Los datos son elocuentes. El 29 de abril, una corte del Distrito Sur de Nueva York señaló a Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses
Hay episodios que no cuentan una anécdota, sino que exhiben una radiografía completa. Lo ocurrido con Rubén Rocha Moya en Sinaloa es exactamente eso: la podredumbre de un proyecto político dejando al descubierto el cuerpo decrépito de un sistema construido sobre principios mentirosos y sostenido por un liderazgo que gobierna desde el resentimiento y el odio, no desde la ley ni la evidencia.
Los datos son elocuentes. El 29 de abril, una corte del Distrito Sur de Nueva York señaló a Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, por presuntos vínculos con Los Chapitos a cambio de respaldo político en la elección de 2021.
El 1 de mayo pidió licencia. Ciento doce días después, el viernes 21 de agosto, regresó alegando que la Fiscalía no halló elementos en su contra. Poco más de treinta horas después la solicitó de nuevo, ya indefinida. Entre septiembre de 2024 y agosto de 2026, según la propia Coparmex estatal, Sinaloa perdió más de cinco mil empresas y veintisiete mil empleos: el costo real de gobernar bajo sospecha.
Esto no es un tropiezo aislado. Es, como bien lo ha señalado el presidente nacional Del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, la cara visible de un patrón que ya alcanza a otros gobiernos estatales de Morena, de Baja California a Tamaulipas, también señalados por autoridades de Estados Unidos. Cuando el patrón se repite en distintos estados con el mismo membrete partidista, ya no se puede hablar de casos aislados: se habla de un modelo.
Por eso, desde el PRI seguiremos exigiendo, sin descanso, que Rocha Moya sea procesado conforme a derecho, aquí o donde la justicia estadounidense lo requiera. Y exigimos, con la misma firmeza, que el gobierno de Claudia Sheinbaum deje de tratar cada escándalo como un asunto ajeno: encubrir con silencio también es una forma de complicidad. Llamar «decisión personal» a una imputación por narcotráfico no exonera al Estado mexicano de investigar ni de rendir cuentas.
La próxima semana arranca un nuevo periodo de sesiones, y desde la Cámara de Diputados el PRI seguirá señalando estos excesos, uno por uno. No pedimos venganza: pedimos que la ley pese igual para todos, que la justicia deje de usarse como instrumento de presión política para perseguir opositores, críticos, periodistas y activistas; los mismos que hoy documentan cada exceso de este poder.
Mientras a un gobernador señalado por narcotráfico se le permite entrar y salir del cargo con un simple oficio, a quien denuncia se le persigue y se le señala por sospechoso desde el poder.
El patrón alcanza también al Poder Judicial. Mientras el gobierno federal incumple los plazos que le fijó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para responder por los jueces destituidos con la reforma judicial, la propia Corte Interamericana ya analiza, en fase de supervisión, si esa reforma es compatible con las obligaciones internacionales de México.
Un régimen que no sostiene ni la independencia de sus jueces ni la legalidad de sus gobernadores no tiene autoridad moral para hablar de justicia y menos si sus triunfos electorales están marcados por el apoyo y financiamiento criminal.
La verdad, tarde o temprano, deja de caber en un comunicado. Y cuando eso ocurre, lo que queda expuesto es un grotesco sistema de un poder putrefacto que aspira a mantenerse en el poder como un zombi. Pero caerán con la valentía de millones de mexicanos y el poder de sus votos.
POR LORENA PIÑÓN RIVERA/ HERALDO DE MEXICO
