Esta semana se produjeron o anunciaron importantes avances en la recuperación de recursos producto de la corrupción. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, desechó de manera inapelable, por “improcedente”, el trámite con el que la defensa de Emilio Lozoya Austin pretendía revertir la extinción de dominio sobre la residencia valuada en 51 millones de pesos que el ex director de Pemex adquirió con parte de los 3.5 millones de dólares que recibió como soborno del empresario Alonso Ancira por la compra fraudulenta de Agronitrogenados.
Por otra parte, el gobierno federal logró la recuperación de 5.8 millones de dólares como parte de una red de corrupción encabezada por el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en colaboración con la familia Weinberg. Se trata de una primera recuperación derivada de operaciones corruptas del ex funcionario que generaron afectaciones por 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares, según informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
La misma UIF dio a conocer que en dos años de la actual administración federal ha incorporado a 2 mil 395 sujetos al grupo de personas bloqueadas por realizar presuntas operaciones bancarias ilícitas. Con ello, se han inmovilizado 24 mil 662 cuentas en el sistema financiero nacional, de las cuales 7 mil 861 corresponden a organizaciones del crimen organizado. Los recursos bloqueados involucran un monto global de 8 mil 670 millones de pesos. Además, la SCJN dictaminó que los jueces federales ya no pueden otorgar amparos para ordenar el desbloqueo total o inmediato de cuentas bancarias congeladas por la UIF. Debe recordarse que los togados abusaron de este recurso jurídico hasta el punto en que la esposa de García Luna obtuvo un amparo para mover dinero ilícito sólo un día después de que su marido fue condenado por narcotráfico.
Las acciones referidas representan una ínfima parte de los perjuicios causados a la nación por ex funcionarios como Lozoya Austin y García Luna. Así, los alrededor de 3 millones de dólares de la mansión incautada en la colonia Lomas de Bezares palidecen frente a los 275 millones de dólares (4 mil 684 millones de pesos, al cambio actual) que Pemex entregó a Ancira por una planta inservible por culpa de las gestiones inescrupulosas y antinacionales de Lozoya. Asimismo, los 5 millones de dólares de la fortuna mal habida de García Luna son muy poco frente a los cientos de millones que saqueó del Estado mexicano, gracias a los favores políticos que obtuvo durante el calderonato y el peñato.
Con todo, los esfuerzos de las autoridades y los primeros frutos que han rendido tienen el valor de marcar un cambio de época con respecto al paradigma neoliberal en el que la transferencia de bienes públicos a manos privadas, los negocios a expensas del Estado y el tráfico de influencias eran premiados como señales de éxito, y la impunidad estaba codificada en las leyes y en códigos cupulares mafiosos. Además, cabe destacar que la recuperación del patrimonio nacional se realiza con sentido de justicia social, como muestra la decisión de destinar los 5.8 millones de dólares de la red de corrupción de García Luna a ampliar la infraestructura educativa del nivel medio superior en la Montaña de Guerrero, una de las regiones con mayores rezagos del país.
Fuente: lajornada
