La decisión de Facebook y Twitter de vetar las cuentas de Donald Trump tras el asalto al Capitolio es un acierto que debe ser aplaudido. A la vez, esta tardía reacción es el símbolo de la nefasta gestión de las plataformas digitales en cuestión de control de contenidos que intencionadamente desestabilizan las democracias. Sometidos a un vendaval de críticas, los gigantes digitales han introducido paulatinamente algunas mejoras. Pero estas resultan totalmente insuficientes, como demuestra la situación en EE UU. Tras difundir sin pausa a lo largo de su presidencia noticias falsas, insidias y mensajes polarizadores al borde del discurso del odio, Trump utilizó sus cuentas en redes sociales en las últimas semanas para convencer a sus seguidores de que en realidad ha ganado él las elecciones y un contubernio filocomunista se las ha robado.
La difusión de mentiras y la incitación a subvertir el resultado oficial ha desembocado en un asalto al Congreso. Este es solo el último de una inquietante serie de episodios que, a través de las redes, amenazan las democracias.
El veto a Trump en Twitter fue primero por un día; en la noche del viernes la cuenta fue suspendida permanentemente. Facebook ha decidido suspender sus publicaciones dos semanas, “hasta que se haya completado la transferencia pacífica de poder”, según un anuncio del fundador y presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg. El magnate explicó que han permitido a Trump usar la plataforma durante años porque “el público tiene derecho al acceso más amplio posible al discurso político, incluso si es controvertido”.
Naturalmente, el control de los contenidos es un asunto delicadísimo que atañe a la libertad de expresión, que es precisamente uno de los pilares de la democracia. Por ello mismo, son los poderes públicos los que deben marcar de forma clara e incisiva las reglas del juego a las tecnológicas. El actual marco legislativo de EE UU es insatisfactorio. La sección 230 de la Ley de 1996 de Decencia en las Comunicaciones exonera a las plataformas de las normas que afectan a los medios tradicionales y sustancialmente les concede una competencia de autorregulación. Este marco pensado hace un cuarto de siglo debe ser reformado. Las plataformas se han convertido en gigantes con un poderío extraordinario para plasmar las convicciones de la ciudadanía; responden a una inevitable lógica de maximización de ingresos. La política debe intervenir para mejorar la regulación, establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
La UE ha dado un paso en ese sentido con una propuesta de la Comisión que redobla las exigencias a las plataformas en el control de los contenidos que publican y en la transparencia, con sanciones muy elevadas. Es un paso en la dirección adecuada. La resistencia de las plataformas será fuerte. Pero es preciso reformar y avanzar.
Fuente: elpaís
