La huida de Ricardo Anaya de México por la “persecución política” del presidente Andrés Manuel López Obrador evoca los años maravillosos de Enrique Peña Nieto, cuando el eje articulador de la unidad PRI, PAN, PRD y PVEM, que incluía a Vicente Fox, Felipe Calderón y a los magnates, era el lucro sin límite del Pacto por México, y ahora es la búsqueda de la impunidad.
Los más tenaces detractores de Anaya han tenido que “tragar sapos” para solidarizarse con él por las acciones legales en su contra, pero no porque lo sepan inocente —sus prácticas corruptas en el PAN son añejas y hasta los incondicionales de Calderón lo denunciaron como criminal en 2018—, sino porque forman parte de la misma investigación de la Fiscalía General de la República que tiene en la cárcel al exsenador panista Jorge Luis Lavalle.
Pero solidaridad no es apoyo a Anaya y, tras la elección de 2018, ningún grupo del PAN lo respalda hacia 2024 —Marko Cortés ya se inclinó por el gobernador Mauricio Vila—, ni siquiera los magnates que lo patrocinaron en 2018, todos —eso sí— unificados en contra López Obrador, como en la elección de 2021.
En lo único en lo que Anaya no está solo es en los sobornos que investiga la FGR y que, si no comete más errores, más involucrados serán llevados ante un juez, todos del grupo de Calderón: Ernesto Cordero —justo el que denunció a Anaya por lavado de dinero y delincuencia organizada— y Salvador Vega Casillas, secretarios de Hacienda y de la Función Pública, así como Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca, gobernadores de Querétaro y Tamaulipas.
En la investigación de la FGR con base en la denuncia de Emilio Lozoya, el corrupto exdirector de Pemex, también se encuentran Javier Lozano y Roberto Gil Zuarth, secretario del Trabajo y particular de Calderón, dos promotores también de la denuncia contra Anaya en 2018, en su momento todos prosélitos y operadores en el Senado del Pacto por México de Peña.
Un personaje clave en el esquema de comprar a los senadores panistas es el priista David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía del Senado, quien también forma parte de la denuncia que Lozoya presentó ante la FGR el 11 de agosto, exactamente un mes antes de que Anaya anunció que se reincorporaba a la política para ser candidato en 2024.
Lo que, en realidad, buscaba Anaya con su regreso a la política era anticiparse a la acción de la justicia y, más aún, buscar una negociación política con Santiago Nieto Castillo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, para incriminar a Calderón en la trama de corrupción de Odebrecht al beneficiar a la filial de ésta en México, Braskem y su socia Idesa.
Pero con Anaya o sin él, Calderón está implicado en Etileno XXI, la trama transexenal para dar privilegios millonarios al consorcio Odebrecht, que desnuda más aún el amasiato con Peña, a quien, por cierto, jamás ha hecho una sola crítica a la corrupción del sexenio…
Fuente: heraldodemexico
