La Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos (Anidice) denunció que en la Ciudad de México operan alrededor de 4 mil bares clandestinos, más del doble de los formales, lo cual constituye una competencia desleal para sus agremiados y, ante todo, un riesgo para quienes asisten a establecimientos que no cumplen con los requisitos mínimos de salubridad y protección civil. De acuerdo con el organismo empresarial, esta situación es propiciada por el cúmulo de dificultades con que se encuentra quien desea abrir estos tipos de negocios, percepción corroborada por cifras oficiales: en el sexenio que está por concluir, apenas siete antros, centros nocturnos o casas de apuestas se han registrado ante las instancias correspondientes.
La problemática cobró preminencia en el debate público a raíz de los escándalos del bar Black, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en cuyas inmediaciones apareció muerta una persona hace un mes y de donde hace dos semanas se desalojó a más de mil jóvenes, al menos ocho de ellos intoxicados. De acuerdo con el gobierno capitalino, muchos procesos de verificación de bares ubicados en Francisco I. Madero número 20 (domicilio del Black) y avenida Juárez números 30-32 fueron detenidos por la ex alcaldesa Sandra Cuevas, pese a que son considerados focos ultrarrojos
. En la CDMX la supervisión de dichos establecimientos recae en las alcaldías.
Es sabido que la administración de Cuevas se caracterizó por la frivolidad, la prepotencia,las fuertes sospechas de corrupción, el efectismo puesto siempre por encima de la efectividad y las constantes señales de desequilibrio mental por parte de la fallida candidata a senadora. Sin embargo, es igualmente cierto que el desorden en el funcionamiento de restaurantes y centros nocturnos rebasa al ámbito de la alcaldía Cuauhtémoc y al de la Ciudad de México, y puede afirmarse que se encuentra generalizado en el país. Como en tantos de los grandes problemas nacionales, el Poder Judicial juega un papel nefasto en la prevalencia de los bares irregulares: cuando una autoridad honesta decide poner manos a la obra y cerrar los establecimientos que incumplen las normas, los propietarios siempre encuentran un juez o una jueza dispuestos a otorgar amparos ética y jurídicamente injustificables que les permiten seguir operando. Asimismo, queda patente la verdadera función de la institucionalidad neoliberal como valedora de los poderosos y saboteadora del trabajo gubernamental cuando éste se ejerce a favor de las mayorías: los ciudadanos ni siquiera pueden conocer los nombres de los empresarios que venden bebidas alcohólicas a menores de edad y hacinan gente en instalaciones inadecuadas porque la Ley y el Instituto de Protección de Datos Personales resguardan sus identidades.
Para evitar la repetición de tragedias como la sucedida este mes en el bar Rich de San Luis Potosí, donde dos personas murieron y ocho resultaron heridas porque los dueños metieron a mil 500 personas en un espacio con aforo para 200, es imperativo que se lleve a cabo un trabajo de inteligencia con la finalidad de detectar, clausurar y cerrar de manera definitiva todos aquellos establecimientos cuya operación ponga en peligro a sus asistentes, ya sea por la falta de instalaciones adecuadas, la mala calidad de las bebidas o por su venta a adolescentes. Como queda probado por lo dicho arriba, este esfuerzo requiere también de fincar responsabilidades a funcionarios cómplices de los negocios irregulares. Los indicios de que detrás de estos giros se encuentran verdaderas mafias obligan a abordar la cuestión con un enfoque no sólo administrativo, sino también penal.
Fuente: jornada
