¿Cuándo es legítimo impedir la presentación de un candidato en elecciones dentro un régimen genuinamente democrático? Bueno, de hecho, en casi todas las democracias las personas sentenciadas por algún delito grave pierden sus derechos políticos y están impedidas de ser candidatos, pero no en Estados Unidos. Para presentarse a las elecciones, la Carta Magna estadounidense solo habla de tres condiciones explícitas: nacer nacido en el territorio nacional, tener una residencia mínima de catorce años y haber cumplido 35 años. Donald Trump cumple todos estos requisitos. No obstante, tras la acusación federal por su intento de revertir los resultados de 2020 y el posterior asalto al Capitolio hay un debate acerca de sección 3 de la Enmienda 14 de la Constitución, la cual prohíbe las candidaturas de los funcionarios quienes, habiendo jurado defender la Carta Magna, hayan pretendido socavarla participando en actos de insurrección o rebelión.
Hace unos días la Corte Suprema de Colorado declaró inelegible a Trump con base en esta enmienda. Muchos especialistas en temas jurídicos dudan muchísimo de la confirmación de esta sentencia por la Suprema Corte de Justicia, aunque también muchos afirman la pertinencia de aplicar la enmienda porque el expresidente juró defender la Constitución cuando asumió el cargo y no lo hizo. Sin embargo, más allá del aspecto jurídico, el tema representa un enorme dilema no solo para Estados Unidos sino, en general para las democracias. Trump ha asumido actitudes claramente autoritarias a lo largo de su carrera política y, sobre todo, tras su derrota en los comicios de 2020, pero su presencia política lejos de haber disminuido se está incrementando. La mayoría de los partidarios de Trump siguen creyendo el mito del fraude electoral y también consideran al Departamento de Justicia como un arma política de Biden y el Partido Demócrata. La confianza las instituciones legales entre los republicanos están en mínimos peligrosos y sí se impidiese la participación de su insólito adalid, en este momento el candidato más popular de entre quienes pretenden presentarse el año entrante, la polarización y el encono prevalecientes hoy en Estados Unidos se agravarían.
La democracia contiene el germen de su propia destrucción. Esto se sabe desde los tiempos de Platón y Aristóteles. Convertirse en el primer exmandatario en la historia del país en ser acusado penalmente no ha impedido al magnate seguir capitalizando a su favor la polarización social. Desde luego, esto no puede ser más grotesco, pero así son estos tiempos. Juega el magnate con maestría la carta del victimismo y ha hecho de sus graves líos legales con la justicia la columna vertebral de su campaña. La estrategia le está funcionando. Es un escenario surrealista y espectacular: Trump podría ser condenado hasta por 717 años de cárcel si saliera culpable de todas las imputaciones, pero decenas de millones de estadounidenses siguen creyendo ciegamente en él. Es casi como si se tratase de una secta. Ningún proceso judicial mermará esta extraña idolatría, por eso impedir su participación podría ser un desastre social.
