La autoridad judicial definirá en los próximos días si los imputados son vinculados a proceso.
Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó este domingo que un Juez dictó prisión preventiva contra el exgobernador de Baja California (BC), Ernesto Ruffo Appel, y otras siete personas señaladas por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando, derivados de una investigación sobre una presunta red dedicada al tráfico ilegal de hidrocarburos.
De acuerdo con la institución, cinco de los imputados —entre ellos Ruffo Appel— permanecerán recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 Altiplano, en el Estado de México (Edomex). Otros dos cumplirán la medida cautelar en prisión domiciliaria por motivos de salud, mientras que una mujer será internada en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Nezahualcóyotl Sur.
A través de un comunicado, la FGR detalló que dicha resolución se alcanzó luego de una audiencia inicial que se prolongó por más de un día, durante la cual el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó cerca de un centenar de datos de prueba para sustentar la imputación contra Ernesto Ruffo Appel, Ricardo «N», José María «N», Guillermo «N», Juan «N», Luis «N», Adriana «N» y José «N».
Ruffo Appel es trasladado al penal del Altiplano
Luego de que concluyera la audiencia, Ernesto Ruffo Appel fue trasladado a bordo de un vehículo blindado tipo Rhino, operado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), desde la sede de la FEMDO hasta el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México (Edomex).
El convoy que llevó al exgobernador panista hasta la prisión salió alrededor de las 9:30 horas de este domingo de las instalaciones de la Fiscalía, localizadas en la colonia Guerrero de la Alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México (CdMx), con rumbo al penal en la entidad mexiquense.
Durante el traslado, el vehículo que transportó a Ruffo Appel junto a cuatro de sus presuntos cómplices de la red de huachicol fiscal que operó su empresa, identificados como Ricardo «N», José «N», Juan «N» y Luis «N», estuvo fuertemente custodiado por un dispositivo de seguridad que incluyó a elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la SSPC.
Tras un viaje que duró aproximadamente una hora y media, alrededor de las 11:00 horas del domingo, el convoy que trasladó al exmandatario panista arribó a las instalaciones del Cefereso número 1 Altiplano.
El vehículo blindado en el que fueron llevados el exgobernador de Baja California y otros cuatro hombres ingresó a las instalaciones de la prisión.
Ernesto Ruffo Appel y los cuatro sujetos señalados como sus presuntos cómplices permanecerán recluidos en el penal del «Altiplano» mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra por su presunta responsabilidad en la operación de un entramado de contrabando de combustible.
En tanto, José María «N» y Guillermo «N» enfrentarán el proceso desde sus domicilios debido a problemas de salud, mientras que Adriana «N» fue enviada al Cereso Nezahualcóyotl Sur.
Cabe destacar que, al término de la audiencia, la defensa de los ocho imputados solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será en los próximos días cuando el órgano jurisdiccional determine si son vinculados o no a proceso.
La investigación apunta a una red de contrabando
Las detenciones fueron resultado de un operativo realizado en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, derivado de una investigación de alta complejidad sobre operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.
La indagatoria sostiene que los imputados habrían participado en un esquema de contrabando de hidrocarburos que consistía en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas ante las aduanas.
Según la Fiscalía, en algunos casos se reportaban volúmenes menores a los realmente transportados o se declaraba la mercancía como si se tratara de otros productos para evadir el pago de impuestos, lo cual generó pérdidas económicas para el Estado mexicano y, al mismo tiempo, representó una fuente de financiamiento para organizaciones criminales.
A través de su comunicado, la FGR recordó que todas las personas imputadas gozan de la presunción de inocencia y que su responsabilidad penal sólo podrá establecerse mediante una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
Fuente: sinembargo
