cámara de Diputados aplicó un recorte al INE de cinco mil 003 millones de pesos, tres mil 568 millones para una eventual consulta popular y mil 434 millones de pesos para el resto de su operación, incluido lo que requiere para la organización de las elecciones en curso. Al Tribunal Electoral Federal (TEPJF) le hizo un ajuste de 767 millones de pesos en un año en el que las actividades jurisdiccionales seguramente se incrementarán tanto en número como en complejidad.
Aun cuando no se solicitara una consulta popular para el próximo año, el recorte presupuestal para las dos instancias electorales no es menor y de aprobarse ponen al límite el despliegue que se tiene que disponer para garantizar elecciones libres y auténticas como lo define la Constitución.
Por cierto, la Cámara de Diputados está en incumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), según la cual ante un recorte propuesto por un órgano autónomo debe dar razones y no aplicarlo sin más. Otra raya al tigre.
Por otra parte, a partir del miércoles pasado, la Sala Superior del TEPJF quedó integrada por cinco miembros al concluir su gestión dos magistrados, Indalfer Infante y José Luis Vargas, quienes fueron designados en 2016 para un periodo original de tres años, pero tras negociaciones entre las bancadas de los partidos políticos, sus mandatos se extendieron hasta siete años.
La Sala Superior es la última instancia de justicia electoral en el país y requiere de al menos cuatro integrantes para poder sesionar, es decir, con cinco miembros estará en el límite. Tiene entre sus atribuciones la calificación de las elecciones federales, incluido el dictamen de cómputo de los votos y la declaración de validez de la elección presidencial.
Para calificar esta última debe sesionar con seis miembros, para lo que se previó que en caso de no contar con ese número se puede convocar al magistrado decano de las Salas Regionales.
Cuestión que muy probablemente suceda ante la instrucción presidencial que se cierne sobre el Senado de no nombrar a los magistrados faltantes de las dos ternas que ha enviado en tiempo y forma la SCJN. Una terna de mujeres y otra de hombres.
Lo anterior no es un dicho al aire, se trata de una estrategia, de una conducta sistemática, si consideramos que todo el TEPJF está incompleto. Sus cinco salas regionales y su sala especializada carecen de uno de sus tres miembros titulares y tienen que recurrir a suplentes para poder sesionar, a pesar de que la SCJN envió a tiempo sus propuestas de ternas y lo mismo sucede con una centena de nombramientos que están pendientes de designación en el Senado de la República.
La cuestión es debilitar al Poder Judicial como se ha hecho con los órganos autónomos. Estrategia que ha seguido el actual presidente de la República. He aquí una paradoja interesante, como la que se presenta para la candidatura de Morena en la CDMX. ¿Eso le viene bien a la virtual candidata de Morena? Si está tan segura de su triunfo, seguramente le convendría que el proceso electoral y en particular la calificación del mismo se haga con todas las de la ley y eso implica un Tribunal Electoral cabalmente integrado, lo cual institucional, política y hasta estéticamente parecería lo más conveniente.
Otro tema que merecerá un análisis muy cuidadoso los días que vienen, tiene que ver con los procesos de designación de los partidos políticos de candidaturas de cinco mujeres y cuatro hombres para las nueve gubernaturas que serán electas el próximo 2 de junio.
El INE definió como fechas para esos efectos y para dar a conocer las reglas de competitividad (aquellas según las cuales se postule a mujeres en entidades en las que el partido postulante sea competitivo) al menos un día antes del inicio de las precampañas en cada entidad, las cuales son las siguientes:
4 de noviembre: CDMX, Jalisco y Yucatán.
14 de noviembre: Tabasco.
24 de noviembre: Guanajuato y Morelos.
24 de diciembre: Puebla.
1 de enero: Veracruz.
21 de enero: Chiapas.
Ya veremos cómo quedan los arreglos para cumplir con esa disposición y con la real competitividad política y cuántas fisuras eso traiga consigo en los partidos y coaliciones.
POSDATA: Mi solidaridad con la consejera electoral Claudia Zavala, quien el martes pasado fue acusada directamente por el presidente de haber ordenado alterar el expediente que le mereció una reconvención por violencia política por razón de género. No, señor, ella no actúa como usted.
