Como cada año, un puñado de líderes políticos y económicos del mundo se dan cita para llevar a cabo la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En la edición actual, la número 31, los trabajos se realizan en Turquía, acompañados de crecientes cuestionamientos sobre la poca efectividad que estas reuniones han tenido para el fortalecimiento de la política climática global.
El cambio climático incrementa cada día sus efectos en todo el mundo, ante la impotencia de una diplomacia ecológica cuyos avances no parecen llegar más allá del papel especialmente en años recientes, marcados por el protagonismo en la escena política de gobiernos conservadores y de ultraderecha que niegan los impactos de la acción humana en el calentamiento global, y han impulsado políticas generalizadas que refrendan la apuesta por la explotación y consumo de combustibles fósiles, por proyectos extractivistas y, en general, por modelos económicos lineales, no circulares. Bajo esta pauta, el mundo se encuentra cada vez más cerca del punto de no retorno establecido en los Acuerdos de París.
La crisis climática no tiene que ver sólo con temperaturas; es también una servera expresión de la desigualdad. Numerosas organizaciones y organismos internacionales han advertido, desde décadas atrás, que la contribución al cambio climático es significativamente mayor entre el sector poblacional más rico, pero los impactos afectan principalmente al sector poblacional más empobrecido.
Oxfam Internacional, en su reciente informe Desastre ¿para quién? Cómo el caos climático agrava la desigualdad y enriquece a una minoría, advierte de las magnitudes de esta desigualdad y sus efectos climáticos. Según las cifras mostradas en dicho informe, las emisiones del 0.1% más rico del mundo causan 1.9 millones de muertes adicionales debido al calor y a los numerosos efectos derivados del cambio climático, dato que evidencia la crudeza de la desigualdad económica y climática de nuestro planeta y de sus efectos directos en la vida de las personas.
En México, la crisis tiene implicaciones más severas debido a su posición geográfica, pero también porque los efectos del cambio climático vulneran a una mayor proporción de la población, debido a que nuestros índices de desigualdad son superiores al promedio global.
Así lo subraya la nota informativa elaborada por Oxfam México en el marco de la publicación del citado informe internacional, al revelar que 49% de la población en México está expuesta a fenómenos climáticos severos como inundaciones, sequías, olas de calor o ciclones, cifra que es 12 veces mayor que en países de ingresos altos; además, una de cada cinco personas se encuentra en riesgo climático, proporción 14 veces mayor que la de países con ingresos altos. Asimismo, el 0.1% más rico del país es responsable de un volumen de emisiones equivalente a las del 40% más empobrecido y, su ritmo de emisiones se ha cuadruplicado entre 1990 y 2022.
Dicho de otro modo, en México, una persona que pertenece al 0.1% más rico emite 67 veces más dióxido de carbono a la atmósfera que una persona promedio; asimismo, el informe revela que los ultrarricos mexicanos emiten mayores cantidades de contaminantes que sus pares europeos y de los países de la OCDE. Para ilustrar la magnitud de la desigualdad en México, el informe ilustra que tan sólo Carlos Slim y Germán Larrea son responsables de 43.07% de las emisiones del 0.1% más rico del país. Mientras tanto, el 10% más empobrecido de México emite menores contaminantes que el 10% más empobrecido de Asia occidental y el norte de África.
La COP31 debe asumir con determinación en sus resoluciones que, como se revela más claramente en cada edición, el nudo de la crisis climática se encuentra en los más ricos y en los gobiernos, por lo cual, no existirá una acción climática eficaz sin una justicia económica que redistribuya la riqueza.
A contraflujo de las alternativas que han encontrado en la acción climática y el greenwashing un mecanismo para lucrar con la crisis e incrementar sus ganancias con falsas soluciones, los gobiernos deben implementar políticas fiscales que reduzcan la concentración de la riqueza y la redirijan a la acción climática, apuntalar la priorización presupuestal de alternativas climáticas efectivas y fortalecer los marcos normativos y de planeación para la atención de la crisis con perspectiva interseccional y de desigualdades, tal como lo propone Oxfam.
Ante la intensidad extraordinaria del fenómeno de El Niño de este año, se teme que el 2027 sea el más caluroso en la historia de nuestro país. Oxfam México advierte que de no asumir el riesgo climático particular que corre nuestro país, se ponen en riesgo los avances recientes conseguidos en la reducción de la pobreza. Espacios como COP31 deben ser clave para establecer acuerdos para que los responsables de las emisiones paguen por sus daños y para que países tan vulnerables como el nuestro avancen progresivamente hacia el fortalecimiento de una política transversal en materia de justicia climática.
Fuente: lajornada
