Desde hace años es evidente que en México el Estado actúa con una lógica retorcida. Donde se reclama y se espera justicia, surgen la arbitrariedad y el abuso; cuando deberían resolverse problemas, se administran y dejan crecer. No se apoya a las víctimas, se les criminaliza, persigue o abandona. No se investiga y sanciona a los criminales, se sospecha y amedrenta a quienes denuncian sus crímenes y buscan la verdad. Así lo han vivido madres de chicas asesinadas en Ciudad Juárez y el Estado México, familiares de personas desaparecidas en Coahuila o Sonora, defensoras del territorio en Oaxaca o Michoacán. Así lo han constatado también tres expertas dedicadas a la búsqueda de la verdad y la justicia acerca de las fosas de San Fernando, hoyo negro de la atrocidad.
Obligada por una resolución de la SCJN, la FGR/PGR entregó hace unos días documentos de su investigación acerca de las fosas de San Fernando, donde se encontraron los restos de 72 migrantes en 2010 y los de 196 personas más en 2011. En un tomo de ese expediente, la perito Mercedes Doretti, integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense, Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y la destacada periodista de investigación Marcela Turati, descubrieron que en 2016 la PGR inició contra ellas una investigación por «secuestro y delincuencia organizada», mediante la cual agentes de la SEIDO obtuvieron información sobre sus llamadas telefónicas, geolocalización e incluso datos confidenciales de las dos últimas. Si ya este abuso de la ley de delincuencia organizada es aberrante, el que la PGR/ FGR haya mantenido abierta esta investigación, aun bajo un nuevo gobierno, sugiere una posible e inquietante continuidad de prácticas contrarias al derecho.
Resulta por demás alarmante y perturbador que se haya señalado, estigmatizado y espiado con todo el aparato inquisitivo del Estado a tres profesionistas que buscaban ayudar a identificar a las víctimas de la masacre, apoyar las demandas de justicia de familiares de Centroamérica o Guanajuato ( a quienes, como en casos anteriores, se llegó a entregar restos de otra persona); o contribuir al esclarecimiento de los hechos mediante los testimonios de sobrevivientes y familiares, y la denuncia de irregularidades cometidas por agentes del Estado. Que éste pueda siquiera esgrimir una ley ideada contra los peores criminales para espiar a quienes más bien deberían ser sus aliadas, si la verdad y la justicia le interesaran, ilumina una de las caras más obscuras del aparato estatal. ¿Acaso estas prácticas no recuerdan los obscuros manejos de la DFS de los años 60? ¿Por qué se favorece la impunidad de atrocidades?
Mientras, con la información pública disponible, es difícil entender el móvil y la finalidad de la investigación, sus efectos y daño potencial son tan o más graves que el ilegal espionaje a periodistas a través del programa Pegasus. Como señaló Ana Lorena Delgadillo en conferencia de prensa, es escalofriante que se les haya incluido en el mismo expediente que a integrantes del crimen organizado. En palabras de Marcela Turati, se trata de «un golpe al periodismo de investigación» y a la libertad de expresión (que ella ha ejercido en busca de verdad y en solidaridad con las víctimas). Es así mismo un ataque a Doretti y al EAAF, involucrado en la identificación de restos en el caso Ayotzinapa, tal vez con el fin de amedrentar también a integrantes de otras instancias internacionales, como el GIEI.
En solidaridad con ellas, organizaciones nacionales e internacionales demandaron que la FGR cierre esta absurda investigación y proteja los datos confidenciales de las tres profesionistas, que ya trabajan en situaciones de alto riesgo. Debe también investigar y sancionar a quienes desde las sombras tuercen la ley y abusan del poder del Estado. Como sociedad habremos de exigírselo, en defensa de nuestro derecho a la justicia y la verdad.
Fuente: eleconomista
