No se trata de negar que las redes sociales tengan efectos nocivos. Sería absurdo
Entre proteger a los menores de las redes sociales y controlar lo que una sociedad puede ver, decir o compartir hay una diferencia enorme. El problema es que, una vez que un gobierno adquiere las herramientas para hacer lo primero, nada garantiza que mañana no quiera utilizarlas para lo segundo.
La frontera puede parecer muy clara en el papel. En la práctica, no siempre lo es.
Australia fue el primer país en establecer una restricción general para que los menores de 16 años no puedan mantener cuentas en determinadas plataformas sociales. La medida entró en vigor en diciembre de 2025 y obliga a las plataformas a tomar medidas razonables para impedir que los menores de esa edad abran o conserven cuentas. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X, Reddit y otras plataformas están incluidas en el esquema. La intención es difícil de objetar: proteger a niños y adolescentes de contenidos dañinos, de la explotación comercial de sus datos, del acoso y de los efectos potencialmente perjudiciales de una exposición excesiva a las redes.
Las dificultades, sin embargo, se originan desde cuestiones tipo esta: ¿cómo sabe una plataforma quién tiene 15 años y quién tiene 25? Ahí aparece la tecnología de verificación de edad. Y con ella, una discusión que ya no es exclusivamente sobre niños.
En Reino Unido, la legislación de seguridad digital ha llevado a las plataformas a implementar mecanismos cada vez más sofisticados para comprobar la edad de sus usuarios y restringir el acceso de menores a contenidos considerados dañinos. La autoridad reguladora, Ofcom, admite distintos métodos de verificación, entre ellos la identificación fotográfica y otros sistemas de comprobación. El gobierno británico, además, ha anunciado su intención de avanzar hacia restricciones para menores de 16 años en redes sociales.
La lógica es razonable: si queremos proteger a los menores, debemos saber quién es menor.
Pero entonces aparece otra pregunta, bastante menos cómoda: ¿Y quién sabe quiénes somos todos los demás?
Porque una cosa es proteger a un niño de un contenido nocivo y otra muy distinta construir un sistema capaz de identificar, clasificar y rastrear a cada persona que entra a una plataforma.
La primera puede ser una política pública sensata. La segunda puede convertirse en otra cosa.
Y aquí conviene mirar al mundo. Lo hago en esta columna:
En las democracias occidentales, la discusión gira alrededor de la PROTECCIÓN infantil, la PRIVACIDAD y la RESPONSABILIDAD de las grandes plataformas tecnológicas. En los regímenes autoritarios, la conversación es radicalmente distinta: quién puede acceder a internet, qué puede leer, qué puede publicar y qué puede decir sin consecuencias.
China bloquea buena parte de las grandes plataformas occidentales y ha desarrollado uno de los sistemas de control digital más sofisticados del planeta. En Corea del Norte, el acceso de la población general a internet global está extraordinariamente restringido. En Rusia, el gobierno ha endurecido el control sobre plataformas extranjeras, contenidos y herramientas de evasión, al tiempo que ha ampliado la presión legal sobre la expresión digital. En Cuba, el control ha llegado a otro nivel: el Estado controla la infraestructura de telecomunicaciones y, en momentos de protesta, las autoridades han restringido o interrumpido las comunicaciones. Durante las protestas de 2021 fueron bloqueadas plataformas y herramientas de comunicación, mientras que en años posteriores se han documentado interrupciones o ralentizaciones coincidentes con manifestaciones y movilizaciones. (Freedom House)
La diferencia fundamental está ahí. Una democracia puede discutir cómo proteger a un menor de un algoritmo. Una dictadura decide qué puede ver un adulto.
Una democracia puede exigir a una plataforma que impida a un adolescente acceder a determinado contenido. Una dictadura puede decidir que una crítica al gobierno es, por definición, contenido peligroso.
La primera busca regular un riesgo. La segunda busca administrar la libertad.
Claramente, no son lo mismo. Y, sin embargo, utilizan herramientas que pueden parecerse…
Verificación de edad. Identificación del usuario. Monitoreo de contenidos. Algoritmos de detección. Bloqueo de cuentas. Retiro de publicaciones. Intervención de plataformas. Vigilancia de comunicaciones. Todo eso puede utilizarse para proteger. Todo eso también puede utilizarse para controlar.
Ahí está el verdadero debate que debería preocuparnos en todas o casi todas las sociedades del mundo.
No se trata de negar que las redes sociales tengan efectos nocivos. Sería absurdo. Tampoco de ignorar que niños y adolescentes requieren una protección especial frente a contenidos violentos, pornográficos o autodestructivos, ni frente a mecanismos diseñados para mantenerlos conectados el mayor tiempo posible.
Australia y Reino Unido están experimentando con distintas formas de hacerlo. El tiempo dirá si sus políticas consiguen mejorar realmente la salud mental y la convivencia de los menores o si, como ocurre con tantas prohibiciones, terminan generando nuevas formas de evasión. Que quede claro: aún NO existe un veredicto serio al respecto.
En Australia, por ejemplo, ya se ha observado que el debate sobre la eficacia de las restricciones pasa necesariamente por la capacidad de los menores para intentar sortearlas. Lo que todavía no sabemos es si estas políticas producirán una generación más sana y menos dependiente de las pantallas.
Lo que SÍ sabemos es que la regulación digital no es políticamente neutra. En Reino Unido, Ofcom reportó recientemente que los sistemas de comprobación de edad se están extendiendo rápidamente y que, cuando funcionan correctamente, pueden ser eficaces para impedir que menores accedan a determinados contenidos. Pero la propia autoridad reconoce que la eficacia tecnológica debe convivir con obligaciones de privacidad y protección de datos. Es decir: proteger a los menores no elimina el problema de proteger también a los adultos de una vigilancia excesiva. (www.ofcom.org.uk)
Ese es el punto delicado.
Una sociedad puede aceptar que el Estado regule determinados contenidos para proteger a los menores. Lo que no debería aceptar sin una discusión profunda es que, bajo esa misma justificación, se construya una INFRAESTRUCTURA de vigilancia que después pueda utilizarse para fines completamente distintos.
La historia enseña que las herramientas creadas para una emergencia suelen sobrevivir a la emergencia. Y las herramientas creadas para proteger a los niños pueden terminar siendo demasiado útiles para controlar a los adultos.
El riesgo no está solamente en la ley que se aprueba hoy. Está en la posibilidad de que mañana llegue otro gobierno, con otras intenciones, y descubra que ya tiene en sus manos el mecanismo perfecto para saber quién dijo qué, quién lo leyó, quién lo compartió y quién merece ser silenciado.
La tentación existe en todas partes. La diferencia es que en una democracia existen contrapesos para impedirla. O deberían existir.
Los países autoritarios, en cambio, no necesitan explicar demasiado. Allí la censura suele llegar disfrazada de seguridad nacional, estabilidad social, protección frente a la desinformación o defensa de la moral pública. El resultado es conocido: menos información independiente, más vigilancia y ciudadanos que aprenden a autocensurarse antes de que alguien tenga que censurarlos.
En las democracias, el peligro es más sutil. No llega necesariamente con la palabra censura. Puede llegar hablando de protección. De seguridad. De bienestar. De salud mental. De nuestros hijos. Y nadie podría estar en contra de proteger a los niños.
Precisamente por eso hay que tener cuidado. Proteger a los menores no debe convertirse en la coartada perfecta para construir un sistema capaz de controlar a los adultos.
Porque entre cuidar a las audiencias y controlarlas existe una línea. Y una vez que un gobierno aprende a cruzarla, lo verdaderamente difícil no es entrar, sino volver a salir.
POR VERÓNICA MALO GUZMÁN
Fuente: Heraldo de México
