El Congreso de Tamaulipas, con mayoría del Partido Acción Nacional (PAN), será el encargado de decidir si hay o no desafuero contra el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
Durante una sesión en este martes de 2 febrero, los diputados locales, por la vía fast track, aprobaron reglas de homologación para que dicha determinación le toque al Congreso local.
La propuesta cambia el artículo 44 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos de Tamaulipas. Fue aprobada con 24 votos a favor, 23 de los cuales fueron de diputados del PAN.
Francisco García Cabeza de Vaca. Foto: Cuartoscuro.
Francisco Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas, aseguró hoy que en la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) carece de evidencia sólida en su contra.
El mandatario aseguró que no se le imputan delitos relacionados con el contrabando de combustibles, narcotráfico, colaboración con el crimen organizado, o cualquier otro delito relacionado.
“A diferencia de lo que se ha especulado, en ningún momento se me imputan delitos relacionados con contrabando de combustible (huachicol), narcotráfico, colaboración con el crimen organizados o cualquier otro similar o equivalente”, detalló en un comunicado difundido en su cuenta de Twitter.
La Cámara de Diputados notificó ayer al Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca sobre el arranque del proceso de desafuero en su contra.
El viernes, funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) ratificaron ante la Cámara de Diputados, la solicitud de desafuero contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, actual Gobernador de Tamaulipas.
Los funcionarios de la FGR llegaron a San Lázaro, donde dejaron seis cajas de cartón, con 27 tomos del expediente completo de las imputaciones contra el Gobernador militante del Partido Acción Nacional (PAN).
El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ha sido imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
La declaratoria de procedencia es un procedimiento que popularmente se conoce como desafuero, por el cual la Cámara de Diputados tiene que dar permiso para juzgar a altos funcionarios del Gobierno, con el objeto de evitar que se haga un mal uso político de la acción penal.
La Ley Federal de Responsabilidades los Servidores Públicos indica que cuando se presente una denuncia o querella por particulares o por requerimiento del Ministerio Público, como es el caso del Gobernador de Tamaulipas, contra funcionarios públicos se tendrá que realizar ante la Cámara de Diputados la solicitud de declaratoria de procedencia.
Una vez que esta solicitud se haya hecho, y ratificado, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados llevará a cabo todas las diligencias necesarias para establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, “así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita”.
Fue el 23 de febrero cuando la Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la Cámara de Diputados el desafuero del Gobernador del norteño estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para poder acusarlo de corrupción.
De acuerdo a lo reportado por la prensa local, en meses pasados se presentó una denuncia contra Cabeza de Vaca por enriquecimiento ilícito por un valor de 46 millones de dólares.
A raíz de esa denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente del Gobierno Federal, habría acreditado triangulaciones financieras mediante una empresa fantasma que reportaron al gobernador ingresos por unos 2 millones de dólares.
Cabeza de Vaca, del derechista Partido Acción Nacional (PAN), pidió en agosto de 2020 a la Fiscalía General de la República que le informara si existía alguna investigación en su contra.
En aquel momento, quien empezara su mandato en el fronterizo estado de Tamaulipas en 2016, aseguró en un escrito estar a disposición “de cualquier autoridad local o federal”.
El Gobernador, cuyo periodo al frente de Tamaulipas termina en 2022, es uno de los señalados por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de corrupción, Emilio Lozoya, como uno de los políticos que habrían recibido sobornos para la aprobación de la reforma energética en 2013.
Fuente: sinembargo
