CIUDAD DE MEXICO.- Tuvo que pasar prácticamente un sexenio para que tuviera eco la denuncia de hechos presentada en septiembre 2014 por Gonzalo Aguilar Zinser, Sergio Aguayo Quezada, Miriam Morales Sanhueza, Javier Schütte Ricaud, ante la entonces Procuraduría General de la República, por la probable comisión de hechos constitutivos de delito por parte de funcionarios públicos del gobierno mexicano y del gobierno de los Estados Unidos de América, al haberse permitido la entrada ilegal de armas de alto poder a México entre 2009 y 2011, en un operativo que se le conoció como “Rápido y furioso”.
Este lunes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hoy se enviará una nota diplomática y advirtió que nunca más un gobierno extranjero puede violar la soberanía de México.
La estrecha colaboración entre autoridades mexicanas en el sexenio de Calderón y estadounidenses, en el gobierno de Barack Obama, en relación con estas prácticas, también se hizo evidente con el cable filtrado por Wikileaks sobre una conferencia en la que participaron ambos países, donde se mencionó un “bilateral arms trafficking implementation group” y se discutió la creación de un grupo interinstitucional para inspecciones de armas de fuego y creación de bases de datos que incluyeran: número de serie, modelo, información de importación encontrada en el arma, fecha, lugar, naturaleza y circunstancias del aseguramiento, oficial que asegura el arma, responsable de reunir evidencia forense del arma, calibre, fotografía e historia criminal del arrestado, así como contactos para localizar el arma asegurada.
“Vía la cooperación internacional a través de @SRE_mx y @FGRMexico podrían obtenerse las versiones originales de las comunicaciones en las que consta la complicidad”, consideró el despacho de abogados especializado en materia penal, Schütte y Delsol Gojon Abogados.
En ese sentido, en 2015 este medio dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos capacitó a agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) en rastreo e identificación de armas de fuego, a la par que realizaba operativos para introducir armas de manera ilegal a territorio mexicano, con el propósito de localizar a capos del crimen organizado, en operaciones como “Receptor Abierto” y “Rápido y Furioso”.
Los cursos de capacitación que dio la Agencia Norteamericana de Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (la ATF por sus siglas en inglés) ocurrieron cuando la PGR era encabezada por Eduardo Medina Mora.
Por esto último, el abogado Gonzalo Aguilar Zinser señaló que, en EE. UU., Medina Mora era identificado como el funcionario mexicano que habría conocido y permitido la introducción de armas ilícitamente a territorio mexicano desde ese país; si sí tuvo ese conocimiento, cometió un delito, aseveró.
El operativo “Rápido y Furioso” (2009-2011) y su predecesor “Wide Receiver” (2006-2007) fueron ideados por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF). Mediante ellos se permitió la entrada ilegal de armas de alto poder a México entre 2006 y 2011.
Hay evidencia de que las armas que “se dejaron caminar”, como se llamó a esa táctica, fueron usadas por el crimen organizado en México incluso contra civiles, en el caso de la masacre de Villas de Salvárcar, Chihuahua, en enero de 2010, cuando sicarios irrumpieron en una fiesta de estudiantes y asesinaron a 16 personas e hirieron a otras 12.
Aguilar Zinser sostuvo en El Colegio de México que estas armas agravaron la crisis de violencia en el país, por lo que los funcionarios que permitieron su entrada ilegal “tienen en sus manos la sangre derramada por las víctimas conocidas y desconocidas de las balas”.
El presidente AMLO retomó este lunes 11 de mayo que de acuerdo con información desclasificada publicada por la periodista Dolia Estévez, Medina Mora supo desde 2007 que EU metía armas hacia México.
Un documento del Departamento de Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés), fechado en noviembre 2007, muestra que Eduardo Medina Mora, exprocurador General de la República, sí supo sobre entregas controladas de armas de fuego.
La periodista Dolia Estévez difundió un memorando que muestra cómo Medina Mora fue informado por la ATF “sobre entregas controladas”.
Este documento fue hecho público inicialmente por la propia Dolia en 2015, ante lo cual en su momento el propio Medina Mora respondió que “jamás me fue planteada ni autoricé de manera alguna, formal o informal, abierta o encubierta, operación alguna, con cualquier nombre o acepción, que tuviera por objetivo o involucrara el tráfico vigilado de armas hacia México…”.
Estévez reviró en un artículo publicado por este sitio: “Medina Mora no me está desmintiendo a mí, está desmintiendo un documento oficial del gobierno de EU, un documento puro y duro, que forma parte de una magna investigación que el Congreso estadounidense realizó, no sólo sobre el operativo Rápido y Furioso, sino sobre todos los operativos de ‘entrega vigilada’ de armas de fuego de alto poder a contrabandistas mexicanos que se iniciaron en la época en que Medina Mora era Procurador”:
El memorando se titula Reunión del Procurador General con el Procurador General Mexicano Medina Mora, y tiene fecha 16 de noviembre de 2007.
Tan válido es el documento, apuntó Dolia, que en una carta dirigida al procurador General, Eric Holder, el 14 de junio de 2012, el senador Charles Grassley, miembro de la Comisión Jurídica del Senado, se vale del memorando para preguntar cuándo se inició el operativo Receptor Abierto, que tomó lugar en los años en que Medina Mora fue Procurador.
Fuente: POR ESTO!
