CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de Baja California otorgó contratos por más de 200 millones de pesos a Inteliproof Efficient, empresa que fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), elaborada por la periodista Verónica Ayala y publicada este 1 de octubre, la compañía recibió contratos entre 2022 y 2025 para suministrar desde mobiliario, equipo de cómputo, uniformes y material táctico, hasta un sistema de inteligencia para reconocimiento facial.
La empresa fue incluida en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro estadounidense, como parte de una estructura que las autoridades de ese país relacionan con el lavado de recursos para René Arzate García, alias “La Rana”, identificado como operador del Cártel de Sinaloa en Tijuana.
La investigación documentó, mediante registros de transparencia y contratos públicos, al menos 33 convenios de la Fiscalía estatal con Inteliproof entre 2022 y 2025, por un monto superior a 73.2 millones de pesos. Sin embargo, al incorporar contratos reportados previamente por el semanario Zeta Tijuana, el monto total supera los 200 millones de pesos.
Entre las adquisiciones figura un contrato de 2024 por 8.1 millones de pesos para la compra de uniformes tácticos, financiado con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), es decir, fondos federales destinados al fortalecimiento de las instituciones de seguridad.
También se identificaron contratos para un sistema de reconocimiento facial asignado en 2025, así como compras de equipo y servicios durante las administraciones de los fiscales Iván Carpio Sánchez y María Elena Andrade Ramírez, quien asumió el cargo en agosto de 2023.
Contratos también alcanzaron al gobierno estatal
La investigación de MCCI encontró que el gobierno de Baja California, encabezado por Marina del Pilar Ávila desde noviembre de 2021, también contrató a Inteliproof para equipar corporaciones de seguridad y otras dependencias.
Entre 2022 y 2025, la empresa obtuvo al menos siete contratos estatales por aproximadamente 16.5 millones de pesos, incluidos suministros de uniformes, equipo de protección, material antimotines y recursos tecnológicos.
Además, la compañía recibió contratos de ayuntamientos como Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito. En este último municipio, los convenios identificados suman más de 12.8 millones de pesos e incluyen adquisiciones financiadas con recursos federales.
La publicación señala que entre las personas sancionadas por la OFAC se encuentran Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, socio fundador de Inteliproof, y Carlos Villela Gómez Santelices, apoderado legal de la empresa y representante en diversos contratos.
Ambos son vinculados por las autoridades estadounidenses con una red de compañías utilizadas presuntamente para lavar recursos del grupo criminal.
Una red de proveedores bajo la lupa
La sanción contra Inteliproof se inscribe en una acción del Departamento del Tesoro contra personas y empresas relacionadas con la facción de Los Mayos, encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.
La investigación también refiere que Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, fue incluido entre las personas sancionadas por Estados Unidos, en el contexto de las investigaciones sobre esa estructura.
Los hallazgos plantean cuestionamientos sobre los mecanismos de contratación pública y los procesos de revisión de proveedores utilizados por dependencias encargadas de combatir la delincuencia, particularmente porque algunos de los contratos se financiaron con recursos federales destinados a seguridad.
La investigación periodística no establece por sí misma responsabilidad penal de los funcionarios que autorizaron los contratos. Sin embargo, documenta que una empresa posteriormente sancionada por Estados Unidos obtuvo recursos públicos durante varios ejercicios fiscales y de distintas administraciones.
Fuente: NC
