La Policía Cibernética alerta sobre las maneras en las que el crimen organizado, dedicado a la pornografía infantil, se garantiza nuevos métodos de cobro y transacciones financieras mediante el pago en bitcoin u otras monedas digitales que les facilitan la posibilidad de no ser ubicadas en México.
Incluso a través de métodos de pagos en las tiendas OXXO y 7-Eleven, donde es muy difícil rastrear a qué cuenta llega el dinero, expresó la funcionaria Sandra García.
“Hay muchos medios de pago que son accesibles para el público en general, al menos aquí en nuestro país (…) vemos cómo el crimen organizado está utilizando este tipo de transacciones, incluso para secuestro exprés. Pueden hacerlo mediante la compra de la tarjeta prepago Saldazo, que puedes adquirir en el Oxxo y en donde se pueden depositar determinadas cantidades (con un máximo 15 mil pesos mensuales). De esta manera lo puede sacar alguien en otro lado o utilizan a alguna mula y se van haciendo depósitos sin necesidad de identificarte”, aseguró Juan Pablo Carsi Reyna, especialista en seguridad de la información.
Los pagos en las tiendas OXXO y 7-Eleven son difíciles de rastrear a qué cuenta llega el dinero. Foto: Archivo Cuartoscuro.
Carsi Reyna argumenta que tanto las criptomonedas como el Blockchain son operaciones y transacciones virtuales de buena tecnología que como todo, tiene su lado positivo y negativo que, en este último, ha sabido usarse desde el crimen organizado.
“Mientras las economías formales somos más lentas en adoptar este tipo de tecnologías, en el mercado negro los cibercriminales son mucho más rápidos y normalmente están a un paso adelante. Entonces ellos vieron la oportunidad, la facilidad de uso y por eso es por lo que la han adoptado”.
IMPUNIDAD ABSOLUTA
La falta de respuesta oportuna del estado mexicano ha incrementado también la impunidad en los casos de difusión de material de abuso sexual infantil en internet, así como los relacionados a denuncias de pederastia y pedofilia. Lo sucedido en el jardín de niños Andrés Oscoy, en Iztapalapa, ubicado en la Ciudad de México, en el año 2011, es un lamentable recordatorio para las víctimas.
“Empezó con el abuso de niños pequeños. Algunas familias hicieron la denuncia de que sus hijos habían sido víctimas de abuso. Entonces detuvieron inicialmente al conserje llamado Saul Blancas Tamayo, alias ‘El molesto’. Después resultó que estaban involucrados nuevas personas más incluyendo la directora, maestras, personal de servicio, quienes además de abuso sexual producían material. Han sido 10 años de batalla legal donde nuestro principal obstáculo son las autoridades. Todo ha sido contenido y en contra por parte de la propia secretaría de Educación Pública (…) no dudamos que hay corrupción con implicaciones de alto nivel”.
Martín recalca que en este caso el sector de educación pública es responsable de la reparación del daño que se debe pagar a las víctimas que aún esperan justicia.
“Entonces el litigio ahora es contra el Estado”, agregó.
Los especialistas en cibercrimen y también en atención a la niñez coinciden en señalar las deficiencias que afectan a América Latina y el Caribe para combatir los delitos de pornografía infantil y sus vínculos con la trata de personas, secuestro y extorsión de menores de 18 años
“No lo tienen en su agenda de política pública y muy poco en el tema de seguridad. En el caso mexicano se tiene una Policía Cibernética con muy pocos equipos, con prácticamente ninguna capacidad de seguimiento de investigación y sin ninguna posibilidad de llevarlo al sistema judicial, pese a que muchas de las redes criminales han sido localizadas en América Latina. Por eso vemos que las grandes investigaciones y redadas internacionales se dan porque vienen de Europa y de Estados Unidos qué tienen policías altamente cualificados e incluso mucha más inversión”, subrayó Juan Martín Pérez de la Red de Apoyo a la Infancia.
Un ejemplo de esta situación es también lo ocurrido en 2017 cuando un grupo de organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante la fiscalía del estado la venta de material de abuso sexual infantil que era ofrecido públicamente en las calles de la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán. Cuando la fiscalía ordenó el retiro del material este desapareció mágicamente, por lo que la investigación nunca procedió, recordó uno de los activistas que participó en la denuncia y quien mantiene su nombre en reserva por seguridad. El hecho es un amargo recuerdo para quienes siguen luchando contra estos delitos.
“Hay un marco de impunidad y específicamente esto es más notorio en los lugares donde la aparente seguridad y los niveles de vida son mejores como en la ciudad de Mérida, donde hay una doble moral muy cabrona (…) En la fiscalía hay gente especializada de la misma policía cibernética que no puede hacer gran cosa debido a los vacíos legales, las conductas y actos de investigación, esto nos habla de las fallas que tiene la misma institución. Es un asunto donde las leyes en México no las hacen los abogados sino los políticos”, expresó el representante, quien prefirió mantenerse en anonimato.
Ante este escenario, organizaciones encargadas de atender temas de protección a la infancia ven con preocupación los obstáculos no solo solo para conseguir justicia sino la poca capacidad de respuesta que pueden tener autoridades de la Policía Cibernética.
“En México no se tiene el personal, ni la tecnología adecuada para hacer seguimiento a un delito cibernético. Primero se tiene que pedir autorización a un juez para que lo autorice. Esto se puede tardar con suerte una semana y mientras lo que hacen estos grupos criminales actúan en la web profunda, mandando ligas de acceso para un material que se ve puede ver por ciertas horas para después apagar el servidor, entonces ya no hay manera de rastrearlos, porque el rastro que tuvieron solo dura un par de horas. Son como hongos que crecen y desaparecen en 24 o 72 horas y antes de que se anuncie una investigación ya no existe entonces. Cuando se va a hacer la persecución han ocurrido dos días, una semana o un mes. Ya en ese momento no quedan evidencias”, lamentó el representante de una organización dedicada a atender a víctimas de pornografía, quien también pidió resguardar su identidad por protección.
Al ser consultados sobre su capacidad de respuesta para atender estos delitos, la Unidad de la Policía Cibernética respondió que su trabajo se enfoca hacia el acercamiento ciudadano y a fomentar la prevención de los delitos. Sus investigaciones inician cuando el Ministerio Público lo solicita como autoridad responsable de hacer persecución de este delito en la internet.
Por lo tanto, la Policía Cibernética carece de estadísticas en detalle en especial sobre lo que sucede en la Deep Web. No obstante, hacen un monitoreo y patrullaje en las plataformas digitales y redes sociales para detectar cualquier anomalía.
DEFICIENCIA EN LEGISLACIÓN SIBRE GROOMING
Pese a las estadísticas que ubican a México en el peor de los delitos de abusos sexual que se reportan en América Latina y en especial en línea, solo cinco estados de los 32 que tiene el país reconocen el delito de grooming como medio “preparatorio” para obtener “el material” y usar sexualmente a la persona; lo que a juicio del abogado Luis Vega representa una debilidad para castigar estos delitos y grupos criminales dedicados a la venta de material de abuso sexual infantil en línea.
“Sí hay países que tienen legislaciones como Australia, Escocia, Alemania, España, Perú, Chile y Colombia. México lastimosamente todavía no”, comentó Vega, quien formó parte del equipo que asesoró al estado de Morelos para incluir el delito de grooming, tal como se aprobó desde el 13 de enero del 2020.
“Convirtiéndose así en el quinto estado en México donde se sanciona el grooming; pero aquí hay 32 estados lo que significa que hay 27 que todavía no han legislado”, expresó.
Lo ideal sería incorporar el delito “en una ley general”, añadió el abogado José Ángel, docente en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
La creación de políticas públicas para la prevención, atención y detección de pornografía infantil es una deuda grande que sigue acumulando el Estado, opinan los expertos consultados. Sobre todo, ante el poco conocimiento del poder judicial para poder dar sentencias en estos temas, aunado a la falta de la capacitación de los fiscales especializados y la ausencia de cifras oficiales actualizadas.
¿QUÉ HACER PARA PREVENIR?
Los especialistas aconsejan a las personas, en especial a quienes tienen hijos, limitar la información que se expone en redes sociales sobre la vida personal y hábitos que suelen ser publicados con frecuencia.
Juan Martín Pérez, director de la Red de Apoyo a la Infancia, resalta la importancia de hablar con los niños, niñas y adolescentes de los peligros que ocurren vía on line y en general, a los que puedan estar expuestos.
“Hay que hablar de cosas tan básicas como que su cuerpo no puede ser exhibido, ni puede ser tocado. Es necesario generar redes de protección y confianza para que puedan hablar a tiempo si nos enteramos de que algo sucede. Con la pandemia se socavó la red de protección que niños y niñas tenían, de tal suerte de lo que puede estar pasando ahora es todavía más grave que lo que se sabe, por eso es tan importante hablar con ellos. Se requiere además una política pública de Estado para hacer campañas de alfabetización digital que incluya la identificación y orientación de estos delitos”.
Por su lado, la Policía Cibernética ofrece las siguientes recomendaciones para padres y representantes.
–Educarse en el ámbito del ciberespacio.
–Familiarízate con las nuevas redes sociales para saber sus funciones, configuración de seguridad y para que puedas detectar posibles riesgos.
–Restringe los permisos de tus cuentas para que nadie fuera de tus contactos pueda ver tus publicaciones y asegúrate de no aceptar solicitudes de personas desconocidas.
–Utiliza controles parentales para poder monitorear las actividades y restringir contenido inapropiado en los dispositivos que utilizan tus hijos.
–Evita compartir fotos o videos de menores. En caso de que ellos lo hagan, fomenta acuerdos en los que se establezca que sus fotos no deben ser llamativas.
–Cada red social cuenta con una restricción de edad recomendada; en caso de que le permitas a tus hijos menores de esa edad crear una cuenta, monitorea las mismas.
–Fomenta un vínculo de confianza con tus hijos y habla con ellos o infórmense juntos sobre temas de ciberseguridad.
–Involúcrate en las actividades de tus hijos y conoce sus cuentas, así como usuario y contraseña de estas.
–Evita compartir fotos que pudieran dar referencia de tu ubicación, como uniformes, credenciales escolares o de trabajo y fondos de fachadas.
–En caso de detectar contenido de pornografía infantil, se solicita no compartirla y reportarla directamente a la Policía Cibernética.
–Evita abrir enlaces sospechosos o que te sean compartidos por usuarios desconocidos.
–Es recomendable que tus hijos menores de edad permanezcan en lugares visibles mientras se encuentran conectados a Internet.
¿Qué hacer cuando el abuso proviene de alguien cercano como un familiar?
Acudir a un adulto de confianza para que este lo apoye a realizar la denuncia ante la autoridad pertinente.
CRÍMENES SIN FRONTERAS
El Índice de seguridad infantil en línea (COSI en su siglas en inglés), ha determinado que casi dos tercios de los niños (60 por ciento) que fueron encuestados para el estudio en todo el mundo están expuestos a una o más formas de riesgo cibernético.
Mientras “cada siete minutos en la web se muestra a un menor siendo objeto de abusos sexuales”, alerta la organización Internet Watch Foundation.
Esto incluye a los niños de 8 a 12 años en 30 países, lo que equivale a una ‘pandemia cibernética’, asegura el Instituto DQ quien ofreció la primera medida en tiempo real en el mundo para ayudar a las naciones a comprender mejor el estado de seguridad en línea de sus hijos.
Hasta 85 millones más de niñas y niños están expuestos a la violencia física, sexual o emocional. Esto podría significar entre 20 por ciento y 32 por ciento en todo el mundo, indica el informe “Repercusiones del Covid-19 Una Tormenta Perfecta”, donde se advierte que “más millones de niños corren el riesgo de sufrir violencia durante el confinamiento y la nueva normalidad”, como resultado de la cuarentena por el COVID-19.
El documento añade que en 2020 se detectó un aumento del 42 por ciento en las palizas propinadas por padres o tutores al tiempo que las llamadas a la línea de ayuda a la infancia se incrementaron en un 40 por ciento.
En países como España, por ejemplo, las niñas se han convertido en la población más vulnerable de sufrir violencia, ha debido a la doble discriminación (género y edad). De acuerdo con el Ministerio del Interior y Sistema Estadístico de Criminalidad, 67.66 por ciento de la violencia hacia la infancia la sufren las niñas. El matrimonio infantil, el embarazo adolescente y la mutilación genital femenina son algunas de las principales violaciones a las que están expuestas.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud calcula que 1.000 millones de niños, niñas y adolescentes, entre 2 y 17 años en todo el mundo, fueron víctimas de abusos físicos, sexuales, emocionales o de abandono hasta junio del 2020.
En cuanto a la violencia cibernética, la Guardia Civil española refiere que antes del toque del 21 marzo del 2020 había 21,270 conexiones diarias en la que se considera hubo tráfico de material de explotación infantil. Posteriormente, “subió 3.500 conexiones diarias en la red”.
“Que quiere decir esto, que no solo están confinadas las familias, las niñas, los niños, los adolescentes, también lo están los pedófilos, los pederastas”, José Luis Vegas Roche, abogado especialista en el delito de Grooming.
Asimismo, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil española añade que durante 2020 dieron atención a 600 casos de pornografía infantil derivada por las medidas de confinamiento impuestas por el COVID-19.
Las organizaciones internacionales de protección y derechos de la infancia han señalado que durante emergencias anteriores de salud pública (por ejemplo, como el ébola en 2014-16 en África occidental), el cierre de colegios contribuyó a que se produjeran repuntes en los casos de abuso sexual de menores, así como de los embarazos adolescentes. Save the Children estima que se van a tener 23 mil embarazos adolescentes al cierre del 2020, derivado de la COVID-19
En general, los menores de edad son vulnerables de correr un riesgo más elevado de ser explotados, sobre todo los que carecen de protección parental, una situación que probablemente se agudice debido a la COVID19. Por lo que existe un mayor riesgo de explotación sexual de menores que incluye el sexo a cambio de asistencia, la explotación sexual comercial y los matrimonios precoces a la fuerza.
VÍCTIMAS EN TODO EL MUNDO
En 2020 la ECPAT comprobó un aumento en los delitos de producción, difusión y consumo de material de abuso sexual infantil, además de otros delitos en países como Albania, donde el matrimonio precoz es apoyado por ser una costumbre; Turquía y Nepal. Países con características similares en donde proliferan las amenazas a la sexualidad de las niñas, niños y adolescentes.
La organización alerta que en naciones y pueblos sumidos por las guerras y los conflictos armados el aumento de la pobreza aumenta crea una migración forzada que expone más a los infantes a la explotación sexual. Es así como en el ámbito de la migración forzada algunos padres permiten que sus hijos se casen con ciudadanos, a cambio de un pago para satisfacer las necesidades básicas, mientras que la falta de oportunidades económicas para quienes se encuentran en los campos de refugiados también es aprovechada por las redes criminales.
Como un indicativo de la situación en el mundo, el periodista y especialista en cibercrimen y protección de datos, Adrián Moreno, destaca los resultados arrojados por la empresa Web-IQ dedicada a la ciberseguridad, quien identificó solo entre el mes de febrero y finales de marzo de 2020 un aumentó más del 200 por ciento de publicaciones en los foros de abuso sexual infantil conocidos que tienen enlaces a imágenes y vídeos descargables alojados en la clearnet.
DELITOS SIN LESYES QUE CASTIGUEN
La deficiencia de leyes que aborden y castiguen la pornografía infantil es una deuda con las víctimas. El Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados encontró que en 138 países la posesión de pornografía infantil no es un delito. Además, en 122 países tampoco existe una ley que aborde específicamente la distribución de pornografía infantil, a través de computadoras e Internet.
Australia, Bélgica, Francia, Sudáfrica y Estados Unidos destacan por ser solo los únicos cinco países que poseen leyes suficientemente completas sobre estos delitos.
“La mayoría de las naciones han estado legislando sobre lo que se conoce como abuso y explotación sexual infantil, el tener contacto con alguna niña o un niño y un adolescente está tipificado en la mayoría de las legislaciones del mundo, no obstante hay en el mundo 36 países donde todavía ni siquiera es delito el abuso de explotación sexual de menores como ocurre en los países árabes”, comentó el abogado José Luis Vegas Roche, miembro de la Institución Interdisciplinaria dedicada al estudio de la criminalística, jurídica fiscal y forense en Ciudad de México.
A juicio de María Isabel Christensen de la organización Mamá en Línea, la ausencia de una legislación para regular y penalizar estos delitos dificulta que las compañías tecnológicas asuman la responsabilidad de controlar lo que sucede en sus plataformas, donde “el pedófilo se esconde”.
“No hay una legislación que los obligue a ser responsables de esto, ese es el problema. Si bien en Estados Unidos lo tienen, los demás países no las obligan”, expresó.
A su vez, la grave falta de datos disponibles incrementa los desafíos para combatir estos delitos, afirma la ONU en su informe anual de 2020 con relación a la venta y el tráfico de los niños. En este señala que “las legislaciones inadecuadas, los mecanismos de denuncia y la cultura del silencio” contribuyen a impedir la identificación efectiva y recopilación de datos sobre este flagelo.
Sin estadísticas precisas es imposible demostrar la dimensión de esta violencia que padecen niños, niñas y adolescentes, una dificultad más para la defensa eficaz que deben hacer los gobiernos para priorizar la protección de niños e incluso en la legislación internacional.
“En algunos países la justicia se ha paralizado o sufrió retrasos considerables. Las estrategias y herramientas para hacer frente al estancamiento del sistema judicial son importantes para evitar que los delincuentes escapen y se corra el riesgo de que sigan delinquiendo”, apuntó el periodista especialista en ciberseguridad y cibercrimen, Adrián Moreno.
ISAÍ, UN ACERCAMIENTO A UN SENTENCIADO POR PORNOGRAFÍA
—“Dios perdone a los que quieren ver a mi hijo en la cárcel”.
Es inocente ante una justicia que castiga a los pobres, expresaron sus papás.
El sollozo de su madre frena las pocas palabras que quiere decir. Para cada segundo. Titubea al no poder hablar por el sentimiento que le trae amargos recuerdos.
Clama a Dios e implora que su hijo no sea sentenciado por algo que dice “no cometió”.
Pávida recuerda aquella infame mañana del 22 de diciembre de 2016 que acabó con la tranquilidad de su familia. Acabó con su propia vida, con la de su hijo y la de su esposo.
“Lo acusan de violar niños, de pornografía infantil y de eso que ni sé que es, porque tengo pocos estudios”, dijo doña Lucia González Pérez, madre de Isaí Jesbam, el payaso acusado por la Fiscalía General del Estado de Puebla en Tehuacán, Puebla, entre otras cosas, por el delito de pornografía infantil.
Desde el escritorio de su esposo recorta las tarjetas de presentación que un cliente les pidió, producto de las ventas de la imprenta familiar con la que reúnen su sustento diario.
Justo frente a ella están las fotos de su hijo marcadas un poco por el polvo y colgadas al lado de su título universitario junto a otros retratos.
Firme en su fe, se toca el rostro para limpiar las lágrimas al recordar la injusticia que, asegura, vive su hijo. La casa fría y espaciosa luce sola, sin vida al igual que sin piso ni puertas, apenas con algunas habitaciones.
La comida que van a comer este lunes tampoco tiene sabor. Nada le sabe igual a doña Lucía y don Edras. Todo es sombrío, amargo como la hiel para los padres del hombre que sentenciaron por delitos ligados también a la trata de personas.
Esta sensación los acompaña desde hace cinco años cuando policías de las extintas gendarmerías irrumpieron en su casa, su tranquilidad “y acabaron con su mundo”, afirmó el padre.
Aquel 22 diciembre del 2016 la “calle del Mariachi” (7 sur y 5 oriente), lugar donde se ubican la mayoría de las agrupaciones del género mexicano, fue sitiada por Elementos de la Gendarmería Nacional, quienes catearon su vivienda y se llevaron detenido a Isaí N.
Las versiones afirmaban que usaba el disfraz y seudónimo de payaso Yiyin para atraer a sus víctimas.
Según el boletín informativo de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) durante los meses de enero, abril, agosto y septiembre de 2016 Isaí exigió a seis menores de edad fotos sin ropa y grabándose en actos sexuales, a través de la red social de Facebook bajo una cuenta identificada como “Dani Ojeda”.
Desde su detención hasta la sentencia —4 años después— para sus padres, Edras Miguel Santiago y Lucia González López, el caso de su hijo es inverosímil y está lleno de irregularidades en el proceso. Ambos están convencidos de que “los gobiernos”, de turno que han estado desde que detuvieron a su hijo “protegen a alguien más”. Hacen alusión al posible cabecilla de un tratante o de bandas delictivas, aseguraron.
En las oficinas donde su hijo el payaso Yiyin fue detenido en diciembre de 2016 siguen laborando. Allí realizan trabajos de impresiones de diseños, actividades propias de una imprenta que ha sido sustento económico de la familia durante toda su vida hasta que la detención de su hijo los marcó con desprestigio y alejó a clientes, amigos y conocidos. Hoy a duras penas se sostienen.
“Hay muchas irregularidades en el país que estamos viviendo, gente corrupta. A nosotros nos dejaron sin nada, vendimos todo para ayudarlo, vendimos hasta el colchón. Había días que nos llegamos a quedar sin comer, porque ya no teníamos nada que vender, todo por el apoyo se lo dimos mi hijo, es mi único hijo”, señaló la madre con lágrimas.
Al costado del escritorio, cerca de una habitación de menos de metro y medio, el padre de Yiyin conserva en la parte superior un cuadro del título universitario, además de dos diplomas de Isaí Jesbam Miguel González como licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), titulado con mención honorífica, así como un reconocimiento otorgado por la escuela. La acompañan su foto de graduación.
“Cuando alguno de los clientes me pregunta yo les digo con orgullo que es mi hijo y es inocente” reitera don Edras Miguel.
En actitud de apoyo su madre Lucia González López, nerviosa y exaltada al retomar la plática, afirma que “una como madre se da cuenta, ve qué clase de hijo tiene, pero el mío no se dedicaba a eso. Usted cree que yo iba a solapar todo eso que dicen que hacía mi hijo. Los vecinos les gritaron a los federales: ‘dejen al muchacho, detengan a los verdaderos criminales’ (…) siempre ha sido tranquilo. Si mi hijo es culpable, entonces nosotros somos sus cómplices, pero eso jamás pasó”.
Hace una pausa y con un nudo en la garganta continua.
“Todo se lo dejamos a Dios, él va a obrar, sabrá actuar conforme a su justicia y para quienes cometieron esto simplemente que Dios los bendiga, no los odiamos, no les deseamos ningún mal”, expresó.
Los padres de Isaí afirman que en los discos duros que tenían, uno de ellos desde 1995, nunca hallaron prueba alguna de pornografía infantil. Aseveran que solo tenían diseños de calendarios, bolsas y de tazas. Era lo único que guardaban, debido a la actividad que realizaban de su imprenta, argumentos que no fueron tomados en cuenta en las aportaciones en su defensa, dijeron.
Entre sus alegatos expresaron que si Isaí, también conocido como el payaso Yiyin, se dedicara “a eso malo” tendrían una vida de lujos y dinero, hecho que nunca se percataron. Asimismo, tendrían mayores comodidades en su vivienda que hoy habitan en cuartos de recamara sin puertas, sin piso en la cocina sin piso y con un baño pequeño dividido por una cortina.
“Con mi hijo había disciplina, nunca llegaba tarde, no era de vicios, drogas o alcohol, fue un excelente estudiante con buenas calificaciones”, recordó su padre.
Al Centro de Reinserción Social (CERESO) de Tehuacán no han dejado de visitarlo. Le llevan comida, dinero e insumos, debido a que conformó un negocio de venta de “papás a la francesa”.
“Lo querían ‘tumbar’, un cabrón que como veía que le llevábamos de comer cosas personales, pues le decía ‘tengo hambre, quiero ropa’, pero Isaí lo enfrentó. Un guardia se percató y un directivo le dijo al hombre que cualquier disturbio que causara lo trasladarían a otro penal y desde ahí no ha sido molestado”, narró Edras Miguel papá del sentenciado.
Sus padres no solo sostienen que es inocente. No descartan que detrás del payaso Yiyin se esconda alguna persona miembro de un grupo delincuencial.
“Podría ser, pero con qué fin, mi hijo no se pudo haber beneficiado sin que nos diéramos cuenta. Siempre sus actividades fueron ser payaso, estar al frente de un grupo coreográfico para quinceaños y fiestas de jóvenes, no hizo ninguna actividad delictiva, tampoco es un monstruo. Hay delincuentes de alta peligrosidad que incluso para detenerlos no usan un operativo así de impresionante como el que sucedió hace 4 años en mi casa”, añadió el padre.
–¿Qué cree que procederá jurídicamente con su hijo?
–“Apelaremos, no hay sustento legal para las acusaciones. Hubo inconsistencias en el caso. Las presuntas víctimas no aportaron las pruebas fehacientes, además cuando detuvieron a mi hijo que estaba ensayando coreografías de baile con un grupo de menores de edad, los agentes federales les tomaron su declaración sin la presencia de sus padres, pero tampoco ninguno de ellos lo señaló o acusó de ningún delito. Lo más que le atribuyen es que desde un perfil de Facebook con el nombre de Dani Ojeda, con la misma fecha de nacimiento de mi hijo (30 de diciembre de 1991) presuntamente le enviaban material fotográfico y ese es el supuesto vínculo no hay mayores aportaciones”, señaló su papá.
La mamá de Isaí se recupera de un infarto que le ocurrió en octubre de 2020, su padre sigue firme en que lograrán apelar la sentencia. Tienen fe de que podrán revertir pronto la situación jurídica de su hijo en el sistema de justicia en México, donde “ya nadie confía”.
ISAÍ, EL AMIGO
Como sus padres, los amigos cercanos de Isaí también se muestran conmocionados por las acusaciones contra el hombre del que nunca percibieron nada irregular.
Su confidente, amiga, compañera de universidad y acompañante de fiestas y aventuras, Erika N afirmó que jamás notó una conducta extraña, diferente o sucia por parte de Isaí en contra de menores de edad. Recuerda que le conoció una novia, aunque sí notó sus preferencias homosexuales.
Cuatro años después de conocer la sentencia de 68 años que le fue impuesta narra incrédula que eso le haya pasado a su mejor amigo. Erika pensó que en algún momento del proceso legal sería llamada, pero nunca ocurrió. Aun cuando alguna autoridad la requiriera sostiene que nunca supo de alguna actividad ilícita o conducta similar de su amigo.
Lo mismo dicen Joshep, Gabriel y Uriel, excompañeros del canal local en el que trabajó Isaí como el payaso “Yi Yin. Coinciden en que ellos jamás percibieron algo irregular. Tampoco notaron alguna conducta extraña, ni como amigo, ni como payaso Yiyin en los varios espectáculos que lo acompañaron.
La dueña del edificio en el que el payaso Yiyin rentaba, y quién pidió mantener su nombre anonimato, se limitó a relatar que cerca de siete meses fue su arrendador en la calle tercera de Agustín A Cacho 349, del centro de Tehuacán. Allí pagaba 1.500 pesos de renta mensual, de los cuales dos meses “se negó a pagar y terminaron “corriendo”.
Sin embargo, durante el tiempo que estuvo en el inmueble su conducta siempre fue tranquila, aunque notó que diariamente varios jovencitos ingresaban al lugar de renta, se encerraban, se oía música y al paso de hora y media o más salían del lugar, sin saber con detalles lo que al interior ocurría.
SU ACTUAR DENTRO DEL PENAL
Exdirectivos del centro penitenciario, quienes pidieron mantener sus nombres en anonimato, afirman que tras su llegada en 2017 su conducta ha sido muy participativa en los eventos culturales que se realizan para los internos. Sin mostrar hasta ahora ninguna conducta delictiva.
En prisión le ha seguido dando vida al payaso YiYin en el día del niño. Ha sido conductor del evento del día de las madres e incluso organiza coreografías para los internos en actividades de baile.
Actualmente, realiza talleres de artesanías donde elabora bolsas, porta retratos, porta plumas y otros productos con los que ayuda a la economía de su familia.
La Fiscalía General del Estado de Puebla emitió el 16 de diciembre de 2020 la sentencia condenatoria contra Isaí Jesbam N. por el delito “de trata de personas por captación con fines de explotación sexual y corrupción de menores”.
En su informe detalló que el 21 de septiembre de 2016 la entonces Policía Federal, ahora Guardia Nacional, presentó denuncia ante la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), respecto a ocho reportes remitidos por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.
Según la indagatoria entre enero, abril, agosto y septiembre a través de Facebook, Isaí Jesbam N. con el pseudónimo “Dani Ojeda” exigió a seis menores de edad, fotografías sin ropa y realizando actos sexuales.
Mediante diligencias se acreditó que todas las víctimas eran del sexo masculino y residentes del municipio de Tehuacán. El investigado también usaba el perfil de Payaso Yiyin, animador de fiestas infantiles que reclutaba a menores de edad como elenco para sus presentaciones.
La entonces PGR remitió el caso a la Unidad Especializada de Investigación de Trata de Personas de la Fiscalía de Puebla.
Por su parte, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres dijo que, con el fin de acreditar la comisión del ilícito y responsabilidad del acusado, presentó elementos probatorios sumando testimonios, evidencia digital y técnicas de investigación de campo, entre otros.
Ante ello, el 3 de diciembre de 2020, el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento en Tehuacán, Puebla, dictó fallo condenatorio contra Jesbam N.
La autoridad judicial impuso 68 años de prisión contra el sentenciado y una multa de 1 millón 742 mil 004.00 pesos, así como el pago de la reparación del daño por un monto de 438 mil 240 pesos en favor de las seis víctimas.
La sentencia es la más alta que se ha dictado por estos delitos en Puebla, desde la implementación del Sistema Acusatorio en el año 2016.
La Fiscalía no dio mayores detalles si el sentenciado tenía más cómplices, o pertenecía a una red de tratantes, tampoco dijo si investigan a más involucrados u operaba solo y recababa material para deleite personal.
Lo que sí es cierto es que Isaí Jesbam Miguel González jamás olvidará la fecha del 22 de diciembre cuando no solo ocurrió su detención, sino que le dieron la sentencia de prisión más alta que ha recibido un acusado por este delito, precisamente ocho días antes a su cumpleaños.
PUEBLA: REGIÓN MARCADA POR ABUSOS
Al sur de México, en el estado de Puebla se ubica Tehuacán y uno de los casos más sonados de pederastia que se comenzó a conocer en la región en 1987. Estaba involucrado el sacerdote Nicolás Aguilar Martínez, era el responsable de la parroquia de Cuacnopalan, perteneciente a la diócesis que en ese año presidia Norberto Rivera Carrera.
El caso llegó a trascender cuando en la fantasía sexual del prelado, según versiones de las víctimas, les propuso realizar una orgia.
Como resultado de los bajos instintos y acalorados momentos que se salieron de control, el prelado fue hallado en medio de un charco de sangre, presuntamente golpeado por quienes horas antes les había hecho proposiciones indecorosas.
Tras este escándalo, Aguilar Martínez fue reubicado en la ciudad de Los Ángeles en California. Ahí se supo que abusó en un lapso no mayor a 9 meses de alrededor de 26 infantes.
Al ser removido nuevamente a Tehuacán le asignaron la parroquia de San Vicente Ferrer, en donde los abusos sexuales continuaron en contra de otra decena de niños.
Según versiones que constan los expedientes judiciales, las víctimas del “Padre Nico”, como lo conocían, alcanzaron 90 menores de edad.
Para evitar el escándalo, la Diócesis de Tehuacán lo reubicó en una de las comunidades parroquiales de la Sierra Negra, mientras se resolvía su situación jurídica. Cuando se supo que ya había un expediente de denuncias en su contra, el sacerdote optó por desaparecer.
A más de 30 años de las denuncias el agresor jamás fue detenido. En su momento solapado por el entonces Cardenal Norberto Rivera y enviado a una de las comunidades indígenas de la Sierra Negra.
La impunidad siempre reinó en este caso, sin embargo, la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual (lSNAP), en su más reciente declaración considera que el Padre Nicolás Aguilar murió sin nunca pagar por sus atroces crímenes.
TEHUACÁN Y DESAPARICIÓN DE MENORES
Del periodo de 2015 a 2019 en Tehuacán se reportaron 216 carpetas de investigación, por la desaparición de mujeres — 49 siguen sin ser localizadas — indica la fiscalía general del Estado de Puebla. Mientras que el área de Prevención del Delito Municipal de Tehuacán reportó de mayo a diciembre de 2020 alrededor de 50 mujeres desaparecidas, lo que equivale a ocho víctimas desapreciadas al mes.
La mayoría se aleja de sus hogares o se refugia en sus parejas, algunos novios de su edad u otros mayores.
Sin embargo, en dos de los casos las jóvenes desaparecidas y originarias de Tepetzingo, una junta auxiliar de Tehuacán, fueron halladas abandonadas en un hotel de Orizaba, en Veracruz. Se cree que, en estos casos, los tratantes solo recopilaron material con fines de explotación sexual, aunque las familias optaron por ya no proceder legalmente. Hoy se desconocen mayores datos.
Fuente: sinembargo
