La falta de pago a las empresas que equiparon y armaron las carpas móviles de los hospitales Jesús Kumate de Cancún y Oncológico de Chetumal para ampliar sus capacidades de atención del Covid-19 reveló el jugoso negocio que realizó con la pandemia Jorge Brizuela Guevara alias “El Venezolano”, quien apenas este miércoles se salvó de un intento de ejecución y que presume ser operador del gobernador Carlos Joaquín González, del que todo indica tuvo su venia para lucrar con la desgracia actuando como intermediario en esta contratación.
Información allegada a este medio indica que además de hacerse de los contratos de rentas de las carpas hospitalarias sin tener experiencia ni infraestructura para brindar el servicio, en un negocio de alrededor de 110 millones de pesos del erario estatal, “El Venezolano” también pretende obtener beneficios ilegales al no pagarle a las empresas que subcontrató para armarlas y equiparlas en ambos hospitales, pues aunque el gobierno de Quintana Roo ya le cubrió importes por los arrendamientos, las empresas subcontratadas no han recibido su respectiva remuneración por los equipos y estructuras que dotaron, asumiéndose ya como víctimas de un descarado fraude.
Por eso, además de amenazar con demandar a las empresas vinculadas a Jorge Brizuela por los incumplimientos de contratos, las empresas subcontratadas amenazan con retirar las carpas que colocaron, especialmente en el caso de Chetumal, lo cual pone en riesgo el cumplimiento de las metas de la reconversión hospitalaria de la que dependen el avance del semáforo sanitario de reactivación económica del estado ante la pandemia del Covid-19.
Los afectados señalan que mediante dos empresas “El Venezolano” fue el beneficiario del millonario presupuesto que el gobierno de Carlos Joaquín destinó a la renta de las carpas médicas en Cancún y Chetumal, una a nombre de su esposa, Vanessa Lizeth Vargas Flores, que se quedó el contrato de tres carpas para 238 camas en Cancún, mientras que la Constructora Iiafer, de Jorge Brizuela, se quedó con el contrato de la carpa con 50 camas en Chetumal.
El contrato para las tres carpas en el hospital general Jesús Kumate de Cancún fue por alrededor de 70 millones de pesos, mientras que el del hospital Oncológico de Chetumal fue por 44 millones de pesos, ambos otorgados por asignación directa por los Servicios Estatales de Salud, que encabeza la secretaria de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, quien ha actuado con total falta de transparencia en estas negociaciones, para ocultar las irregularidades que no tardaron en revelarse debido a la ambición desmedida de “El Venezolano”.
Tanto la empresa de Vanessa Vargas como la Constructora Iafer no tenían ni los recursos financieros ni los equipos ni los materiales para montar las carpas, por lo que subcontrataron a otras empresas para que brindaran bienes y servicios para el montaje y operaciones de las carpas móviles hospitalarias, las cuales, atraídas por el jugoso presupuesto del que suponían que saldría su paga, aceptaron la subcontratación a crédito.
Las empresas subcontratadas fueron: Ingeniería Solución Aporta; Constructora Yama; Media Tensión; Proveedor de aires acondicionados Juan Carlos Kinil; Equipamiento y Renta de Equipo Médico; Versatilidad Internacional de Cooperación Oportuna; Infra Oxígeno, las cuales el 25 de noviembre denunciaron a dependencias del gobierno del estado que Vanessa Vargas Flores y Constructora Iafer les adeudan millones de pesos a pesar de que el gobierno del estado cubrió el importe de la renta de las carpas.
De esta forma, además de que las empresas subcontratadas realizaron la dotación de equipos y servicios para montar las camas y carpas, asumieron además los costos de la construcción de las cuatro infraestructuras, mientras que los negocios de Jorge Brizuela Guevara actuaron sólo como intermediarios de la operación.
Además, las empresas vinculadas a “El Venezolano” no tenían la experiencia en servicios al sector salud, y ni siquiera contaban con un registro vigente en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado y en el Padrón de Proveedores de los Servicios Estatales de Salud.
Tanto el negocio a nombre de Vanessa Lizeth Vargas Flores como la Constructora Iafer se dieron de alta en ambos padrones de proveedores hasta que iniciaron su negocio con la SESA, la primera el último día de marzo, y la segunda hasta el mes de septiembre, por lo que cuando fueron contratados sus servicios no cumplían todavía con ese requisito y lo cumplieron después para efectos de poder recibir su pago del gobierno del estado.
Vanessa Lizteh Vargas Flores se dio de alta como persona física en el Padrón de Proveedores del gobierno del estado de Quintana Roo el 31 de marzo pasado, según consta en la ficha que le emitió el entonces todavía oficial mayor Manuel Alamilla Ceballos.
Lo hizo porque ya había sido contactada para entrar al negocio de la proveeduría de materiales a la SESA para el personal médico de los hospitales y para obtener la renta de las tres carpas para el hospital Jesús Kumate de Cancún, que inició en abril.
Para eso, se dio de alta en el giro de compra-venta de material y equipo médico, en las líneas de materiales y consumibles para hospitales y laboratorios, así como en la de equipo, accesorios y refacciones para clínicas y hospitales, todo a la medida de los negocios que le ofreció la SESA.
Así pues, además del negocio de las 3 carpas móviles del Hospital Kumate de Cancún, la empresa de Vanessa Vargas se convirtió en proveedora de cubrebocas para el sector salud, junto con otras empresas denominadas Soluciones Biomedical de Equipos y Reactivos, Gama Medical Peninsular, y Distribuidora de Medicamentos, que vendían los cubrebocas a precios unitarios desde 260 pesos, 168.5, 81.2 pesos un cubrebocas quirúrgico 9.71, hasta las máscaras de media cara de 2 mil 500 pesos cada una, según declaró la secretaria de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, en una entrevista que tuvo en octubre con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del estado.
El caso de la Constructora Iafer es más descarado, porque el contrato que se le dio es del 15 de julio al 31 de diciembre, por la carpa móvil del hospital Oncológico de Chetumal con 50 camas, y cuando la SESA se lo asignó no tenía registro como proveedora del gobierno del estado ni de los Servicios Estatales de Salud.
La empresa de Jorge Brizuela Guevara se dio de alta en el Padrón de Proveedores del gobierno del estado el 4 de septiembre pasado, cuando ya la carpa estaba en operación, lo cual indica que lo hizo para cumplir el requisito que le permitiera recibir el pago el negocio, que en total está pactado por 44 millones 226 mil 142 pesos.
La Constructora Iafer se dio de alta en el Padrón de Proveedores en el giro de Construcción, en las siguientes líneas: Construcción de vivienda unifamiliar; construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje; construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas; y otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
Así fue como de manera irregular ambas empresas vinculadas a Jorge Brizuela Guevara, alias “El Venezolano”, se quedaron con la jugosa tajada de más de 110 millones de pesos del arrendamiento de carpas móviles para los hospitales Jesús Kumate de Cancún y Oncológico de Chetumal, otorgado por la SESA.
Pero cuando se acerca el final del año y de los contratos firmados para este ejercicio fiscal, las empresas subcontratadas por Vanessa Vargas y Constructora Iafer para instalar las carpas han denunciado que ellas no han recibido la paga por los servicios que prestaron, los bienes que proporcionaron y los trabajos que realizaron.
Las empresas afectadas son: Ingeniería Solución Aporta; Constructora Yama; Media Tensión; Proveedor de aires acondicionados Juan Carlos Kinil; Equipamiento y Renta de Equipo Médico; Versatilidad; Infra Oxígeno (gases medicinales, tuberías, plantas de emergencia, operación); todas empresas que denuncian que, a pesar de que Vanessa Vargas Flores y Constructora Iafer ya cobraron por la renta de las carpas médicas, a ellos se les adeudan varios millones de pesos.
Desde esa inconformidad han filtrado correos electrónicos que enviaron el pasado 25 de noviembre a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), a la Secretaría de Salud (Sesa), a la administradora de la SESA, Elvia Aguillón; al mismo gobernador del estado, Carlos Joaquín González; y al titular de la Secretaría de la Contraloría, Rafael del Pozo Dergal.
Uno de correos electrónicos, del empresario Jorge Marzuca Fuentes, dueño de Versatilidad Internacional de Cooperación Oportuna, quien en fotografías y grabaciones difundidas de “El Venezolano” aparecía como su íntimo amigo, es de los que demandó en correo electrónico su paga.
En su mensaje, dirigido a la Sefiplan, a la administración de la SESA y al titular de la Contraloría, entre otros, se hace un “requerimiento de pago urgente” por las carpas hospitalarias Covid de Chetumal y de Cancún.
Les dice: “Habiendo leído que somos múltiples las empresas afectadas por la falta de pago a quienes fuimos subcontratados por las empresas asignadas para la construcción de los hospitales Covid por parte de la Secretaria de Salud de Quintana Roo / Servicios de Salud de Quintana Roo, expreso lo siguiente:
La empresa Versatilidad Internacional de Cooperación Oportuna, S.A. de C.V. también se ha visto afectada, con la misma evasión de responsabilidades, en lo que se refiere a nuestra participación para la construcción y administración del anexo al Hospital de Oncología en Chetumal, para atender pacientes con Covid, de cuya obra no hemos recibido ni un solo centavo.
Nuestra empresa fue subcontratada en el mes de abril por la persona física con actividad empresarial, Vanessa Vargas, para el proyecto de arrendamiento de las tres carpas en Cancún anexas al hospital Kumate, del cual ya existe un adeudo vencido, según contrato y adenda, de aproximadamente 14 millones de pesos.
Solicito la urgente intervención de la Secretaria de Salud, para que se realicen los pagos por parte de la empresa que tiene el contrato, con esto evitar que se cometa fraude en contra de las empresas sub contratadas”.
Otro de los correos electrónicos que llegó a medios de comunicación es de Omar Macías, de la empresa Ingeniería Solución Aporta, de la Ciudad de México, que reclama un adeudo de más de 5 millones y medio.
“Además de saludarlos me permito por este medio solicitar de la manera más atenta el pago a mi empresa Ingeniería Solución Aporta, debido a que llevamos casi 6 meses que se empezó a financiar su obra de Carpa Hospitalaria en el Hospital de Oncología en Chetumal para atender pacientes con Covid.
Se tiene por contrato vigente un compromiso de pago de $5,580,578.99IVA incluido y vencido desde el mes pasado, del cual no se ha recibido pago.
Entendemos que la constructora sigue recibiendo pagos, pero no nos han compartido pagos y se comprometieron a que no habría retrasos y pagaríancuando recibiera n los primeros pagos.
He esperado mucho y sin respuesta de su parte, pero llegó ya un momento de crisis en mi empresa y no quiero llegar al punto de tener que hacer el retiro de las carpas, de mi obra y algo legal, y esto se vuelva un tema mediático.
Tenemos un retraso de pago del proveedor de las carpas de 3 meses, del cual he comprometido pagos por mi empresa, mismo proveedor que quiere retirar las carpas por la falta de pago y compromisos no cumplidos”.
Así pues, está latente el riesgo de que las carpas de las que depende la capacidad hospitalaria para avanzar en la reapertura económica ante la pandemia del Covid sean retiradas por las empresas que realmente las colocaron, en tanto que “El Venezolano” Brizuela, mismo que presume a los cuatro vientos su cercanía con el gobernador Carlos Joaquín González, no les da la cara para pagarles las deudas que tiene con ellas.
La disponibilidad de camas es uno de los factores que permite mejorar la calificación en el semáforo epidemiológico, pero mientras nadie en el gobierno del estado hace que “El Venezolano” cumpla su compromiso, dé la cara y pague a sus proveedores.
Presumiendo su cercanía y colaboración con el gobernador Carlos Joaquín González, Jorge Brizuela Guevara alias “El Venezolano” se infiltró entre los grupos empresariales y políticos de Quintana Roo para obtener beneficios que sigue conservando hasta ahora, del cual el ejemplo es el millonario negocio de más de 110 millones de pesos de la renta de las cuatro carpas móviles de los hospitales de la SESA en Cancún y Chetumal.
Pero ya desde la campaña electoral del actual gobernador fue señalado de haber estafado a más de una decena de empresarios, a quienes les sacó fuertes sumas de dinero para apoyar la campaña de Carlos Joaquín González, con la promesa de que una vez en el poder; se les otorgarían contratos millonarios, cosa que nunca sucedió.
Además de ser perseguido por la justicia de su país, es investigado en Estados Unidos, en donde residió en el estado de La Florida, y de donde salió huyendo al parecer también por haber cometido algunos fraudes. Al llegar a México, supo rodearse de figuras poderosas de la anterior administración federal y en Quintana Roo se hizo “asesor” durante la campaña de Carlos Joaquín González, a quien “ayudó” a llegar a la gubernatura según lo que él mismo presume en los círculos que lo rodean.
Es señalado de ser uno de los principales operadores financieros del gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, y en Cancún, es conocido como principal socio del ex gobernador Joaquín Hendricks.
Esta relación sacó a relucir un supuesto aparato de espionaje, el cual es aparentemente usado para obtener información detallada de empresarios y políticos, a quienes “El Venezolano” aborda tanto de manera indirecta como directa, teniendo como base el municipio de Tulum, con la venia del alcalde Víctor Mas Tah.
Y ahora, el pasado miércoles 2 de diciembre en la madrugada, sufrió un presunto ataque armado en el tramo carretero Puerto Morelos-Cancún, que las autoridades estatales y federales supuestamente investigarán para conocer su trasfondo.
